No más abusos en convenciones colectivas

Editorial

Las convenciones colectivas se convirtieron en una herramienta para alcahuetear y mantener los privilegios a unos pocos dentro del sector público, además es imposible no pensar que son desproporcionadas considerando la realidad que vive el país.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) -que no refina ni una gota de combustible desde 2011- anunció con bombos y platillos el pasado mes de febrero los acuerdos alcanzados con su convención colectiva.
Sin embargo, pese a las observaciones efectuadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la institución se hizo de oídos sordos y no implementó ni una de las sugerencias en relación con 44 artículos del documento acordado con el Sindicato de Trabajadores Químicos, Petroleros y Afines (Sitrapequia).
La convención colectiva le costará al país ¢46.119 millones en los próximos tres años, es decir, un promedio anual de ¢15.376 millones. Si bien es cierto se intentó hacer un esfuerzo por contener el gasto, tal y como las autoridades trataron de focalizarse en la conferencia de prensa, lo cierto es que la cifra se mantiene muy elevada y privilegios que se deberían quitar los dejaron vigentes.
Algunos de esos beneficios desproporcionados son la posibilidad del pago de guardería y gastos médicos como ginecología, examen antígeno prostático y pagos de servicios odontológicos.
Muy fácil para Alejandro Muñoz, señor presidente de Recope, salir diciendo que la medida se aplica para las mujeres que ganan ¢750.000 o menos, las cuales representan alrededor de 130 y que no todas lo requieren. Pero recuérdese que otras costarricenses en condición de pobreza deben pulsearla para acceder a este beneficio de salud, mientras que a unas privilegiadas se les da en bandeja de plata y a un alto costo para el resto de ciudadanos, lo cual no es de recibo.
Es muy lamentable que el señor Muñoz se preste a decir: no es un gasto muy grande. Porque todos los rubros de este tipo no son más de ¢10 millones. Cualquier esfuerzo por contener el gasto en momentos en que el país atraviesa una crisis fiscal es bienvenido y a esos ¢10 millones se les puede dar a otra utilidad que no sea alcahuetear gollerías.
Los esfuerzos fiscales y solidarios no pueden esperar, pero todo parece indicar que al jerarca ejecutivo de Recope poco le interesan esos valores, y menos aún las críticas, para implementar las acciones que le corresponden, o bien, como en este caso, se le recomiendan desde el MTSS.
Prueba de ello fue cuando en la conferencia de prensa donde se hizo la presentación oficial de la convención colectiva, el pasado 10 de febrero, dijo que su salario de ¢3,6 millones “no era competitivo”, en comparación con el de otros jerarcas.
Así como lo lee. Un salario de ¢3,6 millones no es competitivo. Eso denota una verdadera falta de respeto para quienes producto de la pandemia por el Covid-19 debieron afrontar las secuelas económicas de hambre y que tuvieron que raspar la olla para llevar el sustento de sus hogares.
El mejor predicador es aquel que lo hace con su ejemplo. Todo lo contrario al jerarca de Recope, que había pedido que para enero y febrero de 2021 no le rebajaran el 15% del aporte solidario de su salario. Posteriormente, Presidencia comunicó que Alejandro Muñoz aportaría el 25%, pero luego de que se hiciera público que no se hizo el aporte a un salario de ¢3,6 millones.
Cuando se empezó a manejar las negociaciones entre Recope y los trabajadores todo lo comenzaron a manejar bajo secreto, lo cual resulta es pecado capital dentro de una sociedad que merece transparencia y una efectiva rendición de cuentas.
La situación refleja un abuso más dentro de las convenciones colectivas que se hacen en una institución que ya perdió cualquier tono de credibilidad, especialmente, porque a pesar de que la convención colectiva le cuesta al país eso, un porcentaje se deriva del costo de los combustibles.
El costo global del convenio representa un monto de ¢3,5 por litro. En la actualidad, la convención representa ¢5,3 por cada litro que consigue el consumidor. Ahora entendemos sobre por qué la gasolina en el resto del mundo baja y solo en Costa Rica nos damos el tupé de tener los hidrocarburos más caros de la región como si fuéramos un país de ricos.
No es justo que los costarricenses estén pagando de su bolsillo para seguir alcahueteando privilegios que van en exceso y si bien es cierto las autoridades se jactan de que están conteniendo el gasto, los aumentos en la gasolina nos evidencian todo lo contrario.
No es que respeten los acuerdos de convención colectiva, es que dichos acuerdos deben estar acordes con la realidad fiscal del país y en eso nos quedaron debiendo y mucho.