La Sala Constitucional estudia si la directora de Migración, Raquel Vargas, incumplió una sentencia dictada por los magistrados donde le ordenaban atender a un usuario, al que le dieron una cita para un trámite sencillo en un plazo de cuatro meses, bajo la justificación de la pandemia por el Covid-19.
El usuario de apellido García notificó a la Sala que, a pesar de la condena, Migración no lo había atendido, por lo que procedió a presentar la acción por desobediencia.
Este viernes, la Oficina de Prensa de la Sala IV confirmó que se encuentran estudiando los alegatos de Migración. Una vez estudiados procederán a tomar una decisión.
Eso sí, la Sala IV advirtió a Vargas que de corroborarse la desobediencia por parte de la institución que representa “se podrá ordenar al superior jerárquico la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto”.
Además, se podría ordenar al Ministerio Público abrir una causa por la eventual comisión del delito de desobediencia.
Hay que recordar que según el artículo 314 del Código Penal, por ese delito se puede imponer prisión “de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención”.
SE SACUDEN
Al respecto, la Dirección de Migración por medio de su Oficina de Prensa se sacudió ante la denuncia del usuario de apellido García.
“Es importante tomar en consideración que el Estado debe velar por la seguridad integral de sus habitantes, los derechos fundamentales a la vida, la salud de las personas y el bienestar de la población, son de interés público, y que en caso de conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal, incluyendo las normas que regulan la materia migratoria”, indicaron.
Agregan: “En este caso, la revisión de expedientes es un trámite, que es igual a otros que se realizan en la institución, y por eso se requiere darle el mismo trato en igualdad de condiciones”.
Añaden: “No debemos perder de vista que la pandemia continua, así que la flexibilización de diversas medidas administrativas no implica un regreso a la normalidad previa a la pandemia. El riesgo de contagio continúa, las personas se siguen enfermando y las medidas sanitarias deben de seguirse respetando. Parte de esas medidas precisamente repercuten en la prestación de los servicios públicos, y en particular en los que brinda la Dirección General de Migración y Extranjería, adonde acuden bastantes personas lo que exige control estricto y diversos protocolos de atención, entre los cuales se destaca un aforo razonable, para prevenir hacinamiento y contacto social, que en esta época resulta peligroso para la salud pública”.
Continuó: “En ese sentido, las citas que otorga esta Dirección General se han extendido en el tiempo, en virtud de que no es posible atender a todos los usuarios en un periodo corto de tiempo. Únicamente es posible la atención en nuestra Plataforma de Servicios de alrededor de 115 personas diarias aproximadamente”.
Concluyen: “Se aclara que el otorgamiento de las citas, no depende de la voluntad o discrecionalidad de la Dirección General. Estamos sujetos por ley a respetar los lineamientos que en materia de salud pública establece el Ministerio de Salud, pues de lo contrario incumpliríamos nuestros deberes como servidores públicos, sin dejar de lado que estaríamos también afectando el interés público en general y los bienes jurídicos de la vida y el bienestar de las personas consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política”.
CASO
Sobre el caso en cuestión, dado a conocer por DIARIO EXTRA, García alegó que el 20 de febrero del 2021 ingresó a la página web de Migración para sacar una cita con el objetivo de revisar su expediente, sin embargo, le fue imposible.
La plataforma le indicaba a García que, para los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2021 “no había horarios disponibles para la fecha seleccionada”.
Acto seguido, García procedió a llamar al call center 1311 para solicitar la cita, pero al final se la dieron para el 4 de junio del 2021.
El usuario alegó que el tiempo en espera para una simple revisión de un expediente era desproporcionado y lesionaba sus derechos fundamentales.
PERIODISTA: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Lunes 03 de Mayo, 2021
HORA: 12:00 AM
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