Intimidad de ticos en peligro

Editorial

La situación por el Covid-19 es complicada, pero más grave aún las intenciones del Ministerio de Salud de facultar los allanamientos en terreno privado invadiendo la intimidad de los costarricenses.
Salud estaría presentando en conjunto con el Ministerio de la Presidencia un proyecto que pretende reformar el artículo 347 de la Ley General de Salud.
El ministro Daniel Salas argumentó que actualmente el artículo faculta a la institución ante las autoridades judiciales de pedir una solicitud de allanamiento si el dueño del lugar se niega a dar acceso para verificar las denuncias de fiestas.
Las autoridades de Salud lo que contemplan es tener una respuesta más ágil y mucho más rápida para proceder a los allanamientos en menor tiempo.
Como a cualquier solicitud de este gobierno, se le debe tener un sumo cuidado porque cada buena intención se termina transformando en un fuerte abuso de autoridad o en un intento por violentar la imagen del pueblo costarricense.
El Ejecutivo necesita intervenir y tomar las medidas sin restringir el derecho que los ticos gozan, como el de la libertad de tránsito que ya se ha visto vulnerado y atropellado a diestra y siniestra. Aparte de eso, ahora se quieren meter a las propiedades y todo parece indicar que de forma antojadiza.
Suficiente miedo tienen ya los ciudadanos al ver que los casos van en aumento como para que Daniel Salas, el Ministerio de Salud y el de la Presidencia se apunten a que haya más temor en la población a tal punto que la salud emocional de muchos se vea golpeada.
Desde el inicio de la pandemia se alertó el abuso de las autoridades ante el manejo antojadizo de este tema y también se dijo que iban a aprovecharse para manipular como un títere a la ciudadanía. Sin embargo, ya el tico está más informado y casi no cree en cuentos chinos.
Hay que poner atención a lo que dijo Fabián Volio, abogado constitucionalista: no se puede admitir que exista un allanamiento de la propiedad privada solo con la decisión unilateral de una autoridad administrativa.
El abogado manifestó que siempre tiene que haber una intervención de un juez que produzca una orden de allanamiento escrita, la cual defina en qué sitio se hará, en qué horario y los funcionarios que la llevarán a cabo.
Esto con el fin de evitar escenarios de otros países. Aseguró que, en esos casos, la policía bota la puerta de la casa, se lleva arrestadas a personas y nadie sabe quién hizo el allanamiento o con cuál autorización o vehículos se realizó.
Habrá que ver muy bien el planteamiento de las autoridades porque esas cortinas de humo lejos de contribuir a una mejora sustancial de confianza, que esta administración la ha perdido, más bien generan más dudas y cuestionamientos al respecto.
Cada ciudadano es consciente de lo que se vive actualmente y querer entrar a la fuerza a una propiedad privada evidencia un problema más de esta administración.
Ya es suficiente: con la UPAD y el registro del Bono Proteger el gobierno tuvo acceso a los datos sensibles de la población, y es inentendible que ahora quieran invadir los terrenos.
Las autoridades deben brindar las explicaciones y de verdad tener mucho cuidado con las medidas en media pandemia.