La situación financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) representa un riesgo para la estabilidad de las finanzas públicas.
Así se desprende del informe denominado “Marco Fiscal de Mediano Plazo para los años 2021-2025”, publicado este martes por el Ministerio de Hacienda.
Se dice que las empresas públicas no financieras deben ser parte de cualquier análisis integral de las finanzas estatales, tema que cobra relevancia al considerar que una parte importante de esta deuda cuenta con garantía tanto implícita como explícita por parte del gobierno y, por lo tanto, es un pasivo contingente que bajo ciertos escenarios adversos internos y externos tendría que ser asumido por el Ejecutivo ante una posible quiebra.
El informe que inicia con la firma del ministro de Hacienda, Elián Villegas, establece que el gobierno no se ha visto obligado a activar esta cobertura de empresas estatales últimamente, pero ahora existe un riesgo de que estas caigan en lo que se conoce como una condición de “impago”.
Con ello, existe la probabilidad de que tenga que absorber los compromisos financieros de esas instituciones. En este comportamiento podría influir la actual crisis por Covid-19, la reducción en consumo de servicios y la presión por la baja en tarifas.
Del total de transferencias financieras realizadas durante 2019, más del 36% se concentra en esas cuatro empresas. Estas también agrupan más del 94% de deuda total registrada al cierre de 2019.
NO TIENEN ESTRATEGIA DE DEUDA
El Ministerio de Hacienda aplicó un análisis y encontró que el 48,5% de la cartera de deuda total de las empresas públicas no financieras vence en menos de cinco años.
Ello significa que deben contar con la liquidez requerida y eventualmente necesitar del refinanciamiento a las tasas vigentes a la hora de su vencimiento, lo cual podría incrementar sus costos por intereses.
Asimismo, del total del portafolio, el 58,2% fue pactado a tasa variable, por lo que un eventual incremento en las tasas impactará negativamente el pago del servicio de deuda.
De igual modo, se podría dar una posible afectación ante variaciones abruptas del tipo de cambio, debido a que el 69,7% de la estructura de la deuda de esas compañías está denominada en moneda extranjera, siendo que la mayoría de sus ingresos está pactada en colones.
Lo más preocupante es que la mayoría de las empresas públicas no financieras no cuenta con una estrategia de endeudamiento de mediano y largo plazo que permita orientar la toma de decisiones en materia de deuda, y la contratación de crédito se rige más por un criterio de oportunidad, así como el impacto en el corto plazo.
Hacienda destaca que, de las cuatro empresas analizadas, tres de ellas presentaron pérdidas durante 2019 y ninguna observa una mejora en sus ingresos en ese periodo.
HISTORIA DE JAPDEVA SE REPETIRÍA
El gobierno no duda que lo ocurrido hace dos años justamente con la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) se repita con otras instituciones.
“Ya para 2019 fue necesario cubrir necesidades financieras para facilitar su reestructuración y liquidación de personal ante la caída de ingresos y competencia que supone la Terminal de Contenedores de Moín, con una transferencia de ¢21.990 millones”, destaca el documento.
Cita además que habría debilidades en la identificación de actividades y zonas prioritarias para el direccionamiento de los recursos de la Gerencia de Administración de Desarrollo, limitando su alcance y potencial.
“La poca disponibilidad e insuficiencia de mecanismos de acceso a la información de programas y proyectos de desarrollo limita la rendición de cuentas y la participación ciudadana”, establece el informe.
ICE NO PINTA BIEN
Por otra parte, el texto menciona que la Contraloría General de la República ha señalado en diferentes análisis realizados a empresas públicas que el panorama del Grupo ICE no es positivo, al considerar los negocios en los que incurre la entidad que resultan ruinosos para esta.
“Asimismo, dada la protección de información de la que goza el ICE para el sector telecomunicaciones, no existe un claro conocimiento sobre la problemática o riesgos que enfrenta cada una de las empresas, lo cual a su vez implica un riesgo en sí mismo”, indicó Hacienda.
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) es otra de las entidades que según este análisis están obligadas a mejorar sus indicadores de eficiencia operativa.
El objetivo de este informe es generar una alerta oportuna en la toma de acciones para la gestión de los riesgos a los que se encuentran expuestas esas empresas y por ende el Estado costarricense.
Al cierre del 2010 la relación deuda-PIB de las empresas públicas no financieras era 5,7% del PIB, no obstante 2019 cerró en 8,1% del PIB, es decir que en nueve años se incrementó en 2,4 puntos porcentuales.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Miércoles 28 de Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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