Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), podría tener que sentarse en el banquillo de los acusados luego de que la Fiscalía pidiera al Juzgado Penal de San José elevar a juicio el caso que se le sigue por señalamientos de aparente instigación política, así se dio a conocer este lunes.
La denuncia en contra de Vargas la presentó el Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, la abogada penalista Gloria Navas y el abogado Rubén Hernández, entre sus alegatos figura el aparente peligro al que se expone la ciudadanía costarricense con este tipo de movimientos a los que convoca Vargas.
Según Rafael Mora, asesor político y encargado de la Unidad Política de la ANEP, la acusación que se hace en contra del secretario general de la agrupación sindical data del año 2019, cuando efectuaron una reunión sindical en el auditorio episcopal; momento en el que discutían una serie de movimientos de huelgas que en apariencia llevarían a cabo.
“Lo acusan por defender a los que menos tienen, por ser una voz entre tanto silencio, entre tanta situación de irregularidad que hay en el país, pues don Albino está siendo sentenciado por ser la voz de la gente que no la tiene” destacó.
Asimismo, Mora alegó que alguno de los participantes en dicha conferencia grabó y compartió un video en el que se anunciaban bloqueos de fronteras y vías nacionales en todo el territorio nacional.
Para el asesor político del grupo sindical, los temas que trataban en ese momento hacían referencia a la mesa social multisectorial que enfrentaba el país.
De momento, el caso está la espera de que la jueza de dicho tribunal dictamine si se eleva a juicio o no, para lo cual dispone de dos semanas.
CONFABULACIÓN
DIARIO EXTRA conversó con Albino Vargas minutos después de salir de los Tribunales de Justicia, el sindicalista dijo sentirse tranquilo ante el proceso, que aprovechó para calificar como una confabulación en su contra.
“Me parece que si la Procuraduría está metida en esto es porque hay una orden de Carlos Alvarado Quesada. Recordemos que la Procuraduría responde a Casa Presidencial y que el Ministerio Público también se metió en esto, por lo que si hay una confabulación política de más alto nivel para silenciar a Albino Vargas Barrantes, pero no lo conseguirán”, puntualizó el líder sindical.
Asimismo, Vargas indicó haber hablado de forma directa con la jueza que presidía el tribunal que ve la acusación elevada en su contra.
“Yo le dije a la señora jueza viéndola a la cara que esto era un juicio político, que la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y este grupo acusador se articularon”, afirmó Vargas.
El secretario de la ANEP también señaló haber rechazado los cargos que se le achacan, su argumento es que no cometió ninguna falta contra la Constitución Política.
“Están compartiendo pruebas, rechacé totalmente que nosotros pretendamos hacer subversión de la Constitución, porque ella me acusa de que yo pongo en peligro la Constitución de 1949, cuando es todo lo contario, somos defensores de la Constitución”, razonó.
El secretario general de ANEP se sacude y sostiene que su labor de defensa de los sectores laborales es totalmente lo opuesto a lo que le recriminan
“Expliqué todas las razones que han animado nuestras luchas todos estos años: la defensa del estado social, la defensa del salario, la defensa de los derechos humanos. Pedí a la señora jueza que desestime esta acusación que no tiene ni pies ni cabeza”, acotó Vargas.
Sin embargo, el representante de la ANEP argumentó que respetarán los criterios que la jueza dicte en los próximos días.
“Si ella decide elevar esto a juicio, también vamos a asumirlo con altivez, con transparencia, con seguridad, con convicción que estamos del lado correcto de la historia en este momento”, sentenció Vargas.
ACUSACIÓN INJUSTA
El defensor de Vargas, Rodrigo Rosales, dio declaraciones a El Periódico de Más Venta en Costa Rica minutos después de dicha audiencia, donde se mostró seguro ante el reto que tienen al frente.
“Muy positivo, en realidad la defensa técnica se aboca a establecer la inexistencia de una conducta criminal por parte de don Albino Vargas Barrantes. Las manifestaciones que hace, las hace en un ejercicio legítimo de un derecho de expresarse consagrado constitucionalmente, consagrado en la Comisión de Derechos Humanos, y bajo ninguna circunstancia con la intención de determinar a persona alguna a que cometa un acto contrario de derecho”, afirmó Rosales.
Según la defensa, esperan aclarar los hechos por los que se está juzgando a Albino y fue explícito en mencionar al Ministerio Público como un enemigo.
“El Ministerio Público no ha podido establecer ni acreditar una conducta y adicionalmente a lo que observo. Es que aquí estamos en un derecho penal del enemigo, donde este tiene que ser tratado de una manera distinta con un derecho penal distinto, es lo que nosotros percibimos”, citó.
Para Rosales, la actuación de las autoridades es arbitraria y tiene como único afán silenciar a su representado, que, a su criterio, lo único que hace servir de voz para aquellos que no la tienen.
“Se pretende dar un trato distinto al del ciudadano común para simplemente amordazarlo, callarlo, pero estas son las voces que hay que escuchar y no necesariamente porque piensen distinto son autores de hechos delictivos”, criticó.
Rosales espera que en los próximos días se conozca el resultado de la audiencia que catalogó como injusta ante una persona que quiere manifestarse.
“No solo injusta, sino que no configura los elementos propios de una tipicidad ni de una jurídica, lo único que pretende desde la óptica mía como abogado, es amordazar una persona para que no ejerza ese derecho constitucional de manifestarse”, agregó.
PASÓ EL LÍMITE
El Periódico del Pueblo abordó a Gloria Navas, abogada que presentó la querella, en su caso dijo que por el momento están manejando la presunta existencia de un hecho delictivo, que puede atentar con la ciudadanía en general.
“La audiencia se dio porque formalmente se dio la investigación de una denuncia que se presentó en el 2019. Se siguió una investigación del Ministerio Público, la Procuraduría y nosotros, que son las formas procesales que se tienen cuando se presume que un hecho delictivo probablemente se cometió, lo que está haciendo la jueza ahora es valorando las acusaciones para ver si ordena la apertura o no a juicio”, agregó.
De acuerdo con Navas, de momento lo que buscan es resguardar y proteger el cumplimiento de la Constitución Política costarricense.
“La tónica nuestra, los principios que nosotros defendemos y tratamos de proteger, es la institucionalidad del país”, destacó.
Navas agregó que comparte la lucha que realiza Albino constantemente en las diversas fuerzas de trabajo del país, aunque expresó que dichos movimientos cruzaron la línea de lo que es permitido.
“En este caso, lamentamos la situación de don Albino, que ha sido dirigente sindical y que, por otro lado, creemos que él cruzó la línea de la legalidad en sus manifestaciones y que cometió eventualmente el delito de ofensa de la tranquilidad pública mediante la instigación pública”, acotó.
SEGURIDAD EN JAQUE
Entre los puntos mencionados por la querellante, el tema por el que se está acusando a Vargas, más allá de un movimiento sindical, que bien es cierto da voz a muchas personas, es una situación de cuidado.
“Los sindicatos son esenciales en una democracia, don Albino ha sido una persona de muchísimos años de lucha, un gran dirigente. Yo lo admiro desde ese punto de vista, pero hay que tener el cuidado para no irse al otro lado de no promover acciones que eventualmente puedan lesionar los intereses de una mayoría que no puede estar sindicalizada”, consideró.
Navas fue directa y contundente en aquellos aspectos por los que las partes acusadoras señalan a Vargas, por ejemplo el peligro que corren las ciudadanos al no poder acceder a servicios esenciales por la existencia de bloqueos en las calles.
“¿A quién representa a ese grupo, a los adultos mayores que no pueden ser atendidos en los hospitales, los niños que no pueden ir a las escuelas? Cuando se rompe la línea divisoria entre lo que es legítimo y lo ilegítimos es donde entra a funcionar el derecho, que es lo que nosotros estamos haciendo”, justificó.
PERIODISTA: Erick Melendez Delgado
EMAIL: [email protected]
Martes 27 de Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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