Diario Extra - Azucareros culpan a importaciones por cierre de ingenios

La Liga Agrícola Industrial de la Caña (Laica) salió en defensa de la medida de salvaguarda que puso un arancel más alto a las importaciones, asegurando que esto salvó a pequeños productores de irse a la quiebra.
La organización, que agrupa a ingenios azucareros y productores de caña, presentó la solicitud de salvaguardia ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en enero de 2019.
Lo hizo debido a que, según sus estimaciones, las importaciones de azúcar estaban provocando un daño grave al sector y, como consecuencia, 2.638 productores tuvieron que abandonar la actividad y dos ingenios azucareros cerraron sus puertas.
“De no haberse tomado la medida, la situación se habría agudizado, haciendo desaparecer a miles de productores independientes y fuentes de trabajo, sobre todo en zonas rurales del país”, dijo Edgar Herrera, director ejecutivo y de comercialización de Laica.
La salvaguardia es un mecanismo de defensa comercial que usan todos los países en el mundo, reconocido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y previsto en los acuerdos internacionales.
El sector cañero-azucarero costarricense está compuesto por 7.078 productores independientes, de los cuales el 83,5% son medianos y pequeños con fincas de menos de 20 hectáreas. Hay 12 ingenios azucareros y tres de ellos son cooperativas.
El MEIC determinó hace 10 meses poner, de manera temporal, un arancel adicional al azúcar importado. En este tiempo, el precio del azúcar para el consumo nacional no sufrió ninguna variación. Se mantiene estable.
“Tal y como lo señalamos desde un inicio, la medida de salvaguardia benefició a miles de productores sin afectar al consumidor. Adicionalmente, continuaron las importaciones de azúcar al país”, señaló Herrera.
Las declaraciones surgen luego de que la empresa Maquila Lama dijera que la imposición de aranceles por un 72,68% para la importación del azúcar representa una barrera arancelaria proteccionista en exceso.
De acuerdo con los importadores, la medida de salvaguardia ha implicado para ellos un costo de ¢350 millones adicionales y, en caso de continuar, ven difícil mantenerse en el mercado nacional.