La Contraloría General de la República (CGR) nuevamente se pronunció sobre el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para cobrar, por un periodo de cuatro años, un impuesto del 30% a las utilidades de las empresas públicas del Estado.
El proyecto fue planteado con el objetivo de que las instituciones que obtienen ganancias de la venta de productos y servicios puedan aportar al pago y reducción de la deuda nacional.
“La presente propuesta en análisis estaría en esa línea de producir una mayor recaudación, no obstante, es importante considerar, además del impacto fiscal directo, los eventuales efectos sobre el servicio y el financiamiento de las inversiones de dichas entidades, siendo que solo en la exposición de motivos se mencionan algunos criterios para la determinación de la contribución específica por parte de cada institución”, señala la Contraloría.
OBJETIVO
El aporte que el gobierno pretende alcanzar es una recaudación promedio de ¢72 mil millones al año por este tributo.
La opinión del órgano contralor es firmada por la gerente del Área de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, Julissa Saénz, y hace un llamado al Ejecutivo a que el proyecto de ley debe ser más claro al exponer las justificaciones de la propuesta. “Se hizo la explícita importancia de generar alguna reducción inicial de deuda con la incorporación de ingresos adicionales, junto con la aplicación de la regla fiscal propiamente y otras medidas que incidan en el crecimiento inercial del gasto corriente”, menciona el criterio de la Contraloría.
RECHAZO
La propuesta ha sido severamente rechazada por los bancos públicos e instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), así como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
El caso más contundente es el de Recope, ya que el presidente ejecutivo planteó en una carta enviada a los diputados que la institución no podrá asumir el pago del impuesto, a menos que se recargue en el precio de los combustibles, mismos que ya están a punto de enfrentar su sexto aumento consecutivo. En total son 14 las instituciones que están incluidas en el proyecto de ley.
LA PROPUESTA
La iniciativa forma parte de los proyectos de ley que sirven de garantía al Poder Ejecutivo para la aprobación de un préstamo de $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno justifica la aprobación del proyecto en la baja de ¢548.539 millones en la recaudación de impuestos. “Se prohíbe a las empresas públicas cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos con la finalidad de trasladar la carga del aporte a los usuarios o consumidores finales”, cita el artículo 2 de la propuesta.
Actualmente, se encuentra en discusión de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
PERIODISTA: Mario Taboada
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Jueves 22 de Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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