Corrupción salarial y ley de empleo público
Osvaldo Corrales Jiménez
Harto se habla sobre la disparidad de salarios dentro del sector público; y es que, en instituciones como el INS, ICE, Recope, cooperativas (régimen semipúblico o mixto) entre otros, se cometen muchos abusos en materia salarial. Entonces, en algunos entes se ha hecho costumbre que en “encerronas” de las juntas directivas se acuerda subir sueldos a los puestos de “confianza”, pero esos incrementos a menudo son excesivos y hasta rondan un 50% o más con respecto al ingreso ordinario de esos funcionarios.
En el caso de los bancos del Estado, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, en su artículo 34, punto 4, estipula que (parafraseo) las juntas directivas además de aprobar el presupuesto anual y el extraordinario tienen la potestad de crear las plazas necesarias y fijar las remuneraciones respectivas.
De allí que, según un informe salarial de la CCSS de hace unos años, un exgerente del BCR de apellido Rivera devengó en dado momento del año 2013 la suma de 26,1 millones de colones en un solo mes. En tanto el salario de otro jerarca de apellido Naranjo, cuando fue presidente del Banco Nacional, recibió en un mes hasta 34,2 millones de colones, esto solo para citar dos ejemplos.
Con esos montos (en el orden respectivo) se podrían pagar entre 87 y 114 salarios mensuales de 300 mil colones. En países como Suecia, entre otros, los puestos del mismo nivel ganan mucho menos. ¿Será por eso que esas naciones están mejor que Costa Rica? Se prueba entonces que la misma legislación promueve portillos para que muchas instituciones del Estado hagan piñatas con el erario.
Además, si esos fulanos, con el cambio de gobierno, no vuelven a ser reelectos, posiblemente recibirán cesantías y otras prestaciones laborales de acuerdo con los abultados salarios que recibieron en su “gestión”. Por otra parte, la escala salarial de cada institución o ministerio no siempre está enmarcada en una ley de salarios para el sector público, por eso muchos docentes con nivel de licenciatura ganan mucho menos, por ejemplo, que un chofer de algunas instituciones autónomas, pese a que los sindicalistas de tales entidades pretendan argumentar que el salario de algunos se incrementa por los pluses y la antigüedad en el puesto.
A eso se suma el hecho de que los sindicatos tienen arrinconado al gobierno central con una serie de presiones (a través de las indecentes convenciones colectivas) para obtener más pluses o laudos. Entonces, los entes públicos, se han convertido en la cueva maravillosa de Aladino (llena de tesoros), siempre dispuesta a servir a sus amos. Por eso en una entidad como Racsa, donde los salarios son sustanciosos en la mayoría de puestos, la situación financiera tiempo anterior ha sido grave. Irónicamente, en dado momento algunos sindicalistas de dicha institución indicaron que la crisis de la misma institución habría sido o fue producto de las malas decisiones de las juntas directivas en cuanto a la ejecución de diversos proyectos.
Pero en vista de esa desigualdad salarial es que se quiere someter a todas las instituciones públicas a una ley de salarios públicos. Eso ha irritado a sindicatos de las universidades públicas, de la CCSS, entre otras entidades. Es más, algunos dirigentes sindicales argumentan que la ley de empleo público atenta contra los convenios de Costa Rica ante la Organización Internacional del Trabajo.
Pese a lo anterior, la misma Constitución de la República en su artículo 33 da por sentado que toda persona es igual ante la ley, ¿entonces por qué no tenemos igualdad salarial en cuestión de puestos por categorizaciones?; luego el artículo 50 afirma que: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el (subrayo) más adecuado reparto de la riqueza…”, pero con esa clase de desigualdad ¿dónde está esa justa repartición? Y para coronar, dice el artículo 57 que: “… El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia…”, ¿se cumple lo anterior en el sector público?; de tal manera se evidencia que los sindicalistas son mentirosos y justifican cosas sin sentido.
Mientras tanto, cientos de ciudadanos de todas edades seguimos en la búsqueda de empleos y no los hallamos, y si acaso aparecen es con salarios risibles o condicionados, por requisitos muchas veces difíciles de cumplir. ¡Qué vergüenza de país!
