Una denuncia anónima señala al alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, padre del diputado liberacionista Gustavo Viales, por aparentemente utilizar recursos públicos en la construcción de un puente que solo lleva a una propiedad privada.
Se trata de la propiedad de 25 hectáreas ubicada en La Cuesta de Corredores, la cual allanaron las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el martes 6 de abril, luego de que se vinculara al propietario del domicilio como el líder de una agrupación dedicada al tráfico internacional de drogas y la legitimación de capitales.
La denuncia la presentaron de manera anónima ante la Contraloría General de la República (CGR) y ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
“La democracia de nuestro país es un baluarte invalorable que debemos defender, siendo esa defensa el precio necesario a pagar por el goce de las libertades y derechos que poseemos, es vital que los costarricenses ajenos a los regímenes opresores, tiránicos y asesinos emprendamos las luchas necesarias por pequeñas que sean para combatir los actos que paso a paso encaminan al abismo sin fondo que materializa el abuso de poder en la función pública”, cita el documento, del cual DIARIO EXTRA tiene copia.
La denuncia se presentó el 2 de febrero del 2021 en la Fiscalía y el 6 de abril en la Contraloría.
COBRA FAVORES
“En la campaña política para la alcaldía de la Municipalidad de Corredores periodo 2020-2024, el señor Darwin González Hernández, vecino de La Palma, La Cuesta, Corredores, persona quien solo se le conoció trabajó por dos años como chofer de taxi hace unos 20 años, posteriormente se retiró y no trabajó más, sin embargo de manera inexplicable su fortuna crece exponencialmente, muchos afirman que se ganó la lotería, que posee una increíble mente para los negocios y hasta popularmente se afirma es narcotraficante, lo cierto es que no se sabe cómo amasa tanto dinero”, continúa el documento.
En apariencia González Hernández, supuesto líder de la banda narco de la Zona Sur, colaboró en las campañas municipal y nacional, posteriormente “cobró el favor”, primero con la intención de que se impulse la planta embotelladora de agua ubicada en Río Bonito. Para ello, presuntamente, pidió a la Municipalidad de Corredores que reparara un camino en una propiedad privada.
“Así las cosas, para el año 2019, el señor alcalde ordenó la reparación del camino en la Finca de Río Nuevo, de don Darwin, con maquinaria de una contratación en curso a la empresa Sofi Canoas, ésta subcontrató la empresa del señor Allan Corrales Zúñiga, vecino de Conte Golfito; luego al momento del cobro la ingeniera Priscilla Jiménez Duarte se enteró de lo sucedido y no tramitó el pago, sin embargo se conoce que el trabajo por un costo de ¢1,835,244 correspondiente a la factura 6934 de Sofi Canoas fue autorizada por algún funcionario municipal y se pagó”, cita la denuncia.
En el documento se explica que el señor Allan Corrales laboró en el proyecto como subcontratista debido a que prestó los servicios de maquinaria, pues la empresa Sofi Canoas usó la contratación por alquiler para mantenimiento de caminos en Corredores, lo cual se incluye en el contrato número 2018LA-000010-MC.
EL PUENTE
La denuncia anónima, que se respalda por los testimonios e imágenes captadas por los vecinos, quienes pidieron no identificarlos por temor a represalias contra ellos y sus familias, señala que tras obtener el camino González Hernández pidió que se arreglara un puente dentro de su propiedad.
“Solicita al señor Viales que le arregle el puente dentro de su propiedad; para hacerlo el señor alcalde neutralizó a la ingeniera Priscilla Jiménez Duarte, titular a cargo de la UTGVM, y al ingeniero Walfrido Iglesias Borrero, quien tiene a cargo la parte de inspección municipal de construcciones, mediante la imposición como jefatura del ingeniero Robert Fernández Masis, ello lo hizo sin que existiera motivación o justificación alguna, tanto materiales como mano de obra municipal se invirtieron en dicho puente”, acotaron los denunciantes.
Los vecinos documentaron la situación luego de ver que constantemente en la propiedad privada había visitas de funcionarios municipales y trabajos que se realizaban con secretismo.
En apariencia, la construcción de esta obra en la que presuntamente se usaron fondos públicos de la Municipalidad asciende a ¢75 millones. Además, se habría ocasionado un daño al manto acuífero al cortar árboles, pues la propiedad es parte de una reserva del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Jueves 15 de Abril, 2021
HORA: 12:00 AM
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