Delitos cibernéticos y de estafas digitales
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (Cepal), para agosto de 2020 las redes e infraestructura de telecomunicaciones, así como los programas informáticos, son utilizados de manera cada vez más frecuente para desarrollar actividades productivas, educativas, de la salud, relación y entretenimiento. Durante el último año, las tecnologías de la información, han sido esenciales para mantener el funcionamiento de la economía y la sociedad. Las medidas sanitarias implementadas para contener la propagación del Sars-CoV-2 y mitigar los efectos negativos de la pandemia, moderaron la migración de las actividades cotidianas a la no presencialidad del mundo digital. En términos relativos, entre el primer y segundo trimestre, del año anterior, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324% y la educación en línea, aumentó más del 60%. Por otra parte, para junio de 2020, la presencia en línea de empresas de comercio minorista aumentó el 431% con respecto a junio de 2019; durante el mismo período el incremento en el caso de restaurantes y servicios de entrega de comida fue del 331% y en el de servicios empresariales, del 311%.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2020), producto de la crisis del Covid-19, en tan solo 3 meses se dió una aceleración en la transformación digital que se había anticipado que ocurriría en al menos tres años. Colateralmente, el resultado de esta transición ha sido un aumento sin precedente de la superficie apta para un ataque cibernético. En el contexto de un ecosistema digital lleno de vulnerabilidades ya amplificadas; que incluye más de 20.000 millones de dispositivos conectados a Internet en todo el mundo. El avance acelerado en las Tecnologías de la Información y la Computación (TIC), así como su implementación casi improvisada en las actividades productivas y cotidianas en el marco de la pandemia. Configuran los factores para el crecimiento exponencial de los riesgos en seguridad informática, mientras que las respuestas técnicas y jurídicas se generan a un ritmo más bien logarítmico. Se estima que los daños por delitos cibernéticos alcanzarán los US$6 billones para 2021.
Proteger la información al mismo tiempo que se intentan cosechar beneficios de la cuarta revolución industrial; ha puesto la seguridad cibernética en un lugar preponderante dentro de la agenda pública. Según El Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad (CMM, por sus siglas en inglés), del Centro Global de Capacidad en Seguridad Cibernética (GCSCC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Oxford. Costa Rica es parte del grupo de naciones latinoamericanas, que han incluido el desarrollo especializado en esta materia dentro de sus políticas y estrategias nacionales desde el 2016 a través de un enfoque multisectorial e interdisciplinario.
Pese a que la última reforma punitiva sustancial del Código Penal costarricense en relación con esta materia se dio en el 2012; mediante la aprobación de la Ley N°9048. Costa Rica ha avanzado en materia de Legislación para la protección de datos, Protección Infantil en línea, Legislación de Protección al consumidor y Legislación en Propiedad Intelectual. Sin embargo, el país no ha desarrollado respuestas jurídicas a la vanguardia de la evolución de las formas de los delitos informáticos y adolece de legislación que regule el robo de información de tarjetas de crédito, el grooming y el ciberacoso. Los marcos legales y regulatorios son solo una de las dimensiones que evalúa el CMM. Las otras cuatro variables del modelo son: las Políticas y Estrategias de Ciberseguridad; Cultura Cibernética y Sociedad; Educación, capacitación y habilidades en ciberseguridad; y Estándares, organizaciones y tecnologías.
En términos relativos durante el periodo comprendido del 2014 al 2018, el fraude y la estafa por internet aumentaron un 242,86%, siendo los delitos con mayor crecimiento en territorio costarricense. Según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto de Estadística y Censo (INEC), 34.237 hogares costarricenses fueron víctimas de estos delitos durante el 2018. La volatilidad de la innovación en el mundo de las TIC, la utilidad universal de estas, su versatilidad para crear soluciones ágiles y el éxodo digital de la sociedad contemporánea. Representan amenazas crecientes contra la privacidad de la información y la seguridad informática, frente a las limitaciones técnicas y operativas para responder efectivamente al cibercrimen. Sugieren la necesidad de acciones conjuntas y coordinadas desde las esferas del Sistema Internacional, el ámbito interinstitucional a nivel de los Estados y el sector productivo; pero además requiere de cambios en el comportamiento de los usuarios con respecto al manejo de sus datos y dispositivos móviles para repeler exitosamente los ataques informáticos.
