No se gobierna con infraestructura

Editorial

Al mejor estilo de Hollywood, el Gobierno de la República ejecutó la entrega del paso a desnivel de Guadalupe y la nueva Rotonda del Bicentenario durante el pasado 24 de marzo.
La primera plana estaba ahí presente, Carlos Alvarado, presidente de la República, acompañado de Claudia Dobles, su esposa, y por tanto primera dama, y Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), quien lideró a capa y espada el proyecto para que se entregara a tiempo.
Hasta ahí todo bien. Pero como si fuera la alfombra roja de los Premios Óscar, autoridades del Ejecutivo que no tienen nada que ver con infraestructura vial se enfundaron sus mejores galas para sacarse la fotografía en el nuevo paso a desnivel.
Ahí se vio a una Sylvie Durán, titular de Cultura y Juventud, hasta dando un discurso sobre el proceso de inauguración, cuando su labor ha sido ampliamente cuestionada por el abandono al sector que le compete, y a los artistas más específicamente, durante la recuperación por la pandemia de Covid-19.
Por otro lado, se atestiguó la presencia de Michael Soto, ministro de Seguridad Pública, a quien recientemente, en un informe de Derechos Humanos elaborado por el Gobierno de Estados Unidos, le señalaron posibles abusos arbitraros de la Fuerza Pública en la detención de personas mientras se manifestaban contra la pandemia, entre ellas la surfista de Tamarindo aprehendida el 24 de junio de 2020.
Quizá andaban en busca de consejos de Méndez Mata, para que los asesore en cómo sacar adelante las iniciativas que se proponen, tomando en cuenta que muchos de los costarricenses rescatan la labor del MOPT como de lo mejorcito de esta Administración, o de lo menos peor, depende del cristal con que se mire.
Aun cuando tradicionalmente las obras se inauguran en los horarios matutinos, esta vez el banderazo se dio en el horario estelar de las 7 p.m., justo para que las familias costarricenses que llegaron a su casa tras una larga jornada de trabajo tuvieran que presenciar, como si fuera un campo pagado, la inauguración de la obra vial.
No es de extrañar que lo hagan de esa forma, tomando en cuenta que estamos a menos de un año para las elecciones presidenciales. Quizá eso sea una estrategia para que la misteriosa figura que vaya a representar al oficialismo se jacte de esos trabajos tomándolos como parte de su carta de presentación.
Pero lo que el Ejecutivo no parece tomar en cuenta es que con infraestructura no se gobierna, se trata solo de un eje dentro del campo de sus responsabilidades. Porque el Gobierno también debe entrarle a la reactivación económica que tanto nos queda debiendo, al impulso del turismo, a la cultura, al combate de la inseguridad y el narcotráfico, a las mejoras en el sistema carcelario, a la generación de empleos de calidad y accesibles para todas las poblaciones, en fin, la lista de pendientes de quienes nos ofrecieron “la continuidad del cambio” parece de nunca acabar.
Está bueno que el Gobierno se ocupe en solventar la necesidad de eliminar los embotellamientos viales, pero sus labores deben ser simultáneas, organizadas en una hoja de ruta que aún nos quedan debiendo. Aún nadie nos da respuesta sobre cómo solucionar el problema del desempleo que acumula una tasa de 19,1%, equivalente a 468.000 personas.
Tampoco se nos dan soluciones para incentivar el turismo, tomando en cuenta que la Contraloría General de la República (CGR) alertó en un informe sobre el recorte al sector por más de ¢95 mil millones cuando ese dinero se torna indispensable para la reactivación económica.
Incluso el mismo sector de transporte que el propio Ejecutivo quiere impulsar se encuentra en números rojos, según alertó el órgano contralor, con recortes de ¢113.472 millones al MOPT.
A seis años de la llegada de las plataformas digitales bajo la modalidad de transporte privado, el Gobierno aún no es capaz de entrarle de lleno a esa regulación y ahora, que están afincados como una forma de contar con empleo en tiempos de crisis, el Consejo de Transporte Público (CTP), institución ampliamente cuestionada por todos los intereses que se manejan hacia determinados sectores, quiere que se bloqueen, lo cual dejaría manos arriba a cientos de personas que buscan sobrevivir y a las cuales la Administración ya les falla al no brindarles otras posibilidades para ganarse la vida.
En lugar de amedrentarlos y amenazarlos, deberían buscar cómo priorizan su regulación sin caer bajo las amenazas de ningún grupo de personas o sectores al respecto.
Tampoco hay solución para la inseguridad, el país registró 568 homicidios durante 2020 e incluso se vislumbra un panorama fatalista para 2021 si no se corrigen los problemas que están surgiendo, sin embargo, parece que ninguno del Ejecutivo tiene la solución. Si bien ciertas cosas no se hacen con varita mágica, la falta de transparencia en dicha cartera vuelve más complicado el panorama.
En relación con el Ministerio de Justicia, no se vislumbran cambios significativos ni intervenciones para erradicar el problema de hacinamiento de las cárceles, el cual excedió a julio de 2020 su capacidad en un 27%, de acuerdo con el Informe Anual de Derechos Humanos elaborado por el Gobierno de Estados Unidos.
Es muy bonito posar para la foto, casi queriendo decir que sí se hace algo, como cuando comenzaron a llegar las primeras vacunas contra la Covid-19, pero apenas empezó a cuestionarse la lentitud en el proceso de aplicación, lo primero que se les ocurrió fue decir que están fiscalizando el planteamiento y ya no volvieron más a topar los embarques al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, debido a los cuestionamientos.
Qué bien que el presidente Carlos Alvarado y su Gobierno se encarguen de mejorar la infraestructura, pero para eso les paga el pueblo a sus funcionarios y lamentablemente sigue debiendo mucho en flagelos como la falta de reactivación económica y la inseguridad.