El 26 de mayo de 2017 el gobierno de Luis Guillermo Solís acuerda el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y para setiembre de 2018 lo absorbió el Banco de Costa Rica (BCR).
La Fiscalía decidió abrir una investigación ante una denuncia interpuesta por la Contraloría General de la República, en la cual señala que en la administración Solís Rivera se hicieron inversiones de corto plazo en Bancrédito para inyectarle liquidez. Esto habría ocurrido entre 2016 y 2018.
La hipótesis del Ministerio Público es que por esta decisión se habría afectado el flujo de caja del presupuesto nacional, poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos y elevando el déficit fiscal.
“Para dar apariencia de legalidad y con el fin de evitar el cierre de Bancrédito se cree que los imputados, durante su gestión en el gobierno, habrían realizado inversiones con fondos de la Tesorería Nacional en dicha entidad financiera, a pesar de que al parecer conocían que existía una posibilidad muy baja de retorno”, indicó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Por esta causa se investigan al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; Helio Fallas Venegas, exministro de Hacienda; Marta Cubillo Jiménez, extesorera nacional; Sergio Alfaro Salas, extitular de la Presidencia; y Mauricio Arroyo, subtesorero nacional.
La administración Solís Rivera estuvo en riesgo de perder hasta ¢131.000 millones en inversiones que realizó en Bancrédito, según una investigación legislativa.
Esta causa se maneja bajo el expediente 20-000115-1218-PE. Se persiguen los presuntos delitos de fraude de ley e influencia contra la Hacienda Pública.
Este último ocurre cuando alguien en razón del cargo influye, dirige o condiciona, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público.
En cuanto al fraude de ley se refiere a la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no sea conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico.
Por estos delitos se puede incurrir en la pena de dos a ocho años de cárcel, de comprobarse la culpabilidad.
Bancrédito entró en problemas luego de que el Banco de Costa Rica (BCR) decidiera sacar sus inversiones, las cuales ascendían a poco más de ¢71.000 millones.
Sin embargo los exadministradores del BCR aseguran que el antiguo banco de Cartago venía con problemas antes de eso y que su situación era insostenible.
Tras perder el cobro de impuestos de salida del aeropuerto y la administración del extinto Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Finade), del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), Bancrédito comenzó a encender las luces de alerta.
Pesó también la morosidad de créditos corporativos grandes como es el caso de Yanber y Casa Blanca, así como una planilla cara.
William Hayden, exconsultor en caso Bancrédito:
“Consejo de Gobierno entró en pánico”
En palabras de William Hayden, economista y exconsultor de la junta directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), el Consejo de Gobierno entró en pánico al saber que el Banco de Costa Rica (BCR) iba a retirar sus inversiones.
Hayden asegura que él había preparado un plan de continuidad del negocio, pero lo ignoraron o no le creyeron y así consta en el acta de la sesión extraordinaria número 12 del Consejo de Gobierno, CERT-104-17, celebrada el 26 de mayo del 2017.
El plan se puso en conocimiento de Helio Fallas, exministro de Hacienda, y Olivier Castro, expresidente del Banco Central, y fue discutido en dos oportunidades con el exsuperintendente de Entidades Financieras, Javier Cascante.
Hayden fue contratado por la Junta Directiva de Bancrédito del 6 de junio al 6 de julio del 2017, pero desde mayo de ese mismo año estaba involucrado con el tema.
El exconsultor también recuerda la famosa reunión con el expresidente Luis Guillermo Solís para encontrar una solución final a la situación del banco. Afirma que el ex mandatario pidió a los bancos públicos continuar con el apoyo porque esa era una forma de darle continuidad al negocio.
“Pero la presidenta del Banco de Costa Rica (Paola Mora) le manifestó que de ninguna manera ellos continuarían poniendo en riesgo cerca de ¢80.000 millones en inversiones y más bien la Junta Directiva en pleno reclamaba el pago de las inversiones como fue acordado en una reunión del 17 de mayo”, indicó Hayden.
Recordó que Solís ante esta situación reconoció que no había colaboración y decidió continuar con la situación acordada por el Consejo de Gobierno a finales de mayo del 2017.
“Al terminar la sesión, al despedirme del señor presidente, le dije ‘señor, hay vialidad de continuar’, pero me dijo ‘no hay plata, los bancos no quieren continuar apoyando’”.
El economista reconoce que la situación de liquidez en colones era crítica para lo que restaba del 2017. “El ‘hueco’ asciende a ¢275.232 millones siendo los meses más críticos junio (¢55.228.0 millones), julio (¢44.446.7 millones) y en especial agosto (¢111.378.5 millones)”, dice en un escrito enviado a este medio.
En cuanto al flujo de efectivo en dólares, para el mismo periodo las entradas ascendían a $96 millones y las salidas a $282 millones, quedando un déficit acumulado de $185 millones.
“Desde el mes de febrero del 2017 el banco estaba con respiración asistida, dependiendo de los bancos del Estado, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y algunas entidades públicas que le mantenían recursos a 30 días plazo y a la vista para no afectar liquidez”, señala Hayden. A su criterio, la crisis financiera y de negocios saltó a la vista a mitad del 2016 por una infidencia del Banco de Costa Rica al filtrar un estudio de la gerencia, posiblemente con el interés encubierto de absorber por fusión a Bancrédito.
Para Hayden, el banco no estaba quebrado pues tenía un patrimonio de ¢68.154 millones y una suficiencia patrimonial del 14% para ese entonces (marzo 2017). Sin embargo, la rentabilidad sobre patrimonio era de apenas un 1,48% y la mora mayor de 90 días era de 2,58%, casi al límite del 3% que requería Sugef.
El economista habló de la posible transformación en un Banco de Desarrollo y de Fomento Económico, pero planteó opciones adicionales en caso de prosperar esa propuesta que se detalla a continuación:
LIQUIDACIÓN ORDENADA. Traspasar al Banco de Costa Rica o al Nacional los negocios de Bancrédito, lo cual implicaba ceder los activos y pasivos depurados de activos tóxicos, quedándose al final con un cascarón compuesto del patrimonio para darle otros negocios.
FUSIÓN-ABSORCIÓN. Fusionar a Bancrédito con el Banco de Costa Rica o el Banco Nacional. En esta opción, Bancrédito desaparece.
VENTA A LA BANCA PRIVADA. Vender la entidad a la banca privada del país mediante un proceso de oferta pública que implique de previo un saneamiento de absorción de las pérdidas y ofrecimiento en dos o tres veces el valor del patrimonio ajustado.
LIQUIDACIÓN Y CIERRE. Vender la cartera sana y otros activos a los bancos del Estado y cancelar con ellos algunos de los pasivos, entre ellos los laborales de los funcionarios.
Gerardo Porras, exgerente general de Bancrédito:
“Utilidades bajaron al complicarse créditos grandes”
El exgerente general de Bancrédito, Gerardo Porras, recordó la comparecencia en la Asamblea Legislativa donde se abordó ampliamente este tema.
Como parte de su exposición adujo que en 2016 se cayeron las utilidades del banco porque en el primer trimestre del año se complicaron unos créditos grandes.
“Tuvimos que ejecutarlos y cuando un banco se adjudica las garantías tiene que empezar a provisionar esas garantías y eso hace que las utilidades se nos caigan. Arrancamos con un plan para revertir esa situación y logramos estabilizar la morosidad de la cartera”, señaló.
No obstante, a su criterio el tercer periodo y definitivo es cuando el banco se queda sin liquidez porque una cosa es tener bajas las utilidades y otra que ya no tenga liquidez.
“Usted puede sobrevivir con bajas utilidades, no se va a capitalizar tan rápido, pero en el momento que a usted la gente ya no le deposita plata su negocio terminó. Ya usted no puede captar para seguir prestando”, explicó.
Recordó que el banco tenía vencimientos de marzo a julio 2017 que eran por ¢240.000 millones y $224 millones, pero ya no estaban recibiendo efectivo. “Fuimos a visitar los comités de riesgo de instituciones públicas y privadas, todos dijeron ‘vamos a esperar a ver qué pasa’”, contó.
Según Porras, parte de lo que debilitó a Bancrédito fue que en el pasado hubo intentos de absorción donde se cerraron sucursales y se compartieron clientes. En cuanto a la decisión del Banco de Costa Rica (BCR) de retirar sus inversiones manifestó que se razonó en función de las bajas utilidades de Bancrédito.
“Me cuesta creer que un banco del Estado le quite el apoyo a un banco del Estado, no sé si por una decisión política. Para mí no tenía mucha razón.
Dijeron que era para evitar el riesgo a los ahorrantes, pero si tiene la misma garantía soberana que tienen ellos. Nunca me explique muy bien esa coyuntura”, acotó.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Lunes 05 de Abril, 2021
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