Diario Extra - Sala IV emplaza a ministra de Educación

La Sala Constitucional otorga tres días a la ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, para que entregue documentación relacionada con la educación superior pública.
Lo anterior luego de que el diputado Pedro Muñoz interpusiera un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por la negativa a responder.
El caso se tramita bajo el expediente No.21-005894-0007-CO y los magistrados dan a Cruz un plazo para que remita una copia certificada y foliada en orden cronológico de la documentación y cualquier otro soporte tecnológico asociado.
Muñoz aduce que solicitó información a la ministra Cruz para el análisis del proyecto de Reforma a la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), expediente 21.578, pero que esta no habría sido remitida.
El legislador pide una copia del “Estudio Comparado de Modelos de Gobernanza de la Educación Superior” o los documentos que estén en poder del MEP en relación con este, aunque no sean los finales.
Muñoz pide que se especifique si se trata de borradores, productos, comentarios o recomendaciones, entre otros.
Acusa que a la fecha de interposición de este recurso no había recibido respuesta alguna, omisión que considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 41 de la Constitución Política, relacionados con el derecho de petición.
La resolución del Tribunal Constitucional es del 25 de marzo del presente año, pero se desconoce si ya se notificó a Cruz.
El documento al que hace referencia el congresista lo elaboró la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), pero con participación del MEP.
El proyecto de ley 21.578 se trabaja desde hace más de un año y pretende establecer la acreditación obligatoria, selectiva y paulatina de las carreras universitarias.
A criterio de la directora del Conesup, la regulación obligatoria de las carreras y programas universitarios contribuiría con el mejoramiento sustantivo de la educación superior.
No obstante, la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire) considera que este proyecto impone un procedimiento de aprobación y actualización de carreras muy complejo, que violentaría la libertad de enseñanza, y sin mayor exigencia para el Consejo, así como encarecería los costos para el estudiante.