A partir de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades en Competencia nace una nueva Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), con una mayor capacidad de acción, investigación y sanciones más severas.
Isaura Guillén, Viviana Blanco y Guillermo Rojas resultaron electos como los nuevos comisionados. Estos conversaron con Iary Gómez, gerente general de medios del Grupo Extra, y Sandra Cordero, directora de DIARIO EXTRA, acerca de cómo visualizan el rol de la entidad.
¿De qué se encarga la Coprocom?
-Tiene tres ejes de acción. Las preventivas que son básicamente análisis de concentraciones, que se dan cuando las personas deciden realizar cierto tipo de alianzas o fusión. Otro es los procedimientos sancionatorios, cuando un agente económico realiza una práctica monopólica absolutas o relativas, es decir, empresas que se ponen de acuerdo para fijar precios o dividirse mercado, y por último, están los casos en que las empresas pueden hacer un abuso de dominio. Vemos toda temática que no sea de telecomunicaciones.
¿Qué pasa con temas como el del aguacate?
-Aquí hay un tema de orden público sanitario. La instancia que tiene la responsabilidad de dictar la limitación de ingreso de un producto de equis país, pues va a tener que sustentar adecuadamente que se debe a una situación fitosanitaria, o nos pasa lo que ocurrió con cierta marca de helados, creo que ya se terminó de pagar o se está pagando como país, pero nosotros fuimos sancionados como país. Eso entra mucho en la parte de comercio internacional. La sanción puede ser política y económica por una decisión.
Hay decisiones políticas, pero que afectan al consumidor, ¿hasta dónde llegan las potestades de ustedes?
-Es que la medición del impacto económico en un sector por una decisión técnico-fitosanitaria, lo más que podría hacer la Comisión es emitir una opinión a fin de salvaguardar la sustituibilidad del bien a fin de que en otros mercados internacionales pueda suplirse la posibilidad de que el consumidor acceda a distintos bienes que lo sustituyan para que mantengan un precio competitivo o genere una diferenciación de precio. Sería un estudio de mercado sin meternos en la decisión político técnica.
¿Qué pasa entonces con las políticas proteccionistas?
-Hay que hacer una separación, hay una serie de políticas que evidentemente son proteccionistas que como usted dice afectan al consumidor, pero eso ya está definido por cierto tipo de leyes, y la autoridad de competencia el único grado que tiene es el de abogacía, ya sea por recomendaciones, opiniones o estudios de mercado.
¿Pero hay un efecto sobre el consumidor?
-Sí. El efecto de consumidor es evidente y los precios van a ser muchos más altos y las opciones de consumo van a estar reducidas porque si viene una medida fitosanitaria que prohíbe la entrada de productos del extranjero, la cantidad de opciones que tiene el consumidor se va a ver reducida, pero la autoridad de competencia solo puede emitir una recomendación o hacer abogacía ante el público en general.
¿Qué pasa con casos como los que acabamos de ver, que solo el INS podía dar un seguro para el Covid-19?
-De hecho, la Comisión emitió una opinión en esa oportunidad cuestionando el hecho de que no podía ser un solo operador y vea que eso se abrió más, entonces sí tuvo una incidencia. La Coprocom siempre se va a enfocar en que haya un piso parejo en el sector público y privado, para los extranjeros y nacionales, pero no podemos hacer más allá de educar al consumidor y que ejerza presión y hacer de alguna forma ruido, del beneficio que le daría al consumidor final si optan por una medida u otra.
¿Son llamados de atención?
-La Autoridad de Competencia funciona como un árbitro. Sí es como un llamado de atención para las autoridades para decirle: ‘Oye, es que estás afectando el bienestar social de todos los consumidores, no estás permitiendo entrar productos del extranjero, si estás poniendo aranceles muy altos, si estás estableciendo cuotas o si las medidas fitosanitarias no están bien justificadas’.
¿En qué otros campos pueden entrar?
-Otro punto en el que hay mucho que hacer es en el campo de las licitaciones públicas. Nuestra postura es: ‘Tienes que licitar, tienes que procurar que haya competencia en el mercado’. Hay ciertos mercados donde no va a haber competencia porque no es eficiente, o sea tiene que haber solo un proveedor del producto, pero en esos casos puede propiciar competencia por el mercado a través de una licitación pública para garantizar que los recursos del Estado, que son muy escasos, se asignan de la manera más eficiente.
Hay sectores como la construcción donde son dos o tres empresas las que se llevan siempre los contratos. ¿Ahí no hay nada que hacer?
-De hecho, pues la misma OCDE ha dicho que más de la mitad de casos de corrupción se dan en licitaciones públicas, o sea hay muchos incentivos porque es dinero que se gana relativamente muy fácil y hay tantos funcionarios públicos involucrados como agentes económicos, ya sea privados o públicos, que buscan incidir en las reglas, ya sea con la colusión, es decir, ponerse de acuerdo o haciendo carteles dirigidos.
¿Ustedes actúan por oficio o solo si les ponen una denuncia?
-En el pasado ya Coprocom ha sancionado. En telecomunicaciones fueron sancionadas seis o siete empresas, también un cartel de la proveeduría de papel para instituciones públicas. Estamos hablando de las prácticas más nefastas porque no solo violentan el proceso de competencia, sino que son fondos públicos y nos afecta a todos. Cada vez son más organizaciones que se unen para actuar de manera más criminal.
¿Cómo son las sanciones?
-Aquí se analizaría como una práctica absoluta que lleva una sanción, que la Ley nueva las aumentó, para que sea lo suficientemente disuasoria. En otros países es cárcel.
¿Aquí no hay cárcel?
-No. En otros países la violación al orden público económico se considera como un delito. Acá es una sanción administrativa.
¿Los pueden inhabilitar?
-Puede haber sanciones de carácter personal, no solo a las empresas sino a sus representantes. Sí se podría sancionar a una persona en Costa Rica, la Ley 9736 permite la posibilidad de inhabilitar si un funcionario público está incluido.
¿Hasta ahora eso solo lo hacía la Contraloría?
-El bien jurídico tutelado por el lado nuestro es el que está permitiendo la inhabilitación, al que participó de una organización que procuró una violación a la Ley, en el sentido de otorgarle el concurso a equis determinada empresa. En Estados Unidos pasó hace unos años que las empresas se dividían el mercado según las fases de la luna, entonces llegaban allanaban y no encontraba nada en computadores, ni teléfonos, hasta que un miembro del cártel pidió clemencia.
Es interesante porque aquí hay muchos ministros que forman parte de las juntas directiva a la hora de adjudicar…
-Ahí hay enormes oportunidades de mejora. Precisamente estamos trabajando en una nueva guía para las proveedurías del Estado en temas de competencia, nuestros primeros apoyos o socios estratégicos en el combate de estas nefastas prácticas tienen que ser las proveedurías. No es posible que antes de un concurso usted se reúna con los que van a ser sus potenciales oferentes.
¿El famoso asunto de las mascarillas de la Caja son temas que ustedes podrían ver?
-Eventualmente sí podemos verlo, si tiene directa vinculación con alguna descripción de alguna práctica monopolística. A salvo quedan las potestades que a nivel criminal tenga el Ministerio Público, cuando haya un tema de corrupción.
¿Cómo se puede interponer una denuncia ante ustedes?
-Si consideran que hay una situación de una posible práctica que está perjudicando esa eficiencia en el mercado, que no les permite competir adecuadamente, pueden apersonarse en el área de nosotros, presentar la denuncia y asesorarse sobre cómo entregar las pruebas, o directamente pueden tener una asesoría legal y presentarnos la denuncia para iniciar la fase de investigación.
¿Y si es una empresa pequeña que no tiene asesoría legal, ni recursos?
-Nosotros también los podemos asesorar sobre cómo formular la denuncia o levantarle el acta de una vez.
Puede que un negocio pequeño se sienta lesionado porque llegó una transnacional grande al barrio y le quitó mercado, ¿esa materia ustedes la ven?
-Yo creo que hay que hacer una diferenciación. La Coprocom no penaliza la eficiencia. Evidentemente si llega una empresa que es más eficiente, más productiva, que tiene mejores precios y mayor variedad de productos y está atrayendo más demanda, eso es parte de la competencia, o sea, no es que vamos a proteger a la empresa que va a quebrar porque presta un servicio inferior o que a los consumidores les gusta menos.
¿Por qué?
-La Comisión protege al proceso de competencia no a los competidores. El hecho de que llegue una empresa más grande con mejores instalaciones y que atraiga demanda, eso no es algo que nosotros castiguemos.
¿Qué sería lo que se castiga?
-Si una empresa con su poder de mercado abusa y comete prácticas para desplazar a otro. Por ejemplo, lo que hablábamos de las exclusividades, de que solo puedes vender mis productos, no puedes vender los de mi competidor. Ese tipo de prácticas sí las puede ver la comisión.
¿Es difícil gestionar algunos casos?
-Sí, cuando alguien llega a quejarse a la comisión, pero no presenta pruebas, a veces nos dicen yo le cuento la práctica, pero no quiero aparecer en ninguna denuncia, ni la quiero presentar, solo le digo para que usted sepa. Entonces, si la comisión se allega de suficientes elementos la puede abrir de oficio y ella misma recaba los elementos y arma el caso, pero cuando no proveen ningún indicio o dato, ahí es donde la autoridad no puede actuar. No puede abrir una investigación por una historia.
¿Consideran necesario reforzar la parte de investigación?
-Con un área de investigación bien reforzada y un presupuesto adecuado para tener recursos para investigar, porque las prácticas han cambiado, hoy en día se recurre a un ardid bien estructurado, entonces una agencia de competencia necesita un área de investigación, estamos en la necesidad de tener los recursos que la Ley establece para eso. La Coprocom está compuesta por 15 personas.
¿O sea están siendo limitados?
-En realidad un órgano de competencia bien armado necesita más recursos humanos. Necesitamos el presupuesto que la Ley nos garantiza para efectivamente cumplir todas las funciones que tenemos. Precisamente, por eso la Ley estableció un presupuesto mínimo.
¿Tenemos una Coprocom desarmada?
-En este momento, le puedo decir que hay una Coprocom que está en construcción y nosotros tenemos la confianza de que el Poder Ejecutivo y la Asamblea tiendan a reforzarla, tal y como la Ley establece y como la OCDE recomienda porque nosotros podemos servir y queremos servir como instrumento de reactivación económica.
¿Cuál es el presupuesto anual que tienen es este momento?
-Lo que la Ley indica son $4 millones anuales y nos dijeron un 25% a un 30% de eso. Es casi salarios.
¿Por qué no se cumple la Ley por el tema fiscal?
-Eso fue una discusión que se dio a nivel de Hacienda. Ellos no vieron si era Coprocom, Ambiente y Energía, o Migración, solo dijeron ahí se recorta. No deberían incumplir la ley. La Ley no establece excepciones.
¿Igual hay gente que gana con una Coprocom desarmada?
-Claro. Hay sectores que les conviene que la agencia de competencia sea débil para que el subterfugio que utilizan para empobrecer más al país continúe. Hay que tener claro que la autoridad de Competencia en Costa Rica y cualquier otro país del mundo se enfrenta a intereses económicos muy grandes. Los grupos que ganan con que la autoridad no sea independiente, autónoma, y que sea una autoridad fuerte y con dientes son los agentes económicos más grandes.
¿El Ministerio de Hacienda les ata las manos?
-Confiamos en que Hacienda nos va a dar la mano, estamos preparando la posibilidad de un presupuesto extraordinario y esperamos la colaboración dinámica de Hacienda en ese proceso.
El tema es que la gente no lo ve prioritario, ¿No cree usted?
-Es parte del reto que tenemos: visibilizar la importancia de la política de competencia dentro de la agenda nacional.
¿Ustedes corren el riesgo de ser demandados?
-Sí, ocurrió con el caso Credomatic y al final salieron bien librados. Sin embargo, las resoluciones técnicas se defienden solas.
¿Se endurecieron las sanciones?
-Antes se calculaba con salarios mínimos, la multa no llegaba a representar mayor cosa, ahora se calcula con base en el 10% de las ventas del agente económico sancionado, y eso sí les puede representar un monto mucho más alto. También hay un programa de clemencia y lo que da es la posibilidad de que una empresa que haya cometido una práctica monopólica y solicitar una reducción de la sanción, es ir a denunciar que formaron parte de un cartel.
EXTRADIRECTO
• Agencia de competencia nacional: Instrumento para incentivar la economía
• Coprocom: Independiente
• Ministerio de Hacienda: Sería un gran apoyo
• Ley 9736: Avance importante para el orden público del país
• Ley de Competencia: Fundamental para todo país
• OMC: Competitividad
• Monopolio: Daño
• Regular precio del arroz: Modelo debe ser revisado
• Presupuesto: Una necesidad inherente a las funciones
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Miércoles 24 de Marzo, 2021
HORA: 12:00 AM
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