Una presunta maniobra ilegal desde la Tesorería Nacional para evitar el cierre del desaparecido Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) es lo que investiga la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Así lo confirmó la oficina de Prensa del Ministerio Público, luego de que ayer se realizaran varios allanamientos relacionados con este caso, el cual se maneja bajo la causa 20-000115-1218-PE.
Figuran como imputados cinco personas: el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; Helio Fallas Venegas, exministro de Hacienda; Marta Cubillo Jiménez, extesorera nacional; Sergio Alfaro Salas, extitular de la Presidencia; y otra de apellido Arroyo, cuyo nombre no trascendió pero se trataría de Mauricio Arroyo, actual subtesorero nacional.
La Fiscalía informó que investiga por los presuntos delitos de fraude de ley e influencia contra la Hacienda Pública. Este último ocurre cuando alguien en razón del cargo influye, dirige o condiciona, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público.
Los operativos se mantuvieron activos a lo largo del día en las casas de Fallas y Arroyo, en Curridabat y Naranjo de Alajuela, respectivamente, así como en tres oficinas centrales del Ministerio de Hacienda. El objetivo de los allanamientos es recabar prueba documental y tecnológica relevante para el desarrollo de la pesquisa.
Según la información obtenida hasta este momento por la Fapta, la investigación inició ya que, presuntamente, para dar apariencia de legalidad y con el fin de evitar el cierre de Bancrédito se cree que los imputados, durante su gestión en el gobierno, habrían realizado inversiones con fondos de la Tesorería Nacional en dicha entidad financiera, a pesar de que al parecer conocían que existía una posibilidad muy baja de retorno.
CONTRALORÍA DENUNCIÓ IRREGULARIDADES
La Fiscalía informó que el caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba. Esta fase es privada, por lo cual es toda la información que puede brindarse, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.
La Contraloría General de la República había presentado la denuncia ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades que el gobierno de Solís hizo en dicho banco poco antes de que se produjera su cierre.
Se habría agarrado plata del flujo de caja del presupuesto nacional para inyectarle liquidez a Bancrédito, pero “poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho periodo”, según el órgano contralor.
La comisión legislativa que indagó el caso determinó que la administración Solís Rivera estuvo en riesgo de perder hasta ¢131.000 millones en inversiones que realizó durante 2017.
En relación con la Tesorería Nacional también se investiga otra causa conocida como el “hueco fiscal”, pero es completamente distinta y se maneja bajo un expediente aparte: el 18-000159-0033-PE.
En esa también están implicados Solís, al mandatario Carlos Alvarado, Fallas nuevamente y Rocío Aguilar, exministra de Hacienda. Es por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
Se refiere a un faltante de ¢900 mil millones para cubrir las necesidades de financiamiento de la deuda pública durante la gestión de Aguilar, quien habría heredado el problema de su antecesor Fallas.
¿QUÉ SE INVESTIGA?
• Fraude de ley. La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir.
• Influencia contra la Hacienda Pública. Serán penados con prisión de dos a ocho años, el funcionario público y los demás sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo, influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin.
Fuente: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Miércoles 17 de Marzo, 2021
HORA: 12:00 AM
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