Al menos cinco diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) indican que votarán negativo o tienen dudas del expediente 21.336, conocido como Ley Marco de Empleo Público.
Pedro Muñoz, María Inés Solís, Pablo Heriberto Abarca y Rodolfo Peña han dicho que no votarán el proyecto, mientras que Shirley Díaz indicó que analiza el texto actualizado y buscará reiterar mociones.
Los otros miembros de la bancada, Erwen Masís, Óscar Cascante, Aracelly Salas y María Vita Monge, no se han manifestado sobre el tema.
MOTIVOS
Abarca señaló que desde octubre del año pasado advirtieron lo que debía incluir el proyecto y pedían al Gobierno su avance, pero no fue hasta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionó que comenzó a caminar.
“Dijimos que debía ser para todo el sector público y excluyeron a las empresas públicas en competencia y a las universidades. Dijimos que el salario global debía ser justo y que evitara riesgos de litigio, pero ahí se mantienen dos esquemas salariales permanentes con un efecto que se tendrán hasta dentro de 15 años y no de una forma más inmediata”, adujo el socialcristiano.
Agregó que no se establece contenido económico para las licencias que se están creando (licencias de paternidad y ampliar la de maternidad) y no hay una claridad en el tema de la rectoría, ya que se hace un traslado de competencias a Mideplan, así como un debilitamiento del Servicio Civil.
Lo único que reconocen como positivo es la restricción que se incluyó en el caso de las convenciones colectivas.
“En ese escenario nosotros no podemos apoyar un proyecto de empleo público que sirva sólo de moneda de cambio para que el gobierno siga pidiendo prestado y ‘jugando de vivo’ para decir que ya resolvió algo sin resolver absolutamente nada”, enfatizó Abarca.
Por su parte, Muñoz confirmó que votaría negativo el plan, alegando que es inconstitucional.
Mientras que Solís indicó que para votar positivo la iniciativa ella ocuparía estar segura de que se incluyen tres temas: a las universidades públicas, clarificar la rectoría del empleo público y quedar claro de dónde van a sacar el dinero para pagar las licencias que pretendes crearse.
El proyecto de Empleo Público requiere 38 votos para su aprobación en primer debate. Si supera esa etapa irá a consulta a la Sala Constitucional donde otros legisladores que lo adversan, como el frenteamplista José María Villalta o la oficialista Paola Vega, esperan que los magistrados se lo traigan abajo por los señalamientos y roces con la Carta Magna.
A QUIÉNES SE INCLUYE EN LA LEY
Esta ley es aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes entidades y órganos bajo el principio de Estado como patrono único:
a) Los poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sus órganos auxiliares y adscritos y el Tribunal Supremo de Elecciones, sin perjuicio del principio de separación de poderes establecido en la Constitución Política.
b) El sector público descentralizado institucional conformado por: instituciones autónomas y sus órganos adscritos, incluyendo universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social; instituciones semiautónomas y sus órganos adscritos y empresas públicas estatales.
c) El sector público descentralizado territorial conformado por las municipalidades, las ligas de municipalidades, los concejos municipales de distrito y sus empresas.
EXCLUSIONES
Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley a:
a) Los entes públicos no estatales.
b) Las empresas e instituciones públicas en competencia, salvo en lo relativo a las disposiciones sobre negociación colectiva.
c) El Benemérito Cuerpo de Bomberos.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Martes 16 de Marzo, 2021
HORA: 12:00 AM
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