Diario Extra - Conapdis confirma que pagó ¢1.300 millones

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), no tomó en cuenta la razonabilidad de precio a la hora de contratar al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para desarrollar un sitio web.
Esto quedó evidenciado ayer ante la Comisión de Asuntos de Discapacidad de la Asamblea Legislativa. La diputada María José Corrales, dejó claro que no importa si los dineros venían de un superávit libre, pues al final de cuentas siguen siendo fondos públicos.
Se trata del Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (Sicid). Sería la auditoría interna la que alertaría de supuestas irregularidades en el proceso de contratación del TEC, mismas que DIARIO EXTRA dio a conocer en exclusiva como parte de una investigación propia.
La legisladora cuestionó además que se pusiera un monto global del costo del sitio al firmar la carta de entendimiento con el Tecnológico, sin que se desglosara cuál iba a ser el precio de cada ítem, algo que no pudo explicar José Blanco, gerente del proyecto.
“No teníamos un referente, para determinar la razonabilidad de precios”, se limitó a decir ante una pregunta de la diputada Corrales. ¿Entonces cómo se llegó a un costo de ¢789 millones?; eso es algo que al menos hasta ayer no quedó claro. A la fecha el contrato ya va por ¢1.300 millones.

DOS CARTAS DE ENTENDIMIENTO

DIARIO EXTRA encontró dos cartas de entendimiento, una firmada por Isabel Chamorro, exdirectora del Conapdis con fecha del 23 de setiembre de 2016 donde no se menciona un monto y otra firmada por la actual directora ejecutiva Lizbeth Barrantes, de junio de 2017, donde aparecen incorporados los ¢789 millones.
Según los representantes de la entidad, el sitio web en cuestión es casi un referente mundial que ningún proveedor de soluciones tecnológicas en Costa Rica hubiera podido desarrollar excepto el TEC. De este modo, justifican que no hubiera otros oferentes.
Barrantes manifestó que eligieron al Tecnológico por su experiencia, específicamente por el desarrollo de Inclutec, que busca fomentar la inclusión social mediante la investigación aplicada e implementación de las tecnologías.
“Había que desarrollar normas de accesibilidad, por eso la apuesta por el TEC”, dijo. No obstante, la diputada Marulin Azofeifa, destacó que no encontró en ninguna parte del expediente de contratación alguna evidencia de la experiencia del Tecnológico en el desarrollo de sitios para personas con discapacidad.
“No hay nada en el expediente que diga que la experiencia del Tecnológico era capaz y evidente para llevar a cabo este proceso, este programa. Estamos hablando de recursos públicos”, añadió.
La diputada también puso en duda que el Conapdis defendiera la forma de contratación del TEC con base en un reglamento y un decreto siendo que la Ley y la Constitución están por encima de eso.
“El uso de los recursos del Conapdis me inquieta, se han girado más de ¢1.000 millones al tecnológico sin justificaciones razonables de peso hacia la población con discapacidad. Es preocupante que, en una contratación tan costosa, no exista ni un solo estudio técnico que respalde”, destacó Azofeifa.
Hizo un llamado a separar del cargo a Barrantes, y a Blanco, mientras se avanza con el proceso de investigación y así no entorpecer el mismo.
De igual modo, presentó una moción, para que Ericka Álvarez, presidenta de la junta directiva de Conapdis rinda cuentas ante los diputados.

“ANTENDER POBREZA NO
RESPONSABILIDAD DEL CONAPDIS”

Esta respuesta de Barrantes durante la comparecencia legislativa causó indignación entre las diputadas miembros de la comisión. Corrales manifestó que era preocupante esa aseveración de la funcionaria tomando en cuenta que el 54% de la población con discapacidad vive en condiciones de pobreza.
Frente a ello, la diputada Azofeifa no se quedó atrás y puso en evidencia las quejas que llegan constantemente a su despacho por la atención que da el Conapdis a la población con discapacidad.
Las declaraciones de Barrantes resultan curiosas, pues el punto 3 del acuerdo con el TEC dice textualmente que se daría una interconexión del Sicid con el Sinirube del IMAS y una incorporación de la ficha de inclusión social. Además, plantea la incorporación de variables determinadas por el Conapdis para la selección, análisis y pago a personas usuarias del Programa Pobreza y Discapacidad.
Tras los cuestionamientos de las diputadas, Barrantes intentó explicar que se refería que no se tomaron fondos de la partida del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) para este proyecto del Sicid, sino que venían de un superávit libre que solo podía ser usado en inversiones de este tipo. Además, recalcó que el desarrollo de este sitio web tuvo la bendición del Ministerio de Planificación (Mideplan), liderado hoy por María del Pilar Garrido.
La directora de Conapdis insistió en que no se trata de una base de datos, sino de una página web con información sobre y para las personas con discapacidad.
Entretanto, el asesor legal de la entidad, Francisco Azofeifa, dijo que el sistema se hizo con base en lineamientos de la Convención de los Derechos de Discapacidad que está por encima de la Constitución Política.
También explicaron que los lineamientos de contratación administrativa y la razonabilidad de precio surgieron luego de que se hubiera firmado la carta de entendimiento.