A pesar de los principios de rendición de cuentas y transparencia en la función pública, así como de los derechos de petición y acceso a la información, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se niega a facilitar a DIARIO EXTRA la lista completa con nombres, apellidos y números de cédula de los vacunados contra el Covid-19.
La institución, liderada por Román Macaya, alega que la información solicitada forma parte del expediente clínico, por tanto, es información confidencial que tienen el deber legal de reservar.
La Caja asume esta posición en momentos en que la Unión Médica Nacional (UMN) denuncia que decenas de funcionarios han sido vacunados contra el coronavirus a pesar de no tratarse de personal médico en primera línea de atención de la pandemia.
Como si eso fuera poco, El Periódico del Pueblo ha recibido una serie de denuncias de que al parecer se habría inmunizado a personas de familias pudientes sin tener la edad ni los factores de riesgo establecidos en los grupos de vacunación. Para colmo, se trataría de personas ligadas a la clase política.
Ese dato no se pudo corroborar tras la postura de la Caja de no facilitar la información.
La institución se escuda en el artículo 20 y 63 de la Ley Constitutiva de la Caja y en los reglamentos de Expediente de Salud y general de Hospitales Nacionales, que según ellos cobijan lo relacionado con la confidencialidad.
INFORMACIÓN ES PÚBLICA
Sin embargo, para el reconocido abogado constitucionalista Fabián Volio, la Caja se equivoca.
“En mi opinión, el derecho a la información y petición al gobierno no ha sido suspendido, por lo que están plenamente vigentes en este momento. Eso quiere decir que la Caja no se puede negar a entregar la lista pura y simple de los vacunados con nombres y apellidos, y hasta con su número de identidad, que es un dato público”, explicó Volio.
Continuó: “No se está pidiendo ninguna información privada como dirección de la casa, número de teléfono, ni las condiciones médicas específicas de las personas, por lo que la Caja tiene que entregar la lista con nombres, dos apellidos y número de cédula”.
Volio recalcó que, a pesar de la pandemia, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo suspendieron los derechos de petición y acceso a la información, por lo que siguen estando vigentes.
Así las cosas, Volio asegura que lo que DIARIO EXTRA está solicitando “es información pública”. A eso hay que sumarle que se han utilizado fondos públicos para comprar las dosis. “Las vacunas se han aplicado utilizando más gastos en cada una de las clínicas y hospitales del país, así que eso jamás puede considerarse información confidencial, que sí lo es el expediente médico”.
El reconocido abogado constitucionalista añadió: “La respuesta que da la Caja es completamente incorrecta”.
MÁS DE ¢47.700 MILLONES
Tal y como lo indicó Volio, la posición de la Caja se da a pesar de los millones de colones gastados en vacunas.
Si bien, en un inicio el gobierno dijo que gastaría $70 millones (unos ¢43 mil millones), a mediados de abril el Poder Ejecutivo confirmó por medio de un presupuesto extraordinario, el cual ya fue aprobado, que la suma total sería de $77 millones unos ¢47.700 millones.
Así las cosas, tan solo a la casa farmacéutica Pfizer se le pagó $36 millones por 3.000.075 dosis.
Con corte al 5 de marzo del 2021, la Caja ha aplicado 193.273 dosis, de las cuales 142.049 corresponden a la primera dosis y tan solo 51.224 a la segunda.
UNDECA:
“BASTA DE SECRETISMOS”
Para Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), los medios de prensa y el pueblo tienen todo el derecho de tener la información de primera mano, ya que no se está hablando de la parte del expediente médico, que sí es confidencial.
“La CCSS es una de las instituciones que más intimida a sus funcionarios, porque son las que menos dan información a criterio de que estarían violentando principios de confidencialidad. Nosotros hemos sido amenazados cuando hemos hecho denuncias de corrupción, y lo han hecho hasta con circulares, donde se nos prohíbe incluso a los trabajadores no decir nada. La CCSS es una institución represiva y en este momento también es una violadora de los derechos de que el pueblo pueda conocer a dónde ha habido trafico de influencias para esta vacunación. Creemos que el pueblo, los medios de prensa tienen que saber a quién se vacunó. Estamos hartos de secretismos”.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Lunes 08 de Marzo, 2021
HORA: 12:00 AM
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