La Contraloría General de la República (CGR) emitió una orden dirigida a la actual ministra de Trabajo Silvia Lara (oficio DFOE-SOC-0234) para que de forma inmediata recupere y ponga bajo resguardo la información sensible de la población que se utilizó para entregar el bono Proteger.
Así lo dio a conocer este jueves la contralora Marta Acosta, quien compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso, donde ratificó, además, los cuestionamientos y alertas que existen sobre la fiscalización de la entrega de este subsidio que el Gobierno realizó a causa de la pandemia del Covid-19.
Todo lo anterior tal y como lo dio a conocer DIARIO EXTRA en julio del año anterior, pues los datos del Bono Proteger quedaron en manos de la empresa Continum Data Center S.A., cuyo presidente es el empresario Adrián Lachner Castro, y estaba encargada de desarrollar el sistema y el mantenimiento.
Lachner aparece mencionado en la lista de los Papeles de Panamá, escándalo que representó la mayor filtración de documentos de la historia y el cual explotó ante la opinión pública mundial el 3 de abril de 2016, así lo revelo este medio hace casi un año, pero las mismas autoridades de gobierno omitieron tal detalle.
El diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) tuvieron acceso a documentos secretos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, al que medios internacionales consideran como el cuarto proveedor mundial de paraísos fiscales. La revelación incluye más de 11,5 millones de informaciones internas y en las que detallan la manera en que miles de personas ocultaron su patrimonio en sociedades situadas en paraísos fiscales.
En la página web www.offshoreleaks.icij.org, aparece mencionado el nombre de Lachner Castro.
La entidad con la que el sistema relaciona al empresario costarricense es TII Smart Solutions INC., en la cual aparece como accionista en el periodo entre el 13 de agosto de 1998 y el 15 de agosto de 2006.
La jurisdicción mencionada es de Islas Vírgenes Británicas y el estatus actual es de renuncia como agente.
MINISTERIO MANOS ARRIBA
Para entregar los dineros públicos a la población de forma más ágil, el Gobierno, por medio de la entonces ministra de Trabajo Geannina Dinarte, suscribió un convenio con esta empresa privada que ofreció los recursos tecnológicos para albergar la base de datos, pero nunca se acordó la forma en que estos retornarían al Estado, por ser sensibles. El convenio se había firmado el 2 de abril del 2020.
En una carta enviada a Silvia Lara Povedano Ministra de Trabajo, el ente contralor revela información que enciende las alertas
1. “Que mediante oficio N.° MTSS-DMT-OF-106-2021 del 08 de febrero de 2021, el MTSS informó que a nivel de la base de datos del Bono Proteger, la potestad de asignar los roles y de administrar dicha base de datos no está bajo control de ese Ministerio, sino del representante de la empresa donante”, violentando el artículo 25 del Decreto ejecutivo que rige el Bono.
2. “Que en reunión sostenida el 12 de febrero de 2021 con funcionarios del MTSS, la Contraloría General planteó consultas relacionadas con el otorgamiento de claves de acceso a la base de datos y al sistema, en cuyo caso, los funcionarios del MTSS refirieron para su atención al representante de la empresa donante, como la persona que podría atenderlas”
3. “Que mediante oficio N.° MTSS-DMT-OF-174-2021 del 15 de febrero de 2021, el MTSS adjuntó el oficio N.° MTSS-DMT-OF-423-2020, con el cual gestionó, en condición de propietario, la inscripción de la Base de Datos del Bono Proteger, ante la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (PRODHAB)”
4. “Que ante consulta planteada por la Contraloría General al MTSS, el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC), mediante correo electrónico del 16 de febrero de 2021, informó que no se habían analizado los roles y usuarios por asignar una vez que fueran recibidos los datos y la Plataforma del Bono Proteger”
5. “Que, dentro de este contexto, en reunión sostenida el 23 de febrero de 2021 con funcionarios del MTSS y el representante de la empresa donante de la plataforma Bono Proteger, la Contraloría General pudo observar que ese Ministerio no tenía la administración de la base de datos del Bono Proteger y tampoco había accedido a las respectivas bitácoras, pese a ser el responsable de dicha base de datos y tener la obligación de su administración”
6. “El 24 de febrero de 2021, mediante oficio N.° MTSS-DMT-OF-209-2021, el MTSS indicó que, formalmente, no cuenta con un mecanismo de control para ejercer funciones de supervisión y/o aprobación sobre el Administrador de la Base de Datos, más allá de lo estipulado en el convenio”.
El mismo ministerio de Trabajo, le reconoció a la Contraloría que no tenía mecanismos de supervisión y control sobre la base de datos tal y como lo había informado DIARIO EXTRA.
CONTRALORA ORDENA
RECUPERAR INFORMACIÓN
Marta Acosta recordó que el Decreto Ejecutivo Nº 42305-MTSS-MDHIS, que creó el Bono Proteger, establece que la base de datos debe ser administrada por la Dirección de Empléate del Ministerio de Trabajo, pero eso no ocurre así y por eso le ordena recuperar la información.
“Si bien es cierto la Administración se encuentra autorizada para la recepción de donaciones de entes privados para la atención de la emergencia (artículo 6 del Decreto Ejecutivo N.° 42227), tal autorización no exime al MTSS de apegarse al marco normativo y así asegurar que el bien o servicio donado se reciba y administre conforme con los principios y normas que rigen la sana gestión pública, así como las acciones diseñadas para lograr los objetivos del sistema de control interno, bajo la responsabilidad de sus jerarcas y titulares subordinados”, recalca la orden girada a la ministra de Trabajo.
“Evidentemente nos preocupa”, enfatizó Acosta.
Los datos sensibles de más de un millón de costarricenses están en esa base de datos.
La Contraloría establece como plazo máximo para recuperar la información el 17 de marzo.
El Subcontralor general, Bernal Aragón, indicó “No es una base de datos abierta o pública, es una base de datos que tiene información de los ciudadanos y debe respetarse y protegerse. Es información sensible que el Estado está obligado a proteger, y por eso la orden al ministerio de que se traiga esa base y la proteja”.
Entre las acciones solicitada con carácter de obligatoriedad y urgencia están:
- Solicitar al representante de la empresa donante, el traspaso de claves, roles y privilegios de administración para las bases de datos y repositorios
- Proceder con la inmediata remoción de toda clave y privilegio de administración y acceso de terceros a los datos del Bono Proteger.
- En caso de que el MTSS determine la necesidad de que algún privilegio actual se mantenga, debe documentar la justificación, así como controlar y administrar dichos permisos.
- Solicitar de inmediato al representante de la empresa donante, el acceso exclusivo del MTSS a las bitácoras de la base de datos.
- Certificar que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, todas las personas que han intervenido en cualquier fase del tratamiento de datos personales del Programa Bono Proteger, tienen conocimiento de su obligación legal de confidencialidad.
- Solicitar la totalidad de los respaldos que se hayan realizado de la información de la base de datos, acompañados de una declaración jurada de los anteriores responsables, donde se haga constar la no existencia de ningún respaldo adicional.
- Instruir a los funcionarios del MTSS con la autoridad y competencia técnica requeridas, proceder con la destrucción de cualquier copia de la información que se encuentre fuera de ese Ministerio.
MINISTRA DICE QUE HAY PROTOCOLOS
Sobre el tema la ministra Lara mediante un video indicó que la base debe ser trasladada al Ministerio de Trabajo.
“Para ese traslado conformé una comisión para exclusivamente garantizar que se haga de forma profesional, rigurosa y con el más absoluto apego a la legalidad y a los derechos a la privacidad de las personas”, mencionó la jerarca.
Agregó que el traslado se rige por un protocolo, plazos y responsables y que se inició esta misma semana.
DESMIENTEN A GEANNINA DINARTE
La contralora reafirmó que la autoría e informes realizados sobre las entregas del cono Proteger se hicieron con fundamentos técnicos y no son inventos como el gobierno ha dejado entrever en la voz de la ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte,
Enfatizó que las posibles filtraciones sumarían más de ¢15.000 millones de recursos públicos mal entregados y no “sólo” los ¢1.172 millones que la ministra Dinarte adujo, y consideró como una filtración “tolerable”.
“Vengo a reafirmar lo que la Contraloría expuso en su informe, que está técnicamente elaborado y el porcentaje nuestro de filtraciones no es comparable con el que señala el Ministerio de Trabajo ni el del IMAS, el tema nuestro es de bonos, y ellos hablan de bonos y personas que es incorrecto técnicamente hablando”, explicó Acosta.
La Contraloría enfocó su fiscalización en dos grupos. El grupo uno, son las personas que tenían afectación laboral (disminución de sus contratos, despidos y otros) ahí se detectó una posible filtración del 16.37% de los casos.
El grupo 2 son las personas en estado de informalidad, los trabajadores independientes y temporales que era mucho más difícil determinar la filtración con base de datos, así que se hicieron encuestas telefónicas, es una estimación y se habla de rangos, por montos de entre ¢3.700 y hasta más de ¢7.000 millones.
En conjunto entre los dos grupos se habla de dineros mal entregados entre ¢11.000 y ¢15.000 millones
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Viernes 05 de Marzo, 2021
HORA: 12:00 AM
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