Derecho de piso y cierre a la vista
Fabio Vega
La mayoría de los productores agrícolas de este país estamos endeudados por una u otra razón. No vemos la luz a pesar de emprendimientos realizados en tiempos pandémicos, que dieron al traste con un golpe al bolsillo.
En nuestro caso particular y de bautismo en la actividad arrocera, dos huracanes y una tormenta tropical nos dieron la bienvenida en un período que pintaba apto en clima. Nos informamos previamente en asuntos meteorológicos, seguros, padecimos el interminable calvario de tramitología financiera bancaria, exposición al chantaje de algunos vivillos y confianza mal depositada en los que dicen saber, para al final de cuentas quedar expuestos a la mano de Dios y al primer leñazo en el pago de derecho de piso en esta actividad.
Experimentamos el tortuoso camino a producir, con sus obstáculos internos e ilusiones vertidas en financiamiento y seguros, donde en las plataformas todo pareciera estar al alcance y color de rosa hasta que el pequeño y mediano agricultor, se lleva frente a sus narices un No de respuesta a sus gestiones.
Por eso apoyé sin tener beneficio alguno, la aprobación del proyecto 21.965 que condona el 100 por ciento de las deudas a 2.705 familias de trabajadores del agro, generadores de empleo, y que en su mayoría lidiaron en su momento y siguen, contra viento y marea, por llevar el plato con alimentos hasta la mesa familiar de los consumidores y a los detractores del sector agrícola.
Paralelo a este santiamén de penurias, duele escuchar al ministro de Agricultura Renato Alvarado, reconocer que tiró la toalla con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), al no cumplir esta con las funciones asignadas por ley y donde a criterio nuestro solo piensan en importar arroz por desabasto (libre de impuestos), sin preocuparse por incentivar la investigación, la innovación tecnológica y la producción local, al menos como lo dice el titular del agro, para tener seguridad alimentaria.
De ahí su rechazo a la reciente solicitud de Conarroz de importar 90.000 toneladas métricas de arroz en granza de las cuales autorizó 40.000, para dar espacio al fomento de la siembra local arrocera, ahora y por sus palabras bajo la batuta del Ministerio de Agricultura lo que se traduce, ante el eventual fracaso institucional, en el inicio de liquidación o cierre técnico de Conarroz.
Lamentable es saber que algunos de los representantes de los productores arroceros, por quienes se creó principalmente esa entidad, voten en la Junta solicitudes de desabasto, que desplazan la producción nacional, privilegiando con la compra de sobrantes del grano a agricultores de otros países y a cierto empresariado. Claro está y no sería nada extraño por los vientos de cambio, que ese desabasto por las 40.000 toneladas lo traiga el Consejo Nacional de Producción (CNP).
Duele informarse acerca de la oposición de Conarroz a proyectos legislativos dirigidos a autorizarla como operador de banca de segundo piso del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), para financiar siembra; y también ir en contra del Fondo de Sostenibilidad Arrocera, instrumento de auxilio a los productores en estabilizar o compensar la producción. Todo lo anterior, aparentemente, al no estar de acuerdo de que le pellizquen recursos de su pastel.
La lucha continúa, pues más allá de bajar la guardia hay que seguir en un país donde se come tres veces al día y cuyas autoridades deben proteger e incentivar el consumo con producción nacional no con importaciones libre de impuestos que solo privilegiarían con clavos de oro a una minoría.
