La Fiscalía General de la República recibió una denuncia por supuesta malversación de fondos y un posible conflicto de interés a lo interno de la Defensoría de los Habitantes.
El caso se relaciona con los dineros otorgados para el Proyecto País “Costa Rica un Modelo Sostenible de Prevención Combinada y Atención a la población de Hombres que tienen sexo con Hombres y Trans Femenina”, lo anterior específicamente para programas de VIH-Sida.
La información fue confirmada por fuentes cercanas del Ministerio Público a DIARIO EXTRA, las cuales indicaron que el caso se encuentra en la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José, donde se tramita bajo la gestión SICE -398-2021.
VÍNCULO
El presunto vínculo que cita la denuncia en el oficio FGR -233-2021 se daría entre Jeannette Carrillo Madrigal, directora del Área de Promoción del ente defensor, y su hija Yaruma Vásquez Carrillo, abogada de una organización que resulta beneficiada con los fondos para VIH.
Todo se origina cuando la Defensoría suscribe un Convenio Marco con el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos) el 7 de abril de 2016, lo cual contó con el aval de Juan Manuel Cordero González, quien en ese momento figuraba como defensor adjunto.
En el documento del que El Periódico del Pueblo tiene copia, Carrillo Madrigal fue designada como la responsable de la dirección de ese proceso.
Cita el convenio en la cláusula tercera: “la implementación y cumplimiento de las actividades mencionadas… estarán a cargo de las direcciones de Calidad de Vida y Promoción y Divulgación de Derechos. Las directoras de estas áreas actuarán como equipo coordinador de las actividades realizadas por la Defensoría”, en otras palabras, Carrillo tenía injerencia directa sobre las acciones.
De acuerdo con la cuarta cláusula del convenio, el monto total asignado para la intervención de la Defensoría iba de $101 mil a $491 mil, lo que al tipo de cambio de hoy equivale a unos ¢62 millones.
Según lo dispuesto, “estos fondos serán administrados en su totalidad por HIVOS como unidad ejecutora de los recursos y esta aprobará de previo las compras o contrataciones que proponga la Defensoría”.
Justamente este apartado deja en evidencia el aparente comportamiento irregular de Carillo, pues su hija Yaruma Vásquez fungió en ese momento como asesora legal en la organización Acciones Estratégicas por los Derechos Humanos (Acceder), es decir, que estando vinculada a la gestión del proyecto obtuvo varios miles de dólares.
Esta ONG a su vez es parte integrante del Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), el cual en este proyecto VIH es una de los mayores captadores de recursos, identificado en el convenio de la Defensoría como “Sub receptor 05”.
SUBRECEPTOR BENEFICIARIO
En 2017 hubo más recursos para el proyecto, mediante un adendum suscrito el 11 de julio de ese año se dispuso una ampliación al convenio existente y en donde se estableció que el FDI sería la entidad que coordinara el Subreceptor 05.
Dicha organización recibió $204.720 de los $2,8 millones del proyecto que se destina al país, según consta en un informe financiero auditado al 31 de diciembre de 2017.
El FDI está integrado por una serie de organizaciones, entre ellas se encuentran Acciones Estratégicas por los Derechos Humanos (Acceder), organización donde se ubica a Yaruma Vásquez Carrillo, quien es hija de Carrillo Madrigal.
Cita la denuncia en el punto 1.6 de La relación de hechos “en la cláusula sexta se contempla la contratación de organizaciones de la sociedad civil denominada subreceptoras, señalándose en el marco de dicha cláusula que debido a la naturaleza de intervención de la Defensoría será específicamente relevante la coordinación de las actividades con la Subreceptora 05 (…) A tal efecto, la Defensoría designará una persona dentro de su equipo encargada de monitoreo para coordinar esta labor con la Subreceptora 05 tal designación recayó en el funcionario Federico Monge, subordinado de la Directora de Promoción y Divulgación, Jeannette Carillo Madrigal”.
PIDEN INVESTIGAR
La denuncia llega en momentos en que la Defensoría de los Habitantes anunció a inicios de la semana anterior su retiro del proyecto “Costa Rica: transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico (Hivos)” y el cual se hará efectivo a partir del 10 de marzo de 2021.
En el oficio DH-0118-2021 que envió el órgano defensor, Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, justificó a Tanja Lubbers, directora regional para la Oficina del Instituto Humanista para la Cooperación con los países en Desarrollo, por los motivos de naturaleza legales y jurídicos, además de presupuestarios, que la llevaron a tomar esa decisión, al parecer, entre estos también figura la denuncia.
La denuncia de la cual DIARIO EXTRA tiene copia ingresó ante la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito de San José el pasado 11 de febrero y el trámite se le dio curso el 16 de ese mes.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Lunes 01 de Marzo, 2021
HORA: 12:00 AM
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