Agricultores bajo la lupa legislativa
Fabio Vega
La presión mediática desde el norte de la capital josefina, tiene temblando a ciertos diputados y hasta a la primera silla en Zapote, al entrar a plenario el proyecto 21.965: “Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo ante Emergencia por Covid-19”.
Está iniciativa de legisladores de diversas fracciones, autoriza a la Secretaria Técnica del SBD, a condonar el 100 por ciento de las deudas por un monto aproximado a los ¢6.200 millones.
Con este proyecto se beneficiarán 2.705 familias, que contrario a los grandes empresarios que recibieron una amnistía tributaria, no cuentan con recursos para el pago de compromisos.
El perdón, al que se acogieron una parte de empresas y entidades públicas, fue aprobado en el paquete de reformas fiscales, gracias al voto, sin presión mediática, generoso de una mayoría legislativa.
En su oportunidad un grupo de empresarios recibieron del Ministerio de Hacienda la condonación de ¢194.000 millones en intereses y multas, una cifra muy alta a par de los ¢6.200 millones de los agricultores.
Esa carrera por conseguir recursos, a sabiendas de recibir un perdón, no la pueden realizar los pequeños y medianos productores, quebrados en su economía, golpeada por los impactos del cambio climático en sus cultivos y bolsillos, y agravada por la pandemia del coronavirus.
Hoy los legisladores sacan la lupa para ensañanarse desde sus curules contra la gente pobre y humilde que solo sabe labrar la tierra. No vimos, meses atrás, ese cristal en el caso de los evasores de impuestos como si lo tienen algunos bajo la lupa a los agricultores.
Olvidan los diputados y diputadas, que se trata de familias trabajadoras del agro, a las que llegarán estos a buscar el voto en su condición de aspirantes a la Presidencia de la República, en el proceso 2022.
Es cuestión de igualdad ciudadana desde las curules, sin vicios discriminatorios, en el marco de un año electoral que está a la vuelta de la esquina y donde la factura a ellos y sus partidos, podría cobrarse en las urnas el primer domingo del próximo febrero.
Esperemos que el proyecto 21 965 haya recibido el respaldo legislativo y no el camino al archivo.
