Entidades públicas electrónicas
Adriana Schnyder
La tecnología nos ha demostrado que mediante el uso de plataformas digitales es posible prestar ordinariamente muchos servicios de una manera más eficiente, de tal forma que, aquellos servicios que tradicionalmente se dan en ventanilla, ahora puedan brindarse mediante portales electrónicos.
Desde hace varios años, nuestro país ha destinado importantes esfuerzos en proveer de plataformas digitales a las distintas administraciones, sin embargo, el reto sigue vigente. Quedan algunas barreras por superar, por ejemplo: la integración de sistemas propios de la Administración Pública al ámbito digital, el cumplimiento de normativas de seguridad de la información, la limitación en los recursos y la aplicación de plataformas amigables con el usuario.
Ahora bien, independientemente de los retos existentes, muchos trámites se realizan hoy en línea. El concepto tradicional de acceso a las administraciones públicas se mantiene incluso en el ámbito digital, por ello, los principios que rigen todo servicio público (universalidad, accesibilidad, eficacia, transparencia, responsabilidad, continuidad y equidad tarifaria) deben respetarse.
El uso de las administraciones electrónicas, más allá de ser una respuesta a las necesidades modernas, ha sido reconocido por la Sala Constitucional como un derecho fundamental de cuarta generación, denominado “derecho de las personas de relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas”. Este reconocimiento es un capítulo más en el desarrollo del gobierno digital y supone, además, que las Administraciones no solo pongan plataformas electrónicas a disposición de los ciudadanos, sino que estén también interrelacionadas entre sí a fin de simplificar los procedimientos.
Recientemente se aprobó, en la Asamblea Legislativa, el expediente 21.180, denominado “Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital”, cuyo objeto es que dicho nuevo órgano sea el encargado de implementar y ejecutar los servicios y los proyectos estratégicos para las instituciones de la Administración Pública en materia de gobierno digital, con el fin de proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y transparente a los servicios públicos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En efecto, la relación entre el administrado y la Administración podría decirse que se ha estrechado. Hoy es más sencillo tener acceso a la información, a los trámites e incluso requerir citas presenciales sin necesidad de acudir a hacer largas filas. Todo ello evidencia que los servicios digitales permiten a la Administración ofrecer un servicio de calidad, conforme abre el camino para futuras y mejores interacciones entre el Estado y los ciudadanos.
*Deloitte Legal
