Sigue la fiesta de los puestos por argolla...

Editorial

¡Una piñata! En eso se convirtieron las plazas vacantes del sector público para el Gobierno y muchos funcionarios, quienes a sabiendas de que violan la ley meten padres, hijos, hermanos, novias, amantes, amigos… ¡cuanta gente puedan para dejarla pegada con goma loca en la planilla estatal!
Definitivamente el descaro resulta total, al punto que ya ni les importa si tienen o no atestados, tuercen las normas vigentes a su favor y llenan los cupos en entidades del Estado saltándose todos los requisitos.
Es más, existen quienes se dan el tupé de atropellar los derechos de otros trabajadores con años de experiencia y preparación, los marginan de los concursos internos y modifican las reglas para literalmente encajar a sus allegados.
Una buena cantidad de jefaturas sienten que ya van de salida, pues a este Gobierno le queda poco más de un año, sin embargo, como de costumbre empiezan las prebendas políticas y los pagos de favores premiados con plazas en propiedad.
Para muestra varios botones. El Directorio de la Asamblea Legislativa, como lo dio a conocer de forma exclusiva DIARIO EXTRA en la edición de este lunes, avaló al menos 19 nombramientos en plazas a lo interno del Congreso.
Lo anterior evidentemente pasó por encima de una norma que los mismos diputados aprobaron en el Presupuesto Nacional 2021, la cual impide estas designaciones.
Tras nuestras denuncias el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, adujo que se trató de un error involuntario. Por favor, ya los ciudadanos costarricenses estamos hartos de las excusas, la negligencia e inobservancia de los burócratas que piensan que todavía nos chupamos el dedo.
No es posible que la ley no castigue a los jerarcas que usan su poder para meter a la familia a llenar plazas vacantes. Por eso es que estamos como estamos, hay quienes parecen vampiros succionado todo lo que puedan del Gobierno, del propio Estado.
Estos tiempos de precampaña los usan para pagar los favores a un montón de súbditos antes de que termine la gestión y eso es ilegal por los cuatro costados, pero como la administración de justicia tampoco hace nada, entonces arman festín.
Lo mismo está sucediendo en el Consejo de Transporte Público (CTP). La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) denuncia los nombramientos de familiares y amigos hasta del mismo director ejecutivo, Manuel Vega.
Estas denuncias caen como anillo al dedo, luego de que la Contraloría General de la República dijera en un reciente informe que los procesos de reclutamiento en esa dependencia se tornan muy débiles.
Muchos de estos puestos fueron otorgados a personal que nunca ha ganado el examen del Servicio Civil, tampoco cumple con los atestados que requieren los cargos y, peor aún, fueron hechos verbalmente o dados por herencia.
También, hace apenas unos días, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reconoció que efectivamente antes del 30 de diciembre se efectuaron 58 nombramientos interinos, al parecer fueron plazas asignadas a dedo, como la de la exjefa de despacho del ministro Renato Alvarado.
Y, en noviembre de 2020, un informe de la Contraloría reveló que en el 63% de los nombramientos del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) no había ninguna evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos del personal para asumir su cargo.
La lista resulta extensa, los abusados se cuentan por montones, parece que violar las leyes se volvió un deporte en este país y posiblemente seamos cuna de campeones mundiales. Pero ese no es el único problema, porque hay miles de trabajadores que llegaron a sus puestos por argollas y sin mérito alguno, por eso se nota a leguas en muchos casos la pésima calidad de los servicios, atención al cliente, inoperancia en trámites, chorizos con compras millonarias, uso indebido de recursos públicos y un sinfín de conductas inmorales. Basta ya, pongámosle un alto a tanto descaro.