Gravar ROP: grave injusticia que puede remediarse
Lic. Jimmy Bolaños González
Nos anuncia el gobierno que en sus negociaciones con el FMI pretende ponerle un impuesto anual de un 7,5% a los intereses que mes a mes los trabajadores recibimos por los ahorros que vamos acumulando en el Fondo Obligatorio de Pensiones con lo cual espera recaudar un 0,17% del PIB.
Ese impuesto afecta en forma grave a cientos de miles de trabajadores, ya que la propia Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar Montoya, señaló que aprobar ese impuesto va a significar una disminución de un 10% en el monto que acumulen las pensiones después de toda una vida laboral de 40 años.
Resulta que las pensiones de la CCSS tienen un déficit actuarial de 100 billones de colones y la Junta Directiva de esa institución se apresta a aprobar en los próximos meses de este año 2021 una serie de reformas en perjuicio de los futuros pensionados, debido a que el régimen del IVM carece de la necesaria sostenibilidad financiera más allá de 20 años, con el agravante de que cada día hay menos cotizantes por cantidad de pensionados por el envejecimiento de la población.
Resulta paradójico que, en vez de fortalecer el sistema de pensiones, en sus diversos pilares, existan autoridades políticas que pretendan hacer todo lo contrario, desprotegiendo más y más a las personas trabajadoras en algo tan sensible socialmente como su futura jubilación.
¿Qué se puede hacer? Si no queda otro remedio que no sea el aumentar los impuestos, estimo que lo apropiado y justo es que esa carga impositiva recaiga no sobre el 95% de los trabajadores y sus familias con el impuesto al ROP, sino que se traslada a quienes poseen la mayor riqueza y capacidad contributiva: el 5% de la población más rica del país.
¿Cómo se puede hacer eso? El propio Poder Ejecutivo en su propuesta al FMI habla también de un nuevo impuesto a las casas de lujo, que son aquellas con un valor de más de 200 millones de colones, es decir, unos USD $310.000 o más. Ese impuesto sustituiría el actual impuesto solidario a las casas de lujo y Hacienda propone que sea de un 0,50% del valor fiscal de esas mansiones, con lo cual estima recaudar un 0,20% del PIB.
Pues bien, la propuesta que razonablemente hago a toda la clase política tomadora de decisiones es que ese impuesto a las casas de lujo no sea de un 0,50% sino de un 1% anual, con lo cual, al recaudarse la misma cantidad que con el impuesto a los intereses del ROP, no se afecta a las pensiones de más de un millón y medio de personas trabajadoras.
¿Por qué es justa esta propuesta del 1%? Por la sencilla razón de que hoy en día un vehículo Porche 2019, que es el más caro del país, vale los $310.000 en que está valorada una casa de lujo, y sobre este altísimo monto paga un marchamo por ese vehículo de un 3,5%, lo que significan más de 8 millones de colones al año… entonces cómo es posible que alguien con una mansión de $310.000 no pueda pagar 2 millones de colones al año, que es el 1% que propongo.
Si la razón impera, y no los intereses de unos pocos, esta medida es la que debe adoptarse a fin de beneficiar al mayor número, logrando así evitar afectar el sistema de pensiones, que es uno de los pilares del Estado social de Derecho del que nos preciamos los y las costarricenses.
