El gobierno está valorando no aplicar la regla fiscal debido a la emergencia que se ha presentado por la pandemia y que podría llevar a un mayor gasto público.
La regla fiscal implica que el gasto no puede elevarse más allá cuando alcance cierto nivel la deuda pública. El país está cerca de llegar a ese límite del 60% de deuda en relación al PIB (Producto Interno Bruto).
La ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, dijo que la misma Ley 9.635 para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, prevé no aplicarla cuando hay una declaratoria de emergencia.
Actualmente se encuentran analizando las necesidades de financiamiento en la parte sanitaria y social y la atención de las personas que han perdido sus ingresos a raíz de la pandemia.
“En caso de ser necesario lo estaríamos aplicando, pero solo para las instituciones vinculadas a la atención de la emergencia, no a todo el sector público”, aclaró Garrido.
“Hay dos posibilidades de no aplicar la regla fiscal. En caso de emergencia para sectores clave de la atención integral de la misma, por ejemplo, Salud e IMAS. Siempre y cuando los recursos necesarios para la emergencia superen el 0,3% del PIB.
El segundo escenario es como medida contracíclica, cuando la economía crece a 1% o menos. Estamos valorando desaplicar la regla ante esos dos escenarios. Se tomarán todas las medidas necesarias para proteger el empleo, el tejido social y productivo y para prevenir que la crisis por pandemia se convierta en una crisis estructural”, dijo Garrido ante una consulta de DIARIO EXTRA.
La jerarca manifestó que todavía el Banco Central no ha hecho una estimación de cuánto menos crecerá la producción a raíz de la emergencia.
ECONOMISTAS ANTICIPAN ESCENARIOS
Un grupo de economistas del Observatorio de la Universidad Nacional del que forma parte el ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez había hablado de la posibilidad.
Esto habían concordado con la necesidad de desaplicar la regla fiscal durante los años 2020 y 2021.
Lo anterior para atender los impactos de esta situación de crisis podría requerir que se dirijan más recursos públicos a determinadas áreas.
Consideraron como parte de su análisis, que sería casi seguro que se supere el 60% del PIB en deuda del gobierno central este año, lo que implicaría medidas más estrictas de control de gasto.
“La atención de la situación de crisis económica que surgiría del tema del COVID-19 sería incompatible con la aplicación de la regla fiscal”, señalaron en su informe.
Frente a este escenario, llamaron a hacer una valoración de la necesidad de plantear un segundo paquete de ajustes fiscales, que complemente el aprobado en diciembre del 2018.
“El impacto fiscal de esta situación será importante y podría complicar que el país se inserte en una senda de sostenibilidad de su deuda pública en el mediano y largo plazos”, dijeron.
El problema es que la emergencia se presenta en momentos en que el déficit fiscal amenaza con llegar a un 6% del PIB.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Miércoles 25 Marzo, 2020
HORA: 12:00 AM
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