Con bombos y platillos el Ministerio de Justicia y Paz anunció la baja en el hacinamiento que enfrentan las cárceles del país que hasta noviembre anterior era del 39,6% y al arrancar el 2020 bajó al 30,8%, lo cual significa una baja de casi un 9%.
Sin dudas es una buena noticia por la mejora que significa para las condiciones de los privados de libertad, pero los policías penitenciarios no consideran que para ellos sea tan positivo, pues aseguran que no se ha incrementado la cantidad de oficiales, lo cual significa un detrimento de sus condiciones laborales.
Así lo denunció Susan Quirós, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), quien afirmó ya pidieron a la ministra Marcia González que se tomen cartas en el asunto para evitar que lo positivo se termine convirtiendo en todo lo contrario.
El tema de la reducción se logró gracias a la construcción de más de 2.051 espacios penitenciarios en los centros Jorge Arturo Montero (San Rafael de Alajuela), Vilma Curling (Desamparados), Carlos Luis Fallas (Pococí), Marcus Garvey (Limón), CAI Liberia, UAI 20 de Diciembre (Puntarenas) y San Agustín (Heredia), que permitieron movilizar a igual cantidad de encarcelados.
“Esto no ha sido fácil, dado el crecimiento importante de la población penitenciaria desde que iniciamos esta administración, en el 2018 tuvimos un crecimiento del 1% mensual, en el 2019 fue de 0,7%, que en números son cerca de 2.000 personas adicionales”, señaló González.
Ahora la idea es que para 2020 se tengan nuevas construcciones, una de ellas es el llamado Proyecto Terrazas, que significa 1.248 personas en la antigua Reforma.
MOLESTIA
Todo lo anterior preocupa a los integrantes de la Policía Penitenciaria, ya que solo, para poner un ejemplo, cuando se abrió el llamado Proyecto Arcos Modulares se hizo el traslado de 449 privados de libertad por cada 25 oficiales.
“No hay un dormitorio para la Policía Penitenciaria, cuya reserva se encuentra dispersa en los distintos dormitorios del Centro Jorge Arturo Montero Castro, algunos a más de un kilómetro del centro, lo cual compromete una reacción rápida en una eventual emergencia, poniendo en riesgo la seguridad institucional y de la propia población privada de libertad”, indicó Quirós.
Agregó que actualmente hay un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública que consistía en el préstamo de 50 agentes de policía para estas instalaciones, pero vence el 31 de enero de 2020 y hasta donde se sabe se perderán luego.
“¿Con qué personal mantendrán la custodia a partir de esa fecha? Será que van a mermar aún más el recurso humano ya de por si escaso en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, lo cual provocará mayor rezago en el disfrute de vacaciones, recargo de funciones y mayor presión para que se irrespete el derecho al descanso”, añadió.
BUSCAN PLAZAS
Al respecto la jerarca de Justicia aseguró que son conscientes del tema y por eso trabajan para tener más plazas con el propósito de que haya vigilancia en los nuevos espacios.
“El compromiso del gobierno son 300 plazas, de las cuales 100 se van a enviar en el primer presupuesto extraordinario de este año y las otras 200 que estén para cuando se abra el Proyecto Terrazas, que es de lo más grande”, afirmó.
Además, señaló que buscan otras plazas administrativas que vendrán de otros ministerios y la idea es contar con todo lo necesario para que las nuevas construcciones funcionen adecuadamente.
“Este año vamos a contar con esas plazas porque la población ha crecido un 13% y no hemos podido contar con plazas adicionales”, reconoció la ministra.
Se espera este año tener las mediciones de la carga de trabajo de los oficiales para determinar si es posible un reacomodo o cuántos más se necesitan.
