Con 38 votos a favor y solo 6 en contra (todos del Partido Acción Ciudadana), los diputados aprobaron este lunes solicitarle a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) abrir una investigación contra el presidente Carlos Alvarado.
El objetivo es que la PEP determine si el mandatario violó el deber de probidad al no revertir la suspensión y remoción de los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), que fueron cuestionados por el caso mediáticamente conocido como el Cementazo.
Hay que recordar que, en octubre del 2017, el expresidente Luis Guillermo Solís -contra quien también quedó en firme una nueva investigación por presuntas faltas éticas- suspendió a los entonces directivos Mónica Segnini, Evita Arguedas, Francisco Molina, Paola Mora y Alberto Raven, luego de que estos se negaran a renunciar.
Ese proceso continuó hasta mediados de diciembre del 2018, cuando el hoy exministro de la Presidencia Rodolfo Piza anunció la determinación de la administración actual de despedir a Segnini, Molina y Mora, quienes para esa fecha llevaban más de un año suspendidos.
Dicha decisión se basó en dos resoluciones: una que concluía que Mora habría incumplido el deber de probidad y otra que apuntaba que Segnini y Molina habrían contribuido al debilitamiento de la cultura corporativa.
“El expresidente Solís cuando, en ese entonces, removió la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, faltó a la verdad, dado al argumento que dio que había acogido una recomendación de la Sugef. Cuando compareció el superintendente Javier Cascante desmintió totalmente dicha versión, ya que aseguró que en ningún momento él ni de forma verbal, ni por escrito, pidió que removieran a esos exfuncionarios.
Es más, se violentó el artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, porque ningún directivo de una de estas entidades puede removerse antes del periodo por el cual fue nombrado, a excepción de que falten al deber de probidad y eso en ningún momento existió”, explicó este lunes Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano.
Agregó: “A eso le continua que, al entrar Carlos Alvarado, en lugar de ver si procedía esa suspensión, lo que hizo fue removerlos y nombrar una nueva Junta Directiva en el Banco de Costa Rica. Todo eso pasó en momentos donde tanto se habla de estrechez fiscal, porque es evidente que todas esas determinaciones representaron dinero”.
AL MINISTERIO PÚBLICO
Otro dato importante a señalar es que con votación afirmativa del informe de mayoría de la comisión que investigó lo relacionado a la resolución de la PEP a favor del expresidente Luis Guillermo Solís (expediente 20.877), además de ordenarle al órgano procurador reabrir el caso contra el exmandatario, le remite todos los insumos ahí estudiados al Ministerio Público para lo que corresponda.
En específico la mayoría de congresistas cree que hubo un posible favorecimiento por parte del ente procurador a favor del expresidente, razón por la que este lunes ordenan reabrir la investigación contra Solís.
Los parlamentarios no comprenden cómo esta entidad que lideraba en ese momento el entonces procurador Ronald Víquez no ordenó una investigación alterna sobre el caso, más aún cuando la pasada comisión del cemento chino entregó 32 mil folios sobre el tema.
La Procuraduría resolvió todo en tres meses sin llamar a entrevista a ningún testigo, además se desconoce cómo se construyó dicha resolución.
De hecho, con la luz verde del Plenario también se pide indagar al exprocurador Víquez.
PERIODISTA: Marco Antonio González
CRÉDITOS: Fotos: Jesús Ramírez
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Martes 17 Septiembre, 2019
HORA: 12:00 AM
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