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Nacionales

UCR niega plaza a profe por no ser marxista

  • Carteles que encontraba la profesora pegados en su oficina o baño

  • Carteles que encontraba la profesora pegados en su oficina o baño

  • Resolución a favor de la educadora con fecha del 19 de agosto

  • Bercy Silva espera sentar un precedente para que este tipo de situaciones no se repitan

Una profesora interina de la Universidad de Costa Rica (UCR) denunció que la casa de enseñanza le negó media plaza para trabajar como docente en el campo de Trabajo Social por ser sindicalista, tener título de maestría de una universidad privada y no seguir la ideología marxista.

Se trata de Bercy Silva, quien actualmente tiene el cargo de secretaria general adjunta del Sindicato de Trabajadores de la UCR (Sindeu).

Ante la situación presentada en octubre del 2018, la profesora afectada presentó un proceso de fuero especial ante el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José, el cual se tramitó bajo el expediente 19-000847-0173-LA-0, del cual DIARIO EXTRA tiene copia. Al ser analizado el caso por el juez decisor David Abarca, le dio la razón a la profesional mediante la resolución 2019001261.

 

¿QUÉ PASÓ?

 

Silva participó en el concurso para obtener media plaza como docente en el área de Trabajo Social en la sede de la UCR en San Ramón, inclusive presentó todos los atestados cumpliendo con los requisitos, según aseguró su abogado Guillermo Bonilla.

“En una asamblea de la Unidad Académica de esa sede realizada el 10 de octubre el año anterior compuesta por profesores en propiedad, se determinó que ella no iba a poder ocupar la plaza por tres razones: era trabajadora sindicalizada, que la ideología era distinta a la escuela y que el título de maestría en Terapia Familiar Sistémica, parte del requisito, era de una universidad privada”, manifestó el defensor.

Añadió que si bien es cierto esos argumentos no se expusieron de forma detallada y clara, algunos de los profesores en la asamblea manifestaron que, al ser dirigente sindical, todo lo resuelve llamando a los representantes del Sindeu y no era conveniente arreglar los problemas de esa manera. Aunado a ello, el abogado mencionó que parte de los alegatos fueron que Silva tiene ideología capitalista, aspecto incoherente siendo dirigente sindical.

El defensor adujo que respecto al título le dijeron que al aceptar graduados de universidades privadas se estaría haciendo negocio para esas instituciones, ya que cualquier persona se forma ahí y ve sencillo presentarlos al sector público.

 

CUERPO PARALIZADO

 

Durante el proceso que duró el concurso, la docente sufrió ataques por parte de estudiantes, quienes le pegaban carteles en su oficina y baño que utilizaba en la UCR de Occidente. A pesar de señalar que ella tenía buena relación con los universitarios, los jóvenes le escribieron letreros con mensajes: “BSJ Profesional? Materia: Zorra”. Además preguntaban cómo calificar a Silva de 0 a 10.

“Esa situación fue muy ofensiva, hasta se paralizó parte de mi cuerpo por el estrés a tal punto que terminé siendo atendida en el Instituto Nacional de Seguros (INS). Yo llegaba a la U y lloraba por temor de ver más carteles o me rayaran la oficina”, relató.

 

PETITORIA

 

Al negarle la plaza, la denunciante solicitó al Juzgado de Trabajo que declarara nula la asamblea de la Unidad Académica y el concurso como desierto.

Además, pidió que se obligue a esa unidad evaluar bajo criterios objetivos el nombramiento y se haga nuevamente la asamblea para tomar en cuenta la postulación de Silva en un fecha pronta y oportuna.

Silva solicitó que se establezcan responsabilidades de ley sobre los funcionarios que la discriminaron, específicamente que se dé la remoción del cargo.

 

RESOLUCIÓN

 

Tras el análisis de las pruebas presentadas por Silva, el juez Abarca declaró con lugar el proceso de protección en fueros especiales interpuesto, de manera tal que expresó la nulidad de la asamblea de la Unidad Académica de la sede Occidente por el no nombramiento.

“Respeto al tema de las costas, deberá la vencida reconocer a la accionada, los costos procesales y personales del proceso (…), los cuales se fijan de manera prudencial en la suma de ¢500.000”, se lee en la sentencia.

El abogado Bonilla mencionó a El Periódico del Pueblo que la UCR presentó un recurso de casación, el cual debe ser visto por la Sala Segunda, aspecto que tardará varios meses y hasta que no haya un pronunciamiento de los magistrados la sentencia del Juzgado no queda en firme.

PERIODISTA: Sergio Jiménez

EMAIL: [email protected]

Jueves 12 Septiembre, 2019

HORA: 12:00 AM

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