No fue uno, sino cuatro los decretos para regular el capítulo de empleo incluido en la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas los que no se consultaron a las instituciones antes de su publicación.
El dato lo confirmó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante una consulta de DIARIO EXTRA.
Argumentó que la omisión se debió a la urgencia fiscal y es un mecanismo válido en casos como este en términos legales.
Sin embargo, los sindicatos son del criterio que la consulta debía hacerse y en caso de que privaran razones de fuerza mayor debieron quedar plasmadas por escrito, algo que no ocurrió.
Se trata de los decretos donde se pretendía esclarecer la forma de pago de las anualidades, dedicación exclusiva y los ascensos, pero al final presentaban varias contradicciones. Estos se publicaron entre febrero y agosto del presente año.
Los incisos 1 y 2 del artículo 361 de la Ley General de Administración Pública indican que esas consultas deben hacerse cuando hay una afectación directa a las instituciones.
A esta situación se suman los dictámenes de la Asesoría Jurídica de la Dirección General del Servicio Civil y de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde advierten que las nuevas reglas podrían reñir con derechos de los trabajadores.
Parte del problema es que, a diferencia de los impuestos, en el caso de empleo público los cambios entraron a regir una vez publicada la ley, es decir que no hubo un margen de tiempo para analizar más la situación.
No obstante, estos vacíos podrían hacer que el tema finalmente termine siendo dilucidado por los Tribunales de Justicia.
Para Walter Quesada, asesor jurídico del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), el criterio del Servicio Civil viene a demostrar que Hacienda y Mideplan no tuvieron los controles necesarios para entender que toda ley tiene un marco de referencia y no se pueden salir de él.
“La opinión del Servicio Civil viene a señalar los puntos sobre las íes a Hacienda sobre el marco de la ley y sus límites e interpretan el artículo 56 de la Ley 9.635 donde reconocen los derechos administrativos”, manifestó el abogado especialista en la materia.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), adujo que al final todo este embrollo terminaría resuelto por la Sala Constitucional.
ANEP interpuso una acción desde marzo, pues la tesis es que los cambios en empleo público incluidos en la ley debían regir solo para nuevos funcionarios y respetar las situaciones jurídicas consolidadas. “Refleja que hay un forcejeo dentro del mismo gobierno”, señaló.
• Albino Vargas
Secretario general, ANEP
“Rocío Aguilar quiere hacer todos los cambios en empleo público ‘manu militari’, es decir ella quiere que nadie le discuta, que nadie le discrepe, que nadie la cuestione. En la Dirección General del Servicio Civil tiene una visión más moderna de las relaciones de empleo público, que necesitan cambiarse, pero sin violaciones a los derechos o situaciones jurídicas consolidadas”.
• Marta Rodríguez
Secretaria Adjunta, Undeca
“El Servicio Civil nos da la razón a nosotros los trabajadores, los derechos deben respetarse. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el presidente Carlos Alvarado y los diputados tienen que entender que todavía estamos en un Estado de Derecho, no puede convertirse en un país con una dictadura como se pretende. Ya lo ha dicho el Servicio Civil, la Caja y el primer decreto de Mideplan”.
• Carlos Gómez
Secretario, Sindicato de Salud y Seguridad Social
“Hemos entendido que la ley planea que después del 4 diciembre de 2018, se juega con otras reglas del juego, eso todos lo tenemos claro. El problema es una maniobra un juego de poder, donde han metido a los empleados de la CCSS en un estado de huelga permanente y una huelga que parece no tener salida, donde no nos queda más que las medidas de presión. Los términos nominales y porcentuales están en la ley, lo que no queda claro es por qué Hacienda impone nuevas reglas posteriores al 20 de febrero”.
• Walter Quesada
Asesor Jurídico, Sinae
“En mi opinión pesa mucho ese dictamen que hizo el Servicio Civil porque tiene una expertiz y conocimiento grande de todo lo que tiene que ver con empleo y salario público. El Servicio Civil justamente fue creado para asegurar ese tipo de situaciones bajo idoneidad y justicia. El que haya criterios contrarios al de Mideplan y Hacienda amerita un fuerte debate, una investigación del Poder Ejecutivo, situaciones como estas están provocando un caos que no le favorecen a nadie”.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Colaboró el periodista Sergio Jiménez.
EMAIL: [email protected]
Miércoles 11 Septiembre, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA