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Opinión

Trabajar por el país

Lic. Roy Levell Brown

El poder legislativo recae en la Asamblea Legislativa, que es el órgano unicameral encargado de la aprobación y modificación de las leyes. En un régimen democrático, como el nuestro, es el Parlamento o Congreso que se encarga de la regulación de los derechos y de las responsabilidades de los ciudadanos, siempre de acuerdo a lo establecido por la Constitución. Los diputados o legisladores son los funcionarios encargados de proponer nuevas leyes y de modificar las ya existentes.

Los requisitos para ser diputado: 1- Ser ciudadano en ejercicio; 2- Ser costarricense, o por naturalización con diez años de residir en el país después de haber obtenido la nacionalidad; 3- Cumplir veinte un año de edad. Los diputados y diputadas duran en el ejercicio de sus cargos un periodo de cuatro años.

Hay tareas específicas relacionadas con las funciones de los diputados, también se puede señalar otras que son parte de su actividad rutinaria como: los diputados son los encargados de escuchar y recoger las necesidades de los ciudadanos, de tomar decisiones a favor de la comunidad, buscar y proponer soluciones a los problemas que aquejan a su provincia, deben de gestionar los recursos para mejorar la ciudad e informar por escrito ante el plenario. También son responsables de asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias, teniendo especial compromiso y atención a las comisiones que pertenezcan, y una función muy importante, que es velar por el respeto de los derechos humanos, bueno, algunas veces surgen problemas tan complejos en la sociedad que no da tregua al buen funcionario legislativo.

Para el ciudadano costarricense, la Asamblea Legislativa siempre ha representado la columna vertebral de nuestra democracia, pero últimamente están pasando cosas en esa sede de Cuesta de Moras que asustan. Por ahí dicen: son investigados unos exdiputados por los presuntos delitos de peculado y estafa, otro exlegislador con su esposa y hermana serán investigados como presuntos responsables de cometer los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Entre los casos más actuales, tenemos a un pastor y diputado puntarenense que, por medio de un audio, ofendió al Congreso y de feria se quejó de su salario de ¢4 millones, que no le alcanza. Hay otro caso de un legislador oficialista que está envuelto en la novela del cementazo y dice que no renunciará a la curul. Otro asunto, es sobre el proyecto de ley que pretende regular las huelgas; se considera una iniciativa de mucha importancia tanto para el sector productivo del país como para la sociedad costarricense, dicho proyecto, como tal, regula las huelgas en los servicios que se consideran esenciales, pero, todavía hay otros legisladores que insisten en legalizar las huelgas, y ¿qué mensaje le estarán enviando a los inversionistas extranjeros?

No hay ninguna ley que impida llegar a ese cargo de honor; mientras se cumpla con los requisitos de ciudadano nacional. Por respeto al pueblo costarricense, a todos los postulantes al puesto de diputado se debería revisar sus atestados académicos, cuentas económicas y hasta su vida personal, para saber con toda certeza a quién le estamos confiando el destino de nuestro país.

De alguna forma se debería blindar el ingreso de algunas gentes a la Asamblea que solo llegan a buscar su propio beneficio, o piensan que la plata crece en los árboles, sin pensar que fue el pueblo quien los eligió para conducir la patria por la senda del buen camino. No debemos ser indiferentes ante diputados que llegan a legislar en beneficio propio, alcaldes con dudosa reputación, personal de gobierno cuestionado y oportunistas, la dictadura sindical, entre otras cosas. Pues se necesita gente con ganas de trabajar por el país, y el gobierno debe mostrar confianza.

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Miércoles 11 Septiembre, 2019

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