Una reforma a la Ley de Contratación Administrativa plantea Marta Acosta, contralora general de la República.
Aseguró que con el cambio no se pretende dejar todos los procesos sin controles, pero se enfocará más en la gestión.
Además ahora quien no esté en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) no podrá contratar y esta vez va en serio.
La funcionaria conversó con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y Paola Hernández, directora de DIARIO EXTRA, sobre este y otros temas.
¿En qué consiste el proyecto de reforma a la Ley de Contratación Administrativa?
-Es un proyecto que hemos trabajado muy acompañados por algunos diputados y asesores, con el Poder Ejecutivo lo discutimos, con cámaras, con la academia, con abogados litigantes y los colegios. Se hicieron cinco talleres y más de 30 entrevistas, de modo tal que el documento final, una ley prácticamente nueva, ha sido un proceso muy interesante. El documento está bastante consensuado.
¿Qué tiene nuevo y trata de mejorar con respecto a la ley actual?
-El entorno de nuestro país cambió, las contrataciones son distintas, tenemos el tema de la tecnología y compras sustentables que no están en la ley actual. La ley actual se concentra en la contratación de un contratista y un proveedor, esta nueva propuesta incluye temas de planificación y ejecución. Hoy la planificación es muy débil, empiezan los proyectos y no están maduros para hacer los procesos de contratación. Esta ley genera más transparencia y se está obligando a todos a usar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Pero una ley obliga a todos a comprar por medio de un sistema único. ¿Cuál es la diferencia?
-Es una ley de 2016 o 2017, sin embargo la legislación dio un año a las instituciones y no se cumplió. Hacienda en ese momento no tuvo músculo para que todo el mundo se integrara. En la nueva Ley de Contratación Administrativa se hará un transitorio importante.
¿Recuerda lo de la unificación del Sicop?
-No lo recuerdo, pero ahora no podrá contratar si no está en el Sicop. También viene un tema de simplificación de trámites, la Contraloría dejará de hacer algunos controles que actualmente ejerce. Las contrataciones directas ya no serán autorizadas por la Contraloría. Habrá dos tipos de contratación, una mayor y una menor. Ahí hay un ahorro en tiempo importante. Entendemos que esto ha sido bien visto por todas las partes.
¿Nos quedamos sin controles?
-Partamos de que en las instituciones debe haber controles y la Contraloría también los tendrá, pero no es una ley de control, sino de gestión de las contrataciones. La idea es que facilite al Estado comprar aplicando los controles de rigor.
¿Qué pasa con las excepciones?
-Hay una cantidad de excepciones tan grande que prácticamente la administración contrata con excepción y esta ley viene a regularlo. Casi que quedan solo cinco, pero son verdaderas excepciones.
¿Tiene otras novedades?
-Se facilita la participación de grupos vulnerables de la sociedad, grupos de adultos mayores, mujeres y discapacitados, que podrán ofertar. Se les dan algunas condiciones. También para las pymes y mipymes habrá condiciones para que puedan participar.
¿Cuál es la necesidad de tener distintos regímenes especiales de contratación?
-Salirse de los controles de la Contraloría, diría yo. La idea es volver a un solo régimen de contratación administrativa, al país le conviene por seguridad jurídica.
¿Se presta para corrupción la contratación administrativa?
-Hicimos una encuesta hace dos años, en la que los propios proveedores dijeron que hay corrupción en contratación administrativa y hasta dijeron montos específicos en infraestructura y tecnología.
¿Usted comparte el criterio de que la CCSS quede fuera de la regla fiscal?
-Sí. Es la Sala IV la que lo está diciendo y la propia ley, somos respetuosos de ese tema. La Contraloría no estaría de acuerdo con no aplicar la regla fiscal a las municipalidades. También las universidades quieren estar fuera, pero por supuesto tampoco estamos de acuerdo.
¿Está bien que Hacienda revise el presupuesto de la CCSS?
-La Ley No.9635 estableció que será la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria la que certifique si las instituciones cumplen con la regla y será la Contraloría la que valore si se aprueba el presupuesto. Eso mismo sucedió con las universidades.
¿Qué pasa si las instituciones empiezan a salirse de la regla fiscal?
-El Gobierno central tiene altísimos niveles de endeudamiento, se espera que a fin de este año llegue a un 59% del PIB. Eso quiere decir que la deuda sigue aumentando, los intereses también y a mayor pago de intereses, mayor estrujamiento o presión para el resto de los gastos. La preocupación es que si la deuda sigue creciendo, el Estado no podrá operar adecuadamente. La regla viene a condicionar el gasto corriente.
Al pueblo se le vendió la idea de que con los impuestos no aumentaría el gasto, pero ahora el panorama es otro.
-Precisamente con la regla fiscal, que rige a partir del presupuesto del año entrante, se va a tratar de disminuir el crecimiento del gasto corriente para estabilizar la deuda.
Instituciones como la Corte, Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad consideran que no pueden trabajar con la regla fiscal, eso sin contar las municipalidades y las universidades. ¿Cómo harán?
-De acuerdo con la regla fiscal, el crecimiento del gasto corriente para el próximo año será de un 4,75%. El riesgo que ve la Contraloría es lo que hemos llamado la huida de las instituciones a la aplicación de la regla, no quieren entrar en cintura. Ahí tenemos el grupo de las municipalidades y las universidades.
¿Cómo ve el tema de las municipalidades?
-Las municipalidades argumentan que generan ingresos propios, sin embargo sí reciben transferencias importantes del gobierno.
¿En qué volumen?
-Hay municipalidades cuyos ingresos son financiados en un 60% por el gobierno, además algunas tienen niveles de endeudamiento importantes. El endeudamiento de todo el sector municipal pasó de ¢25.000 millones en 2011 a poco más de ¢81.000 millones en 2018.
¿Cómo entender el caso de las universidades?
-De los recursos de las universidades, aproximadamente entre el 63% y el 80% son recursos del Gobierno de la República y consideramos que son transferencias importantes, por lo tanto sí deberían estar sujetas a la regla. Aplicar sanas prácticas financieras, fiscales, no es responsabilidad solo de un sector, no es solo del gobierno, es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que poner de nuestra parte.
¿Es la Contraloría un portero que atajará los goles del incumplimiento de la regla fiscal?
-El Ministerio de Hacienda no puede eludir la responsabilidad que tiene en materia de la certificación del cumplimiento de la regla. No me parece que tan fácilmente hayan hecho acuerdos con las universidades para que no se haga esa certificación, pero eso es parte de lo que se discute también en la Sala y en un contencioso. Obviamente eso lo respetamos.
¿Perdería sentido la regla fiscal si las instituciones empiezan a salirse?
-Cuando se sacan grandes instituciones de la regla lo único que se hace es bajar el rendimiento que se esperaba de la reforma fiscal. Entonces si se empiezan a salir, ya no será la expectativa inicial que se tuvo.
¿Cuál otro riesgo ve sobre este tema?
-Otro riesgo es que es el Ministerio de Hacienda utiliza una base distinta de cálculo de la regla a la que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Hacienda interpreta que debe hacerse sobre el presupuesto aprobado el año anterior y la Contraloría sostiene que es sobre el ejecutado.
¿Se retrasaría la mejora?
-La Contraloría puede demostrar técnicamente que hay una diferencia importante, tardaríamos cuatro años más. Si el Banco Central está diciendo que a 2023 estabilizaríamos la deuda, ahora lo rezagaríamos unos cuatro años.
En cuanto a Japdeva, ¿hubo indicios de lo que pasaría?
-Se sabía desde siempre. Cuando se hizo el plan maestro se sabía qué operaciones iban a pasar a la TCM, desde entonces se conocía esto. Llegado el momento los ingresos tienen un bajonazo enorme, no le alcanza ni para pagar la planilla. Ahora la institución necesita redimensionarse, ajustar su organización y su tamaño, lo que no le permite encontrar el punto de equilibrio entre sus ingresos y sus gastos.
¿Esperaron hasta tener el agua al cuello para reaccionar?
-De lo que tengo conocimiento, el gobierno presenta estos proyectos extraordinarios precisamente para hacer frente a los compromisos con los trabajadores. En uno aprobaron la planilla para tres meses y está el otro, donde viene el fondo de jubilación. En este proyecto se le dan dos meses a la administración para que presente un plan. Como lo dice usted y lo dijo la Contraloría en su momento, a Japdeva le agarró tarde para reaccionar y tuvo que salir el gobierno en su rescate.
¿Entonces ustedes estuvieron de acuerdo con el financiamiento?
-Cuando se presenta el presupuesto extraordinario para financiar los tres meses, la Contraloría obviamente está de acuerdo en esto porque sabíamos que no tenía de dónde obtener recursos y esa es una de las contingencias a las que está expuesto el Gobierno de la Republica cuando una empresa o institución pública tiene problemas de contingencia con sus propios pasivos.
¿Y con los otros fondos?
-También estuvimos de acuerdo porque a los empleados que iban a salir de Japdeva el Estado tiene la obligación de compensarles sus extremos laborales, por eso el tema del fondo para prejubilados, los extremos laborales y un bono de transformación. Se pensó, y así lo leímos en la exposición de motivos, que se tomarían medidas adicionales porque muchas de las personas que quedarían fuera de la institución no tienen estudios o escolaridad y además en la zona no hay fuentes de trabajo.
¿Avalaron el uso de superávits?
-Cuando fuimos a hablar sobre el proyecto que se llamaba modernización la Contraloría recomendó que eso fuera temporal.
¿Por qué premiar a una empresa que venía mal?
-Si la cierran ¿quién hace las funciones que quedan ahí? Además no es premiar a la empresa, es compensar a los trabajadores, que es una obligación hacer frente a ese compromiso. No era necesariamente premiar, es hacer lo que corresponde. Con lo del fondo de prejubilados para mientras se jubilan con la Caja hicimos unas observaciones.
Usted dijo que Japdeva no está quebrada, pero no le alcanza ni para pagar planilla. ¿Cómo saca una empresa así a flote?
-Técnicamente quebrada es que no tenga ingresos y Japdeva tiene ingresos, los ingresos del canon, también por los servicios que está brindando en materia de sus competencias, pero además tiene activos, funcionarios y funciones. Entonces técnicamente no está quebrada, lo estará en el momento que ya no tenga funciones y tenga cero ingresos.
¿Hubo alertas en el camino para ir viendo las señales?
-En 2016 propusieron un plan de reorganización, sin embargo en 2018, cuando fuimos a hacer la auditoría, el plan no había avanzado, no lograron implementar el plan. Cuando la TCM entra en operación todo el mundo se lamenta. En realidad esto se sabía desde 2008.
¿Será que el gobierno quiere ceder Japdeva a una empresa extranjera?
-No tengo conocimiento de eso.
¿Puede unirse a un operador como Amega?
-No he escuchado nada de eso.
El tema con Japdeva es qué pasaría si viene cualquier otra institución y llega el momento en que no sea sostenible.
-No sería la primera vez. Quien debe absorber estas contingencias es el Gobierno de la República, por eso nos preocupa que haya instituciones que no quieren aplicar la regla fiscal. Hay que recordar que el Gobierno central hace transferencias a muchas instituciones. Si el gobierno no hiciera transferencias sería superavitario.
¿Están mal esas transferencias?
-No es que no hay que hacerlas, por supuesto que sí, pero la regla fiscal dice que se debe controlar el crecimiento del gasto corriente.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Randall Sandoval
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Lunes 26 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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