Conocer cuáles son realmente las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es el objetivo de los diputados de oposición, para lo cual dictaminaron de forma positiva el expediente 20.909 en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La iniciativa, que impulsa la liberacionista Ana Lucía Delgado, modifica la Ley 8660 (Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones) para sacar de la confidencialidad los estados financieros del ICE.
Actualmente, debido a que estas empresas públicas se encuentran en competencia con otras del sector privado, la ley establece que el balance financiero es confidencial.
NÚMEROS ROJOS
Pero las dudas sobre los números del ICE han llevado a los legisladores a abrir estos datos por medio de una ley, además de buscar sintonía con los requisitos que pide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con la División de Finanzas del ICE, la entidad presentó pérdidas netas en 2018 por ¢314 mil millones.
En noviembre del año pasado su presidenta ejecutiva Irene Cañas reconoció ante los diputados que las deudas superan los $4.156 millones, es decir alrededor de ¢2,5 billones.
“Los números están en rojo. Vamos a tomar medidas para que de manera rápida podamos sanear las finanzas”, manifestó.
La reforma mantiene información protegida de la competencia, pero en el inciso b del artículo 35 de la Ley 8660 se busca que diga: “No incluye (esa confidencialidad) a los segmentos de su actividad que se mantengan en monopolio, ni tampoco los estados financieros, sus ingresos, la custodia, los procedimientos y actividades administrativas, la inversión, el gasto y su evaluación, el balance de situación, el estado de resultados, sus anexos y, en general, el resto de la información contable y de sus subsidiarias, que es de carácter público”.
ACCESO
¿Quiénes tendrán acceso a esta información financiera? Según lo propuesto, “las entidades públicas que, por disposición constitucional o legal, realicen funciones de control, supervisión, vigilancia o fiscalización de la Hacienda Pública, así como también los órganos jurisdiccionales”.
No obstante, estas entidades deberán resguardar la confidencialidad e integridad de la información frente a aquellos sujetos privados no autorizados expresamente por ley.
SEGUROS
Los congresistas también buscan aplicar una reforma al artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros (INS) para abrir sus estados financieros.
“La confidencialidad de la información no incluye ni comprende los estados financieros, sus ingresos, la custodia, los procedimientos y actividades administrativas, la inversión, el gasto y su evaluación, el balance de situación, el estado de resultados, sus anexos y, en general, el resto de la información contable, que es de carácter público”, indica el articulado nuevo.
Sobre la información que sí es privada se establece que será la junta directiva quien la establezca en un plazo determinado y bajo parámetros técnicos.
“Este tipo de información solo deberá ser divulgada cuando lo considere conveniente la Administración, cuando un órgano jurisdiccional o alguna entidad pública en atención del ejercicio de sus competencias constitucionales o legales de control, supervisión, vigilancia o fiscalización de la Hacienda Pública así lo soliciten”, agrega el texto de la reforma.
El proyecto pasa al plenario para aprobarse en primer y segundo debate.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 19 Agosto, 2019
HORA: 12:00 AM
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