La Fiscalía General de la República y un magistrado suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia discrepan en el proyecto de justicia restaurativa.
El principal punto de discrepancia está en cuál debe ser el ente encargado de manejar las políticas relacionadas con esta materia.
Emilia Navas, fiscala general, y Rafael Segura, magistrado suplente, comparecieron este jueves en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para referirse al expediente No.20910 Reformas a las Leyes No.9582 de Justicia Restaurativa, No.8720 Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal.
De acuerdo con Navas, uno de los puntos que se deben modificar es que el plan de justicia restaurativa debe ser un ente coordinador, no un ente rector, porque la independencia del Ministerio Público, respaldada por la Constitución Política, impide que cualquier ente ajeno a esa cartera le imponga políticas a la Fiscalía General.
Navas pidió además que se excluya todo aspecto en contra de la violencia de las mujeres. Sobre este punto dijo que se dejó pendiente de resolver el tema de violencia patrimonial.
“Es esencial e indispensable para garantizar que no haya ningún tipo de injerencia de ningún actor fuera del Ministerio Público en cómo se atienden los casos de investigación en la institución”, acotó la fiscala general.
DESVENTAJAS
Segura, magistrado suplente, recalcó que entre las desventajas de que el programa de justicia restaurativa deje de ser rector en el tema es que no se podrán realizar los enlaces para la búsqueda de proyectos en forma internacional, así como proyecciones interinstitucionales.
Acotó que si se hace bajo la perspectiva del modelo de comisión, necesariamente se tendría reuniones previas, a efecto de que todas las personas que conforman ese panel como tal estén de acuerdo en ello.
“En relación con la rectoría. Desde el 2011, la Corte aprueba el proyecto de aplicación de la justicia restaurativa y para ello va una plaza para el cumplimiento de las acciones a cargo de una persona magistrada de la Sala Tercera.
Al 2013 y 2018, el Plan Estratégico Institucional crea la Unidad Directiva que ostenta la rectoría y gestión de la justicia restaurativa a cambio de un magistrado de Sala Tercera.
En 2017 el Consejo Superior aprueba las funciones de la justicia restaurativa a cargo de una persona magistrada de la Sala Tercera y con base en la ley que entró en vigencia el 22 de enero establece la rectoría, la cual sigue a cargo de un magistrado de Sala Tercera”, expresó.
El magistrado suplente aprovechó la comparecencia para solicitar más técnicos judiciales, con el propósito de cumplir con la ley, y dijo que no se opone a la exclusión de la violencia patrimonial dentro del programa anteriormente citado.
DIPUTADOS OPINAN
• Gustavo Viales, PLN
“El Poder Judicial debe limar sus asperezas a lo interno antes de llegar a la Asamblea Legislativa a solicitar una modificación de la ley. Nos indican la fiscala y el magistrado que los conflictos por la rectoría de justicia restaurativa son de años recientes. Puesto que es una modificación de la ley decidieron venir de forma individual a promover el proyecto de ley”.
• Zoila Volio, PIN
“El magistrado dio una razón importante de que con la rectoría puede buscar créditos afuera y esa personería para hacer crecer el proyecto. Doña Emilia es más de tener una comisionitis y de siempre estar omnipresente en todas las instancias, así que a grosso modo la posición del magistrado es la correcta”.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Fotos: Jesús Ramírez
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Viernes 19 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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