Una promesa sin cumplir. Esa es la que mantienen los actuales diputados sobre la ley que hace falta para sancionar a un legislador que cometa faltas a su deber de probidad (ética) que conllevaría incluso a que pierda su curul.
A pesar que al inicio de su periodo aprobaron en apenas una semana la reforma constitucional necesaria que permita la pérdida de la credencial al diputado que falte a la ética (modificaron el artículo 112 de la Constitución Política), la ley que indique el camino a seguir para aplicar dicha reforma continúa sin concretarse un año y dos meses después.
En aquel entonces (mayo del 2018) la presidenta del Congreso, la diputada oficialista Carolina Hidalgo, indicó que un grupo de diputados y sus asesores trabajarían en una propuesta de ley, pero nunca se ofreció ningún avance. El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) Víctor Morales Mora, en una conferencia de prensa sobre este tema, aseguró que tendrían que existir “razones muy poderosas” para que luego de cuatro años la ley no esté lista.
PROPUESTA
De momento la única propuesta que se conoce la presentó la diputada liberacionista Yorleny León, en noviembre del año pasado.
León propone que se establezcan cinco pasos para la pérdida de la credencial de los legisladores, donde se le daría un papel trascendente a las resoluciones que dicte la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
“Hoy la Asamblea establece que ante cualquier duda la Procuraduría es quien resuelve, pero el problema es que esos pronunciamientos no son vinculantes. Entonces la Procuraduría puede decir sí el diputado cometió un acto contra la probidad, pero ese criterio llega, se archiva y no pasa nada. Entonces nosotros proponemos seguir con ese mecanismo, pero una vez ese criterio llega, la presidencia de la Asamblea tiene la obligación de informar a todos los diputados en 24 horas y también de integrar una comisión que analizará el fallo y emitirá una resolución”, explicó León.
El proyecto como lo indica la diputada crea una comisión de cinco miembros. Estos legisladores deberán estudiar los hechos del caso y emitir un fallo que será inapelable. Ya sea que pidan la destitución del diputado o bien otras medidas disciplinarias.
No obstante, la iniciativa ha tenido poco avance.
CASOS
En la historia reciente de la Asamblea Legislativa, varios excongresistas hubieran tenido que dejar su curul o recibir otras sanciones, tras señalamientos por faltas a la probidad.
Uno de los casos recordados es el de la exdiputada verdiblanca Mauren Ballestero, quien en el 2013 recibió una condena de tres años por peculado por el polémico caso del avionetazo.
La liberacionista, quien en ese momento era vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, usó la avioneta policial matrícula 011 del Ministerio de Seguridad Pública, en un viaje de Alajuela a Liberia, Guanacaste. La acompañaban su hija de apellido Chaves, así como su yerno.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público y de la Procuraduría, la exlegisladora hizo uso ilícito de los equipos aéreos de Seguridad Pública varias veces, pues un mes antes, el 2 de setiembre de 2009, le pidió a Giannina Del Vecchio, entonces ministra de Seguridad, la aeronave para volar el 5 de setiembre, alegando que debía cubrir a un asunto como diputada.
También el exdiputado del PAC, Víctor Morales Zapata, a quien la PEP señaló faltas a su deber de probidad tras aprovechar su posición de legislador para buscar el beneficio del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
ANTES DE MAYO DEL 2020
El actual presidente del Congreso, el verdiblanco Carlos Ricardo Benavides, dijo a DIARIO EXTRA “que la meta es que el proyecto de ley se conozca este mismo año. Yo quisiera que durante mi presidencia se pueda aprobar las sanciones”, mencionó.
Una de las dudas que surge alrededor del procedimiento, es si los mismos diputados sean los que establezcan sus propias sanciones.
Benavides cree que lo mejor es que sea un órgano independiente y no los mismos diputados juzgándose.
“Creo que lo mejor es que sea un órgano independiente que juzgue y establezca las sanciones. Hay varias opciones, una que sea un tribunal judicial el que establezca las penas, desde sanciones, suspensiones y hasta la destitución del cargo de diputado”, agregó el presidente.
Desde el 2010 la Sala Constitucional había pedido aplicar una legislación para este tipo de sanciones.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Lunes 15 Julio, 2019
HORA: 12:00 AM
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