Pese a ubicarse en una posición estratégica y privilegiada en el Pacífico costarricense, condición que debería generarle ventaja, una mejor situación económica y social por los recursos marítimos, la realidad es muy distinta.
En Puntarenas miles de habitantes carecen de empleo y se encuentran sumidos en la pobreza, a merced de factores que le sacan provecho a su desesperante vulnerabilidad.
Es la provincia 6 de Costa Rica, producto de una serie de decisiones y leyes adoptadas en vez de catapultarla más bien la han sumido en situaciones dramáticas.
La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en un análisis auspiciado por el Gobierno de Australia, realizó la investigación “Violencia estructural y vulnerabilidad desde su impacto en la zona costera del cantón de Puntarenas: Mujeres vinculadas al sector pesquero en Puntarenas: un caso sobre la feminización de la pobreza”.
En el texto se detalla que la deplorable situación que afecta a la provincia es ocasionada por problemas estructurales.
Abandono de los gobiernos, pobreza, desigualdad, desempleo, inseguridad, narcotráfico, desesperanza y otros son algunos de los aspectos que le pasan una factura negativa a la deteriorada vida de los porteños.
DEBE EXISTIR VISIÓN SOCIAL
Manuel Pérez García, oficial de Programas de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, calificó que la realidad del cantón central de Puntarenas es crítica desde 2013.
Adujo que la prohibición de pescar emitida por la Sala Constitucional con el voto nº 010540-2013 ha provocado acciones negativas en dominó o en cascada; se pensó en los efectos ambientales, pero no en el deterioro social.
“Vemos que la Sala Constitucional está protegiendo el medio ambiente, que es un derecho constitucional costarricense, pero se afectó la parte social. Las decisiones de la Sala, mientras se investigaban nuevas alternativas de pesca o redes experimentales, consideramos que tuvo que haber una permisología temporal para que las personas pudieran seguir pescando mientras se demostraba el impacto”, afirmó.
Explicó que, según la sentencia, la pesca artesanal es la de mayor vulnerabilidad, por lo cual se tenía que cuidar frente a la semiindustrial.
“Pero en este caso vemos que una población que no era vulnerable, en el caso de las mujeres que tuvieron sus ingresos, se convirtieron en vulnerables. Estuvo bien la decisión de la Sala, pero se tuvo que medir los impactos.
Esto nos demuestra que toda decisión gubernamental debe tener una visión social y humana”, refirió.
Pérez dijo que fueron entrevistadas para la investigación 62 puntarenenses entre población y grupos focales, de los cuales 21 personas se escogieron al azar.
Los grupos focales son de mujeres peladoras de camarón, habitantes vinculados a la pesca, dueños de embarcaciones, tripulantes, pescadores artesanales, comerciantes, además de periodistas, la Cámara de Turismo de Puntarenas, la Cámara Puntarenense de Pescadores y de instituciones públicas en la zona.
“La situación es bastante crítica, lo que hemos visto. En esta etapa en la que estamos realizando ayuda emocional de autocuido, contención emocional para que puedan visualizarse (…) La situación es bastante compleja y Puntarenas haciendo el análisis no ofrece ninguna alternativa ni para el turismo nacional ni internacional, no hay infraestructura ni las capacidades”, adujo.
Agregó que han fracasado las pocas posibilidades o alternativas que ha ofrecido el gobierno a la zona. “Hemos visto una visión muy cerrada, muy poco colaborativa de las instituciones del Estado”.
ESLABÓN MÁS DÉBIL
De acuerdo con Pérez el impacto y embate que han tenido los puntarenenses son sufridos más por las mujeres, que “es el eslabón más débil dentro la cadena pesquera”.
“Sus posibilidades de trabajo se han limitado a pelar camarón. En este venían desempeñando el trabajo más bajo, el peor pagado. En grupos focales que hicimos con mujeres señalaron que se les pagaban ¢65 por kilo de camarón pelado.
Pelar más de 100 kilos les generaba apenas ¢6.500, sin garantías sociales laborales, pues pelaban una cantidad en una carnicería, luego van a otra y así van, por lo que les generaba ingresos y eran sobreexplotadas”, aseveró.
Detalló que, de acuerdo con entrevistas realizadas a asociaciones de mujeres en la zona, son alrededor de 900 las que no tienen ingresos y la mayoría son jefas de hogar.
Además sus familias están integradas por dos o tres personas, por lo cual son afectados directos. Acotó que en la actividad pesquera son 2.700 individuos.
“Puntarenas ya venía con una crisis estructural. El puerto es trasladado a Caldera, el ferrocarril en los 90 lo detienen, en la actualidad lo que quedaba era la pesca, en el que había 44 barcos camaroneros de la zona que aportaban a la economía de Puntarenas. A la tienda que compraban los alimentos e implementos se dice que aportaban ¢572 millones al mes.
Es tan estructurado y complejo los problemas que no solo los barcos camaroneros, sino que tenían 7 tripulantes y un capitán y sus respectivos núcleos familiares, se compraban grandes cantidades de hielo y otros, pero al cambiar si el abastecedor tenía alrededor de 5 empleados hoy tiene uno, a lo sumo 2, porque mermó la actividad y el consumo. Por lo que Puntarenas se trancó del círculo económico del dinero porque la parte camaronera inyectaba a todo el cantón”, enfatizó.
SITUACIÓN CRÍTICA Y COMPLEJA
Pérez aseveró que en la actualidad la situación del cantón central es más crítica y compleja, pues se vencerán las tres licencias para pesca de camarón este año, de las cuales dos caducarán en agosto y la última en setiembre.
“Las consecuencias sociales como resultado de la prescripción legal han sido numerosas, incluyendo un incremento en la tasa de desempleo en el 2014, antes de los impactos del voto la tasa de desempleo en el Pacífico Central era de un 8,66% comparado con la tasa nacional de 9,65%.
En el 2016 y 2018, la tasa en el Pacífico creció a 13,2%, mientras la tasa nacional se queda entre un 9,5 y 9,7%. El crecimiento del desempleo en la región es solo una parte de la cadena de consecuencias de la implementación de la ley sin alternativas para las personas afectadas”, se indica en el documento.
Pérez reseñó que el gobierno y las instituciones estatales han sido ineficientes, no han encontrado las soluciones mientras que el crimen organizado coadyuva a incrementar los niveles de actos ilícitos e ilegales que los expone a peligro constante.
“Y eso afecta porque las mujeres que puedan tener chance de pelar camarón tienen que hacerlo y no pueden ni siquiera ir al baño, porque pueden perder el chance, por lo que están en mucha vulnerabilidad, por lo que los pocos meses que quedan de trabajo es un tema de vulnerabilidad extrema”, recalcó.
Además, como consecuencia de la disminución de la actividad pesquera en el cantón central, la cantidad de pescadores que fueron a parar a las cárceles del sistema penitenciario pasó de 39 en 2013 a 132 en 2018, para un incremento del 338%.
“Pescadores están entrando al sistema penitenciario porque no tienen ninguna alternativa, por lo que entran por robo, hurto, tráfico de drogas o violación a la Ley de Psicotrópicos”, mencionó.
Sobre este último aspecto señaló que por violación a la Ley de Psicotrópicos se pasó de 57 en 2013 a 206 en 2018, para un incremento del 360%. Esto se debería a que los pescadores no han conseguido trabajo.
El especialista detalló que los datos anteriores son generales, pues no se hizo la segregación entre hombres y mujeres, que ante la situación incurrieron en el ilícito.
“La situación del narcotráfico es un tema que está teniendo un nicho, está teniendo una oportunidad de oro”, determinó.
Añadió que se han anunciado inversiones producto, por ejemplo, de la construcción de 800 metros más del muelle de Puntarenas, la edificación del hospital de El Roble, entre otros.
El asunto radica en que se traducirá en empleo para hombres y no para mujeres, situación que se da en la actualidad por las obras que desarrolla la Municipalidad de dicho cantón.
“El 29,88% de los hogares en Puntarenas son jefeados por mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), por lo que se está dejando desprotegidas a un sector familiar importante”, añadió.
Debido a la mala situación económica los pobladores se convierten en sujetos de alto riesgo, con lo cual cuando se acercan a los bancos no son tomados en cuenta para créditos.
POLÍTICAS NO ACORDES
Dentro de los aspectos impulsados por el Estado está la promoción de cursos a través de entidades como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), pero sostuvo que las ofertas no se ajustan a los requerimientos y características propias de la zona, sino que están pensadas para otras regiones como el Valle Central.
“Su vida está vinculada al mar, como nos han dicho muchas asociaciones. Ellas nos decían que cuando salían del colegio, las ponían en una tina a pelar camarón, por lo que se les está desvinculando del mar. ¿Qué motivación van a tener de hornear pan si toda su vida está ligada a lo marítimo?”, cuestionó.
Manifestó que “esto refleja como una violencia estructural, de que el Estado es el Valle Central y que las políticas públicas que surgen hacia las áreas costeras son desde el Valle Central, es decir que no tienen una característica propia de cada región”.
De acuerdo con el estudio se ha producido un abandono del gobierno hacia la comunidad puntarenenses.
“La desigualdad social en Puntarenas aumenta con la falta de inversión de parte del gobierno para promover desarrollo, fuentes de empleo y combatir problemáticas como la delincuencia y la drogadicción”, expresó.
Ante este abandono de la región se ha creado un “resentimiento y desesperación de las y los puntarenenses hacia el gobierno”.
“Consideramos en la necesidad de generar políticas públicas regionalizadas y no del punto de vista del Valle Central y es importante visualizar el impacto social que puede tener cualquier política pública que se haga”, concluyó.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Fotos: Cristian Cartín y Cortesía de Fundación Arias
EMAIL: [email protected]
Lunes 17 Junio, 2019
HORA: 12:00 AM
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