Margarita Bolaños Arquín, actual garante de la ética del gobierno de Carlos Alvarado, fue quien firmó los contratos falsos que el Partido Acción Ciudadana (PAC) utilizó para estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según concluyó el Ministerio Público.
La estafa al Estado, que tuvo lugar en la campaña del 2010, fue por la suma de ¢352 millones.
Según la copia de los más 200 contratos, que el TSE le facilitó a DIARIO EXTRA, la firma de Bolaños aparece certificando cada uno de los supuestos servicios especiales brindados por los partidarios.
Para ese periodo, Bolaños se desempeñaba como secretaria general de la agrupación política. Posterior a la contienda electoral, la hoy garante de la ética se convirtió en la presidenta del PAC.
Tal como lo informó DIARIO EXTRA este miércoles, en la extensa lista figuran siete exdiputados, una ex viceministra, un alcalde, un legislador y cuatro jerarcas.
Se trata de Manrique Oviedo, Claudio Monge, Juan Carlos Mendoza, Carmen Granados y Yolanda Acuña del período 2010-2014.
Además de Laura Garro (condenada por falso testimonio) y Emilia Molina, del período 2014-2018.
El rompecabezas lo completa: la ex viceministra de Salud de la administración anterior, María Ester Anchía; el diputado Mario Eduardo Castillo y los jerarcas: Marcela Guerrero del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Rogis Bermúdez del Consejo Nacional de Producción; Jeannette Ruiz del Banco Nacional y Hernán Solano, ministro de Deportes.
Los restantes son el alcalde de Moravia, Roberto Zoch. También aparece la exasesora legislativa y ex vicepresidenta del PAC, Kattia Martín.
CUESTIONAN PAPEL
Este miércoles, el diputado liberacionista Gustavo Viales cuestionó la función que tuvo Bolaños en la “organización interna diseñada”, que terminó estafando al TSE.
El legislador asegura que llama la atención que la hoy garante sea la única que aparezca firmando dicho dichos documentos.
“Recientemente el PAC fue condenado por estafa, configurando una organización interna diseñada para buscar las firmas en diferentes contratos y justificar ante el Tribunal Supremo de Elecciones una liquidación más alta para obtener mayor cantidad de recursos. Resalta en la sentencia como imputados Manuel Antonio Bolaños y Marlon Sterling, este último un mensajero que estaba a cargo de la secretaria general del PAC, Margarita Bolaños, quien luego fue presidenta de este partido, pero tampoco figuró como imputada”, cuestionó el legislador.
Agregó: “Vemos en una sentencia gran cantidad de material que nos indica como contratos en blanco se dirigían a diferentes partidarios únicamente para recoger su firma. Contratos en los que ni siquiera se sabía cuánto era el monto y sus funciones. Contratos que ni siquiera se conocía la legitimidad de su configuración porque todos estaban redactados correctamente conforme al Código Electoral vigente en ese momento, firmados por una misma persona, 263 contratos firmados por una misma persona (Bolaños)”, cuestionó Viales.
SE DEFIENDE
Consultada por este medio, Bolaños insistió en que los contratos no son falsos y que las personas afines a la agrupación sí brindaron un servicio especial.
Aseguró que desconoce si se abrió una nueva causa en relación con este caso, lo anterior pese a que desde el pasado 8 de mayo, la Fiscalía General informó que dio luz verde a una investigación (expediente 19-000084-1218 PE) sobre las personas que aparecen como firmantes de estos contratos.
La apertura de la causa sucedió luego de que el diputado socialcristiano Pedro Muñoz solicitara a la fiscala general, Emilia Navas, retomar los cuestionamientos.
“Sí, yo aparezco firmando, pero los contratos no son falsos, eso lo hemos explicado muchas veces. El juicio así se dio, está todavía en apelación. No conozco que haya otra causa abierta y de manera que hasta ahí le puedo dar información”, acuerpó.
Sobre la veracidad de los documentos insistió: “No son falsos. La gente trabajó, la gente aportó su trabajo y sus cosas y el compromiso era que se pagaba con “bonos b”, si había pago de “bonos b”. Nunca se pagaron los “bonos b”, es decir nadie recibió, ni el partido recibió “bonos b”.
Sobre este caso, el abogado penalista Juan Diego Castro solicitó al TSE documentación ante la sospecha de que el presidente Alvarado también esté en la lista de los contratos falsos, aunque en el listado en manos de este medio no aparece su nombre.
Las autoridades del PAC siguen sin pagar la sanción económica que los Tribunales les dictaron por esta causa, luego de que interpusieran un recurso de casación ante la Sala III.
Según cálculos de la Procuraduría General de la República, el monto a pagar por el partido ya supera los ¢856 millones debido a los intereses que día a día siguen corriendo.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Jueves 16 Mayo, 2019
HORA: 12:00 AM
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