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Nacionales

Pagan más de ¢100 mills. a exjerarcas municipales

Regidores abren investigación:

Con 6 votos a favor y 3 en contra el Concejo Municipal aprobó la moción de investigación.

El Concejo Municipal de Pérez Zeledón aprobó una moción para que la auditoría interna haga las gestiones pertinentes con el fin de abrir una investigación penal contra la exalcaldesa y la ex vicealcaldesa por el aparente pago irregular de varios millones de colones por concepto de prohibición.

Rafael Herrera, regidor, fue quien presentó la moción al asegurar que Vera Corrales (exalcaldesa) recibió ¢79.167.132 y Doris Picado (ex vicealcaldesa) ¢24.182.638 por un plus que en apariencia no les compete al ser educadoras.

Según contó a DIARIO EXTRA, la auditoría municipal hizo un informe y encontró irregularidades, motivo por el cual remitió el documento a la Contraloría General de la República, sin embargo este ente procedió al archivo, según se indica en el oficio DFOE-DI-250 del 22 de agosto de 2017.

El malestar del regidor se debe a que Gilbert Solano, auditor municipal, también archivó la documentación, en lugar de ventilarla en materia penal. Por eso la moción también pide una investigación contra Solano ante la Procuraduría de la Ética y el ente contralor.

“El estudio se hizo por anomalías de aparentes cobros indebidos de la alcaldesa y vicealcaldesa del periodo anterior. El mismo documento señalan las faltas contra el Estado, de dineros cobrados que no debían ser pagados”, expresó Herrera.

“Los maestros no tienen prohibición, ellos pueden ejercer libremente y no tienen derecho a cobrar ese plus. El auditor debe actuar como tuvo que hacerlo hace más de un año, no que archive la investigación”, añadió.

 

MUNI SIN COMPETENCIA

 

El Diario del Pueblo intentó conversar con el auditor Gilbert Solano al respecto, sin embargo, en el ayuntamiento informaron que no se encontraba.

Sobre el tema se refirió el abogado Fabián Elizondo, quien explicó que el informe se archivó porque no es competencia de la auditoría interna trasladar el caso al ámbito penal.

Incluso mencionó que el artículo 22 de la Ley General de Control Interno establece las competencias de las auditorias y en este caso era competencia de la Contraloría proceder con las denuncias en los entes necesarios.

“Los alcaldes son los superiores jerárquicos de las municipalidades y para efectos de responsabilidades la auditoría eleva las irregularidades al superior para los efectos que estarían siendo violentados. La auditoría elevó el expediente a la Contraloría porque es el ente competente para abrir procedimientos a los alcaldes”, explicó Elizondo.

Añadió que, si el ente contralor considera que no hay infracción a la norma, emite una resolución para indicar el archivo del expediente, tal como procedieron en la Municipalidad de Pérez Zeledón.

PERIODISTA: Sergio Jiménez

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Martes 23 Abril, 2019

HORA: 12:00 AM

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