Harllan Hoepelman, diputado independiente de Nueva República, impulsa un proyecto de ley para flexibilizar el permiso de salida del país a personas que paguen pensión alimentaria en casos específicos.
Actualmente la ley establece que si una persona que paga pensión quiere salir del país, por ejemplo porque la empresa donde labora quiere enviarla a una capacitación por dos meses, debe pagar por anticipado lo correspondiente a 13 meses.
El legislador califica esta medida como desproporcionada y considera que se está limitando las posibilidades de muchas personas que no tienen el dinero para desembolsar un adelanto de la pensión como establece la legislación.
CONDICIONES
La iniciativa, que se discute bajo el expediente 21.324, dispone que si la persona logra demostrar que tiene una capacitación de su empresa o de índole personal, o debe recibir atención médica especializada que no se otorga en el país o visitar familiares enfermos, pueda salir del país cumpliendo una serie de medidas para no desatender la pensión.
Debe demostrar arraigo laboral y/o familiar en el territorio nacional, rendir una caución juratoria respecto a la fecha de regreso al país y de igual forma realizar previamente un depósito correspondiente al periodo durante el cual estará fuera del país, con un mínimo de una cuota mensual.
Es decir, si la capacitación es por dos o tres meses, ese sería el depósito de pensión que debería hacer para poder salir y no los 13 meses que estipula hoy la ley.
“Estas capacitaciones suelen ser de carácter obligatorio para los empleados de estas multinacionales, lo cual puede poner en riesgo sus puestos de trabajo y con ello la fuente de ingresos de personas alimentantes, ante la imposibilidad de salir de Costa Rica sin la autorización de quien represente a la parte beneficiaria de una pensión alimentaria, o bien que deposite 12 meses de pensión, más aguinaldo y salario escolar como garantía, lo que puede resultar en un monto prohibitivo para una persona promedio”, indicó Hoepelman.
Otro caso que expuso el congresista fue el de un veterano de guerra estadounidense que después de llegar a obtener un doctorado y amasar un patrimonio considerable lo perdió todo en este país, envuelto en conflictos familiares, y terminó sin dinero suficiente para pagar un seguro médico.
“Siendo veterano de guerra tenía derecho a ser atendido en hospitales en su natal Estados Unidos, pero no pudo salir de Costa Rica ante la negativa de su excónyuge y al no contar con el dinero suficiente para garantizar su salida del país por motivos médicos.
Se acudió incluso a la Sala Constitucional, pero al no existir una norma legal que facultara al juez para darle el permiso de salida, el veterano de Vietnam terminó sin hogar y murió en la calle en total soledad, vencido por su enfermedad”, explicó.
Actualmente en más de 188 mil procesos judiciales se discute el suministro de alimentos por parte de alguno de los progenitores.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: (Foto: Archivo)
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Miércoles 17 Abril, 2019
HORA: 12:00 AM
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