La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace un llamado vehemente a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que separe de sus cargos a los funcionarios acusados por el Ministerio Público recientemente.
En total son 18 imputados, 11 trabajadores activos y 7 personas más entre las que hay exdirectivos y otros ya pensionados.
A ellos se les acusa por el aparente delito de influencia contra la Hacienda Pública, fraude a la ley y administración fraudulenta.
En la organización sindical dirigida por Albino Vargas hacen la solicitud para respaldar la denuncia presentada en el 2012 por el también funcionario y de la Caja, Daniel Muñoz Corea, y que se tramita bajo el expediente 12-000046-0615-PE.
“Esto es un espaldarazo a los grandes funcionarios públicos por el trabajo y el compromiso de defender la institucionalidad”, señaló Vargas.
“Los trabajadores públicos que denuncian actos irregulares pagan un alto precio por defender la verdad, transparencia y honestidad en el manejo de los fondos públicos”, aseveró el líder sindical.
Sumado a ello, Vargas no dudó en pedirle al Ministerio Público que el caso no quede impune y aquellos responsables de dañar a la seguridad social del país asuman las consecuencias necesarias.
El 23 de diciembre del 2017, ANEP envió una carta a Emilia Navas, cuando se desempeñaba como fiscal general a.i., solicitando investigar los aparentes casos de corrupción presentes en la CCSS.
“(…) Jerarcas institucionales se habrían valido de su importante cargo para aprobar con conocimiento de causa y presunto conflicto de interés, subsidios ilegales del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al Seguro de Salud socavando, aparentemente, con ello, la rentabilidad de este régimen de pensiones”, escribió Vargas a Navas.
Además, le destacaron la aparente falsificación de documentos y maquillaje de proyecciones financieras que generan mayores gastos a la CCSS.
Ante estas acciones, Albino Vargas, líder sindical de ANEP, no dudó en responsabilizar a los ahora acusados por la crisis financiera de la institución de seguridad social, sin dejar de lado el aumento del 1% en el aporte al Régimen del IVM que, según él, impactó el bolsillo de los trabajadores.
En la CCSS habían informado que analizarán la acusación para determinar la posibilidad de tomar medidas al respecto y si es posible abrir procesos administrativos.
Román Macaya, presidente de la Caja, aseguró que van a ser respetuosos de todo el proceso y está a disposición de colaborar con el Ministerio Público para el avance de la investigación.
En el caso de las organizaciones sindicales del sector salud, se mostraron satisfechos por el actuar de Emilia Navas y esperan que la aparente corrupción en la Caja desaparezca.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
CRÉDITOS: Foto: Archivo.
EMAIL: [email protected]
Martes 26 Marzo, 2019
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA