La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exdiputado Víctor Morales Zapata (del Partido Acción Ciudadana que luego se declaró independiente) por el presunto delito de tráfico de influencias.
Además la PEP entregó un informe este lunes a los legisladores, donde señala cómo el actuar de Morales Zapata favoreció al empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños (en prisión preventiva) para el ingreso al país de 20.000 toneladas de material en julio del 2016.
El informe DEP-26-2018, que incluye el AEP-203-2019, del 8 de febrero del 2019, del cual DIARIO EXTRA tiene una copia, indica sobre el actuar del excongresista que “constituyó una actuación que transgredió los deberes éticos de la función pública que le eran exigibles al funcionario denunciado en su condición de diputado de la República, al desatender obligaciones derivadas del deber de probidad normado en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”.
“La información analizada hace constar que, el señor Víctor Morales Zapata, en su condición anterior de diputado de la República, realizó un grupo de acciones dirigidas a influir en un trámite de evidente interés particular del administrador Juan Carlos Bolaños Rojas, el trámite aduanero correspondiente a la importación de las veinte mil toneladas de cemento de la empresa Sinocem Costa Rica S.A. que ingresó al país en julio del 2016”, menciona el texto.
ACCIONES DUDOSAS
La PEP enumera cuatro acciones que delatan que el exlegislador buscó favorecer desde su posición al empresario Bolaños.
La primera fue contactar al entonces viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, para conocer el estado del desembarque. Tal como el propio Rodríguez confirmó en declaración jurada en la investigación que realizó el Congreso bajo el expediente 20.461.
En un documento que Rodríguez aportó a dicha pesquisa se indica que el primer contacto se realizó el 22 de julio del 2016, por medio de una llamada telefónica y luego por un mensaje de WhatsApp, donde Morales Zapata consultó si tenía “conocimiento sobre lo que sucedía con el trámite de importación de cemento chino, señalándome el supuesto interés de Casa Presidencial y del Presidente en el tema”.
La Procuraduría resalta que la primera intervención del exparlamentario ocurrió un día después de que el agente aduanero a cargo del trámite de la empresa Sinocem les había enviado un mensaje a los representantes de la empresa de que el cargamento debía cumplir con las normas técnicas 0369 y 0370, las cuales exigen la presentación del certificado de calidad, previsto en el reglamento vigente y que la compañía no poseía.
La segunda acción que señala la PEP fue otro mensaje de WhatsApp al viceministro Rodríguez, donde le consulta si “hay novedades”.
Ahí el viceministro le explicó el avance para la aceptación de la norma técnica y Morales Zapata respondió que iría a informar al “jefe”, sugiriendo, según el informe, que se refería al presidente Solís.
“De acuerdo Fernando. Informaré al respecto al jefe y conversaré con Welmer. Un abrazo”.
El propio Morales Zapata, en la investigación legislativa, reconoció que el jefe era el mandatario Solís, pero siempre negó que el entonces gobernante tuviera conocimiento del tema, recalca el informe.
La tercera actuación del exdiputado es calificada por la PEP como “grosera”. Se trata de una reunión que Morales Zapata convocó con un grupo de jerarcas el 27 de julio del 2016 en su despacho.
Según el texto, dicho encuentro tenía como fin discutir las dificultades para el ingreso en aduanas que enfrentaba el cargamento de cemento de Bolaños Rojas y procurar la agilización de una solución favorable para el importador.
En dicha cita participaron el entonces viceministro Rodríguez, Benito Coghi, exdirector general de Aduanas, y el exministro de Economía, Welmer Ramos, hoy legislador oficialista.
La PEP resalta otro elemento clave para la citada reunión y es que ese mismo día se había rechazado un recurso de revisión planteado por Sinocem para dejar sin efecto las normas técnicas de calidad que el embarque no cumplía.
“De acuerdo con la versión de los hechos expuesta por el señor Fernando Rodríguez Garro en el documento DVMI-0160-20017, el servidor denunciado durante la reunión llegó al punto de consultarle al entonces director general de Aduanas, Benito Coghi Morales, sobre ‘la posibilidad de autorizar el desembarque del cemento en un punto que evitase el deterioro del mismo’.
Lo que demuestra a criterio de la PEP, un involucramiento del anterior diputado tan importante que lo llevó hasta preocuparse por buscar una alternativa que protegiera la integridad del producto importado por el señor Juan Carlos Bolaños”, menciona.
La cuarta actuación que la PEP resalta ocurrió un día después de la reunión en el despacho de Morales Zapata. Esta vez fue otro mensaje de WhatsApp a Coghi, donde le consulta: “Se pudo avanzar hoy en lo conversado? Saludos, Víctor H. Morales”.
“La PEP estima pertinente evidenciar el alcance de trato prioritario, preferencial y ventajoso que obtuvo el importador, en su opinión, derivado de la influencia que venía siendo ejercida por el diputado Víctor Morales Zapata y el viceministro de Ingresos Fernando Rodríguez Garro en el señor Benito Coghi Morales, entonces director general de Aduanas”, apunta la Procuraduría.
REUNIÓN FUE CLAVE
La investigación apunta que la reunión en el despacho de Morales Zapata fue clave.
“La información analizada por la Procuraduría de la Ética Pública para efectos de la presente denuncia, a su juicio, evidencia que luego de ocurrida la reunión del 27 de julio del 2016 promovida por el otrora diputado Víctor Morales Zapata, el panorama varió significativamente a favor del empresario Bolaños Rojas, ya que se empezaron a efectuar acciones en tiempos y circunstancias de excepción ajustadas a las necesidades del importador por parte de la Dirección General de Aduanas”, indica el documento.
OTRAS CAUSAS
La Procuraduría también concluyó investigaciones contra el exviceministro Rodríguez y Coghi Morales, exdirector general de Aduanas.
En el caso de Rodríguez no se le interpuso una denuncia porque cuenta ya con causa penal abierta ante el Ministerio Público ante los hechos denunciados por la PEP bajo el expediente 17-000032-0621-PE.
En el caso de Coghi, la PEP archivó la causa disciplinaria de constatar que fue sometido a un procedimiento administrativo disciplinario por los mismos hechos denunciados ante la PEP y lo sancionaron con despido sin responsabilidad patronal, decisión ratificada por el Tribunal Administrativo de Servicio Civil en resolución No. 034-2018 de diciembre 2018.
“Los resultados de la investigación preliminar de la PEP fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía con el fin de que sean considerados y así colaborar con la investigación que se sigue en su contra”, resumió la Procuraduría sobre el informe.
CONCIENCIA TRANQUILA
DIARIO EXTRA conversó con Víctor Morales Zapata, quien aseguró que recibió la noticia sin ningún tipo de sorpresa y que la actuación de la Procuraduría era esperable.
Morales Zapata agregó que no guarda resentimiento por nadie y los 40 años de trayectoria no se los van a borrar fácilmente por el Cementazo.
“Mi actuación legislativa fue apegada a la ética y la probidad. En ese sentido, recibo la noticia con tranquilidad confiado en la institucionalidad y en el proceso que haya que enfrentar en su momento. Mis actuaciones siempre fueron probas, apegadas a la ética y a mi condición de servidor público.
Lo he dicho siempre con mucha tranquilidad y transparencia, recibo con normalidad el escrutinio de mi actuación y saldré bien librado”, expresó.
Manifestó que confía en que las actuaciones de Coghi y Rodríguez estuvieron apegadas a derecho y considera que hay una “revancha política” en medio de lucha de intereses de los principales actores involucrados en el Cementazo.
PEP LLEGA TARDE
Otro de los señalados en el informe, Fernando Rodríguez, conversó con El Periódico de Más Venta de Costa Rica.
Rodríguez agregó que le gustaría que la Procuraduría le notificara primero antes de enterarse de los acontecimientos por la prensa nacional.
El exviceministro aseguró que no tiene acceso al informe y hasta el momento no cuenta con mayores elementos para conocer de primera mano las consideraciones del ente procurador.
“Lo que se tenía que decir se dijo y lo que se tenía que valorar se valoró. Me parece que a esto la Procuraduría está llegando muy tarde, pero creo que ahí en su momento les habían generado algún tipo de presión para que se pronunciaran al respecto.
No sé qué consideraciones pretende tomar en cuenta la Procuraduría porque no soy funcionario público, pero bueno, no creo que vaya a cambiar nada”, argumentó.
Para Rodríguez es elemental conocer las recomendaciones y en qué se basaron para llegar a las conclusiones sobre su caso.
Cabe resaltar que la PEP recomienda al Ministerio Público investigar a Morales Zapata por el caso del Cementazo, ya que actualmente no es indagado por la Fiscalía en esta causa.
“SE EXTRALIMITÓ”
La PEP en su informe insiste en que Morales Zapata se “extralimitó” en sus funciones, al inmiscuirse en el trámite aduanero. “Contrario a la prohibición apuntada, los resultados de la presente investigación preliminar, tal y como ha sido explicado, evidencia según la PEP, que el servidor denunciado Víctor Morales Zapata aprovechándose de su condición de diputado de la República realizó una serie de acciones dirigidas a solucionar una problemática particular que el empresario Juan Carlos Bolaños enfrentaba para ingresar en aduanas un cargamento de veinte mil toneladas de cemento en el mes de julio del 2016, la cual era consecuencia de un accionar negligente de la propia empresa y no adoptar medidas oportunas que le aseguran el cumplimiento en tiempo de la reglamentación técnica vigente desde varios meses atrás”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Martes 12 Febrero, 2019
HORA: 12:00 AM
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