En horas de la tarde comenzó a circular un documento supuestamente elaborado por la empresa Telefónica (dueña de la marca Movistar), donde se cuestiona la reciente actuación del Ministerio de Hacienda.
Lo anterior en lo relativo al allanamiento ocurrido esta semana por presunta defraudación fiscal.
El texto del que este medio tiene copia habla de “un malestar y profundo estupor frente a las diligencias llevadas a cabo en su sede oficial en Costa Rica”.
“No podemos comprender cómo, ante una posible divergencia de criterios sobre la aplicación de la normativa, entre nuestra compañía y la Hacienda Pública, conocedor el gobierno de la relevancia y relación de largo plazo que tenemos entre las partes, se haya decidido actuar de esta forma”, indica el documento.
Añade que “el actuar de las autoridades, acompañado del despliegue mediático antes mencionado, y de una posterior rueda de prensa constituye, en opinión de nuestros asesores externos, un comportamiento atípico y desmesurado; y que, generan en la opinión pública un juzgamiento prematuro de nuestro actuar, violentando el principio básico de presunción de inocencia”.
Asegura el supuesto comunicado que la “valoración de los activos transferidos, así como de la legalidad de los movimientos fueron revisados por un experto independiente y avalada por la opinión legal y fiscal de cuatro despachos de reconocido prestigio, especializados en la materia: KPMG Costa Rica; Bufete Batalla Salto Luna; Bufete Facio & Cañas; y el despacho Zurcher Odio & Raven”.
DIARIO EXTRA intentó conocer por parte de la empresa de telefonía si respaldan lo dicho en este documento, pero solo se limitaron a consultar, mediante sus encargados de comunicación, cuál era la fuente, sin indicar si respondía a una posición oficial o desacreditar todo lo dicho.
También se le consultó a la embajadora de Costa Rica en España, Ana Helena Chacón, si es verdad que recibió de la empresa una nota donde externa su malestar por la situación, pero la diplomática no dio respuesta más allá de un saludo. Este medio también quedó pendiente de una respuesta de Cancillería.
Según el documento, las actuaciones en cuestión versan sobre la decisión adoptada en 2016 por parte de Telefónica Costa Rica de crear de forma absolutamente transparente en el propio territorio tico una filial participada al 100% con el objeto de transferir los activos vinculados a su red de telecomunicaciones y que, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, tuvo implicaciones sobre los montos por pagar por concepto de impuesto de renta.
“La creación de la filial en cuestión respondía, al mejor saber y entender de Telefónica, no solo a una evidente accionalidad económica, por lo demás contrastada por varios dictámenes legales y tributarios, sino también a un modelo de negocio, práctica común en el sector de las telecomunicaciones”, añade el texto.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 12 Enero, 2019
HORA: 12:00 AM
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