San José, (EFE).- Costa Rica alertó hoy sobre el "recrudecimiento" del "acoso y la represión" en Nicaragua, y abogó por el respeto y el diálogo para lograr un retorno a la normalidad y la paz en ese país, cuya "inestabilidad" afecta "a todos" en la región.
"Costa Rica no puede permanecer en silencio ante el recrudecimiento del acoso, la represión y la persecución hacia personas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, de periodistas y medios de comunicación", dijo la Cancillería costarricense en un comunicado.
En las últimas horas la fuerzas de seguridad nicaragüenses ha allanado y ocupado organizaciones no gubernamentales y medios críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, unas acciones tildadas de ilegales por los afectados y muy criticas por organismo humanitarios internacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense indicó que "la inestabilidad en un país de la región, es algo que nos afecta a todos y por ello, abogamos porque prevalezca un clima de respeto a las libertades y de plena vigencia de los derechos humanos" en la vecina Nicaragua.
Costa Rica ha sido el destino de miles de nicaragüenses que han salida de su país debido a la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado y que en el marco de protestas antigubernamentales ha dejado centenares de muertos y de detenidos acusados de "terrorismo" por las autoridades.
El Gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, se solidarizó este sábado con las personas y organizaciones que sufren acoso, y abogó para que la próxima visita de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas contribuya a "contener la presente ola de represión".
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Sábado 15 Diciembre, 2018
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