La fiscalía y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón allanaron varios departamentos de la Municipalidad, la vivienda del alcalde y la de un ingeniero, donde decomisaron documentación para incorporar en dos investigaciones relacionadas con obras contratadas por el gobierno local.
Se trata de casos abiertos en el 2018. El primero corresponde al expediente 18-001394-472-PE, en el que se investiga el contrato a una empresa para reconstruir una parte del Mercado de Limón.
Según ha determinado la investigación, se hicieron las obras nuevas, pero por dentro no hay divisiones, y no se efectuó la reconstrucción, pese a que se pagó la obra al contratista (aproximadamente ¢2.600 millones) y se canceló la garantía de la misma.
Esa sería una de las razones por las que la Contraloría General de la República (CGR) suspendió al alcalde Néstor Mattis Williams, del 3 de setiembre al 12 de octubre del 2018, sin goce de salario. De acuerdo con un documento emitido por la CGR, se advierte que el incumplimiento de esta orden le podría generar responsabilidad penal al configurarse el delito de desobediencia, el cual se encuentra sancionado con pena privativa de libertad que va desde los 6 meses hasta los 3 años, así como responsabilidades civil y administrativa.
El otro caso investigado es el 18-000806-472-PE, que tiene que ver con una licitación pública que adjudicó la Municipalidad para construir las aceras del centro de Limón.
La obra tiene un avance del 25%, sin embargo, el pago se giró a la empresa y se canceló la garantía, como si la construcción se hubiera recibido en su totalidad.
DANZA DE MILLONES
El monto adjudicado de esa obra fue de ¢410 millones, pero el mismo fue ampliado en ¢120 millones más, tras un adendum al contrato para que las aceras se hicieran con adoquines y no con cemento.
Posteriormente, se determinó que el gobierno local puso en marcha el cobro de un impuesto a la población del cantón central, por rubro de construcción de aceras.
El documento DJ-1082-2018, del que DIARIO EXTRA tiene copia, señala: “…se confirma la responsabilidad administrativa y civil de Mattis, que actuó al margen del ordenamiento jurídico de forma negligente e imprudente.
No se puede aceptar un manejo de una contratación en la forma en que se hizo, se pudieron comprobar cuatro distintas irregularidades, una modificación contra actual del plazo del contrato improcedente; un compromiso sin tener contenido presupuestario; un presunto reajuste de precios contrario a la normativa de contratación administrativa y otra modificación contra actual tanto del plazo como del monto del contrato que tampoco se ajustaba al ordenamiento jurídico”.
La prueba de tipo informática que se encontró será respaldada en los sitios, por parte de peritos del OIJ. Cualquier otro tipo de evidencia que se recabe será decomisada.
PERIODISTA:
CRÉDITOS: Fotos: Marvin Carvajal
EMAIL:
Miércoles 12 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA