Las autoridades nacionales tuvieron que correr la mañana del jueves para atender cinco amenazas simultáneas de bomba en distintos puntos del territorio nacional, el reporte ingresó mediante la línea de emergencia 9-1-1.
La llamada alertaba de artefactos explosivos colocados en el servicio de Neonatología del Hospital México, la parada de buses de Caribeños, un centro educativo en Moravia, otro en Liberia y un quinto punto aún sin identificar.
De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), tras la advertencia se activaron todos los protocolos establecidos, por lo que gran cantidad de oficiales fueron despachados para dar cobertura al evento.
Sin embargo, lejos de una emergencia, todo fue una broma de muy mal gusto que les jugaron a los oficiales de la Fuerza Pública, los cuales corrieron hasta con perros de la unidad K-9 para realizar las inspecciones de rigor.
Carlos Hidalgo, del departamento de prensa de dicha institución, explicó que al final del día todo fue una falsa alarma y que la llamada se hizo desde Barranca de Puntarenas.
“Coordinamos con el protocolo institucional, se hizo la revisión en los puntos, pero esta se descartó, todo se mantiene sin ningún perjuicio a ningún ciudadano ni institución”, manifestó.
“Una vez que ingresa la alerta se contacta de inmediato a todos los lugares que podían verse afectados, los cuales hicieron las búsquedas pertinentes para descartar el hecho”, sostuvo.
BROMITA SALE CARA
El hecho se suma a una larga lista de falsas alarmas que le cuestan dinero al Estado debido a la gran cantidad de equipo y oficiales que se deben movilizar para asegurarse que todo está bien.
Según Hidalgo, por el momento es imposible calcular el costo de la operación, pues debe tomarse en cuenta las horas que se le paga a cada oficial, más el combustible, el traslado, la utilización de los perros y su traslado.
Además, por un incidente de esta clase, los oficiales deben desproteger algunas zonas en las que están prestando servicio y desatender la seguridad de la ciudadanía por una simple broma.
No obstante, desde el MSP fueron claros en que, si se logra descubrir a la persona responsable, esta puede enfrentar una importante multa económica, cuya cantidad asciende a millones de colones.
“Cuando se detecta a las personas que realizan ese tipo de llamadas, se les cobra una multa que consiste en la inversión que hace la institución, hemos visto multas de hasta ¢15 millones”, insistió.
Los representantes de la ley ahora analizan los hechos e investigarán lo sucedido para tratar de dar con el responsable y que este rinda cuentas ante las autoridades correspondientes.
