No se trata de avanzar en tecnología al costo que sea
Editorial
En nuestro país, diversas instituciones ayudan a las personas que más lo necesitan, ya sea con dinero para estudiar, en algunos otros casos para vivir, y sobre otros rubros de la vida cotidiana que los beneficiados no podrían costearse sin estas platas.
La mayoría de los que acceden a dichas ayudas son hombres y mujeres de escasos recursos, en algunos casos con baja escolaridad y, aunque se trate de una minoría, entre ellos hay quienes no saben ni leer ni escribir, por lo que usar un cajero automático se encuentra lejos de sus posibilidades.
Abordamos este tema precisamente porque, en días pasados, DIARIO EXTRA dio a conocer que una iniciativa del Gobierno, la Directriz 016-P, establece que en un plazo de seis meses se deberá realizar el cambio a las instituciones con pago electrónico, por lo que se instruye al Banco Nacional y el de Costa Rica a la colaboración con este proceso.
Esto hace que los beneficiarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no entreguen sus ayudas con dinero en efectivo, lo cual ya causó molestia entre la población costarricense.
Si bien los cambios en la era moderna resultan indispensables para adaptarse a la actualidad tecnológica, los obstáculos y desconocimientos que estos podrían acarrear si se hacen de un solo golpe implicarían consecuencias graves para la población más vulnerable a esas variaciones.
La iniciativa no suena nada mal, si vemos con detenimiento que los tiempos en la tecnología se reducen constantemente y es necesaria la implementación de dichos cambios para no rezagarnos en el ámbito tecnológico.
Sin embargo, antes debieron pensar en los ciudadanos que no cuentan con alguna tarjeta de débito o una herramienta a la cual se le pueda depositar el subsidio o la ayuda estatal que se está brindando, lo cual hace que el trámite se haga engorroso, difícil y tedioso.
¿Será que muchos en el Gobierno no se han puesto a pensar que en lugar de solucionar un problema posiblemente este vaya a agravarse?, pues dichas personas no tienen una tarjeta por múltiples motivos, entre los cuales destacan que no les interesa o incluso no saben cómo usarla.
Ante este escenario, se exponen a que el cajero les trague la tarjeta, que la dejen adentro de este dispositivo y algún “vivillo” les saque el dinero que quedó en ella o que los aprovechados se las ingenien para clonarlas o duplicarlas y dejar a los beneficiarios de estas ayudas viendo para el ciprés.
Muchos de los que ocupan esas ayudas son adultos mayores o personas en extrema situación de pobreza que requieren de una asesoría para recibir su dinero en efectivo. Con esto, el esfuerzo será mayor y, sobre todo, cuando uno tiene que ir a los bancos a rendir cuentas sobre su situación con el fin de saber si su solicitud es aprobada o no, el trámite se convierte en una pesadilla.
Otro punto a destacar es que no toda la población tiene acceso a internet, por lo que realizar la consulta vía electrónica podría complicarse y habría problemas para ejecutar transacciones bancarias por medio de este canal de comunicación.
Para la Gran Área Metropolitana (GAM), esta situación no se torna tan compleja, pero en las zonas rurales encontramos problemas de adaptación, pues muchos ni siquiera saben usar un cajero y lo reconocen.
Además, cabe ser conscientes de que acá en el Valle Central hay cajeros casi que en cada esquina por lo que sacar dinero no es un problema, sin embargo, en las zonas rurales estos dispositivos no son tan comunes, muchas veces solo están en los cantones más populosos, y entonces a los pobladores de otros sitios les corresponderá desplazarse grandes distancias para hacer la transacción, así que, como dirían los abuelos, “se va lo comido por lo servido”.
Se entiende que todas esas variantes se dan para bien, pero estas no deben ejecutarse de un solo golpe porque podrían implicar riesgos para las poblaciones de la clase más humilde. En lugar de estar aprobando directrices antojadizas, deberían capacitar a las poblaciones de las zonas rurales para que sepan usar un cajero o cómo dar apertura a una cuenta bancaria y así sí, una vez que estén seguros, podrían efectuar los cambios necesarios.
Las autoridades deberían implementar convenios con los bancos o con las cooperativas para que haya alguna posibilidad de darles las facilidades a quienes enfrentan dificultades. La toma de decisiones implica análisis, y en este caso, parece que eso no se dio.
