¿La vida o la justicia?
Editorial
Preservar la vida es la opción más lógica que cualquier ser humano podría escoger si le ponen dos escenarios entre las cuales exista un peligro inminente de muerte, y con mucha más razón cuando el crimen organizado está detrás señalando con un frío cañón y el dedo en el gatillo.
Por naturaleza, cualquier ser lucha por mantenerse con vida ante cualquier situación que se enfrente en su existencia, sin embargo, en ocasiones sus decisiones podrían llevarlo a un desenlace fatal.
Pero por qué tanta filosofía sobre la vida y la muerte en un mundo tan acelerado, lleno de violencia y situaciones terroríficas que imaginamos solo leeríamos en historias de terror en o películas de misma índole, pues porque ahora pareciera que una de las formas de llegar más rápido a una tumba es acudir a un tribunal para colaborar con una investigación.
¿Qué tan seguro puede estar un ciudadano al denunciar un delito o formando parte de un proceso judicial como testigo para cualquiera de las partes que intervienen?, pues para muchos es garantía de muerte y en algunos casos así ha quedado demostrado.
Nuestra obligación como costarricenses o habitantes de esta patria es ser garantes y vigilantes del cumplimiento a cabalidad de las leyes que nos rigen, pero cumplir a cabalidad nuestras responsabilidades civiles puede significar un riesgo.
Recientemente ocurrió en Limón que un oficial de seguridad del Hospital Tony Facio, mientras descansaba en su casa, fue aniquilado brutalmente frente a su esposa, la cual no tuvo más opción que presenciar cómo le quitaban la vida a su pareja.
José Eduardo, en apariencia había sido citado para rendir declaración en un juicio como testigo. Pese a que las autoridades policiales no quisieron revelar detalles ni confirmarlo, fue la propia familia del guarda la que reveló el temor que tenía el hoy fallecido de enfrentar el caso.
Por lo menos en lo que va del año es el primer hecho de esta índole registrado oficialmente, no obstante existen otros que en años recientes fueron merecedores de titulares de primera plana de este periódico, puesto que se vieron involucradas personas en espera de juicio.
Solo por mencionar uno en donde dichosamente no hubo muerte, se puede recordar lo ocurrido en Desamparados hace una semana, donde un testigo de juicio fue torturado y retenido; dichosamente en este caso el OIJ dio con los agresores y rescató a la víctima.
Sin embargo, en un país tan pequeño el simple hecho de cambiar de domicilio o de trabajo no es respaldo para quienes se terminan metiendo en estrados judiciales, pues el crimen organizado tiene mucha maquinaria para llegar a cualquier rincón del país y dar cuenta de quien intente perjudicar a sus secuaces que tiñen de sangre nuestras barriadas.
Y no es que se pretenda que en Costa Rica se implemente un sistema similar al de la DEA (Administración para Control de Drogas Estados Unidos), donde se teje toda una estrategia de protección a personas en riesgo por colaborar con la justicia, aunque sería lo idóneo, pero sí deberían garantizarse aspectos básicos a quienes quieran aportar en un proceso en tribunales para que lo hagan con calma.
Exigir esto casi parece descabellado sabiendo que el presupuesto destinado a esta oficina alcanza para lo básico, donde el personal es escaso para la cantidad de incidentes que deben atender y las condiciones con que cuentan apenas dan para dar cobertura a casos que ocurren en el Valle Central.
La situación fiscal del país evidentemente no da para inflar presupuestos, pero una institución tan grande como el Poder Judicial debería organizar mejor algunas de sus cuentas y darle el valor necesario a una oficina que respalda personas honestas que buscan colaborar con la justicia en el país.
No puede permitirse que personas anuentes a respaldar procesos judiciales trascendentales con los que se puede erradicar grupos de narcotraficantes, grandes estafadores o el simple vendedor de piedra en el barrio, deban arrinconarse en sus casas por temor a perder su vida, y menos permisible resulta aún, cuando por el contrario lo ideal es que aporten todo lo que sepan a un debate cuyo mayor beneficiado es la propia sociedad costarricense.
Incentivar la colaboración con el sistema de justicia es un asunto de todos y con esto no hay ninguna intención de desacelerar los buenos números con que cuenta la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que lucha por hacer su trabajo de la mejor manera con los recursos que disponen.
Según datos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica, las personas que acuden a esta dependencia de la Fiscalía en los últimos años presentaron una tendencia al alza.
En sus inicios, tan solo 300 personas llegaban a esta oficina del Poder Judicial para solicitar ayuda y en cuestión de 10 años esa cifra llegó hasta las casi 2.000 que confiaron en el sistema.
En fin, la oficina no puede hacer su trabajo sin los testigos o víctimas que den de su parte, pero para eso se les debe cubrir lo necesario y lo necesario se adquiere con mejores condiciones y más personal.
