Managua. (EFE).- Al menos 351 nicaragüenses han muerto y 261 más están desaparecidos en la represión desatada por el Gobierno contra las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril, informó la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Del total de fallecidos, 306 eran civiles, 28 formaban parte de grupos paramilitares que defienden al gobierno de Daniel Ortega, 16 eran policías y uno era miembro del ejército, según detalló en una rueda de prensa el secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva, que leyó un informe preliminar de la organización.
Además, 2.100 personas han resultado heridas entre graves y leves y no tuvieron acceso a la atención médica oportuna del sistema de salud pública, de los cuales 51 han sufrido lesiones graves con daño permanente.
El informe tiene como corte la medianoche del martes, mientras que el anterior reporte de la ANPDH, que analizaba hasta el 2 de julio, recogía una cifra de 309 muertos desde el 18 de abril.
Eso implica que, entre el 2 y el 10 de julio, 42 personas han perecido en la represión de las protestas que comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Aseguró que "el ejercicio de la función policial no se está haciendo de forma lícita por cuanto" los agentes no son identificables al llevar sus rostros ocultos "en el ejercicio de su función policial ante la ciudadanía", lo que considera que "promueve actos ilícitos e impunes fuera del marco de la ley".
Leiva también denunció que se han producido "operaciones fuera del marco de la ley de grupos armados paramilitares y de choques ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de moradas y daño a la propiedad privada y pública motivados por un fanatismo partidario".
FOSAS
Pero eso no es todo, además denunciaron que la existencia de al menos dos fosas comunes en el departamento de Carazo (costa pacífica) en las que simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega han ocultado cadáveres de ciudadanos asesinados durante las protestas contra el mandatario.
La asociación detalló que han tenido conocimiento de esas dos fosas gracias a "la denuncia de la ciudadanía de Carazo", ubicado en la zona central del Pacífico nicaragüense.
Posteriormente y al ser preguntado sobre el caso, Leiva especificó que las dos fosas se encuentran junto a los estadios de Jinotepe, cabecera departamental, y de Diriamba, donde se ha producido una fuerte represión desde el pasado domingo contra los manifestantes opositores. Según detalló el secretario de la ANPDH, esas dos ciudades "estuvieron fuertemente bajo ataque" y en este momento están en un "proceso de investigación y monitoreo" en el que tienen "grandes limitaciones".
CiDH RATIFICA 264
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la intensidad de la represión contra los manifestantes por parte de las autoridades de Nicaragua y confirmó que 264 personas han fallecido desde el inicio de las protestas en abril, algo que el Gobierno rechazó.
En su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, criticó "la profundización de las formas de represión contra los manifestantes" por parte de las autoridades locales, una conclusión que el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega desacreditó.
Ante estas incriminaciones, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, acusó a la CIDH de no ser objetiva en la elaboración del análisis, minutos después de la presentación de Abrao durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
"Es un informe apresurado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, imparcialidad y de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad de lo que realmente ocurre en Nicaragua", sostuvo Moncada.
No ha sido la primera vez que el gobierno de Ortega ha desprestigiado la labor de la Comisión en Nicaragua, donde la CIDH está presente de manera permanente a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que llegó al país centroamericano en la última semana de junio.
COSTA RICA ANTE OEA
Este miércoles Costa Rica expresó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su consternación por la escalada de violencia y represión, que ocurre en la hermana república de Nicaragua.
“A la fecha, se reportan más de dos centenares de víctimas mortales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la erosión sistemática de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, así como la represión selectiva e intimidación contra manifestantes y sus familias; contra estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica, entre otros. Cada uno de estos actos es inadmisible”, pronunció la ministra consejera Linyi Baidal.
Una vez más, Costa Rica urge al Gobierno de Nicaragua a cumplir con todas las recomendaciones emanadas de la CIDH, especialmente las referidas al cese inmediato de la represión a los manifestantes y las detenciones arbitrarias de quienes participan en las protestas, así como el llamado a respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Jueves 12 Julio, 2018
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