Hoy se podría conocer una posible sanción contra cuatro magistrados miembros de la Sala de Casación Penal (Sala III) tras la investigación disciplinaria que la Corte Plena inició luego que estos avalaron una desestimación penal contra los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata.
Los magistrados Carlos Chinchilla (hoy presidente de la Corte) Doris Arias, Jesús Ramírez y la suplente María Elena Gómez, firmaron la desestimación por el supuesto delito de tráfico de influencias a favor del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños, luego de la recomendación que hizo en ese momento la fiscala general subrogante Berenice Smith.
La polémica vino después cuando el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza, alertó que en dicho expediente se incluía un informe de rastreo de llamadas entre los legisladores y el empresario que no fue tomado en consideración.
Precisamente, este lunes en una decisión dividida y luego de 13 votaciones, la Corte Plena sancionó con dos meses sin salario a Smith.
Esta decisión hace temer que la medida a aplicar a los magistrados de la Sala III sea incluso menor.
Al menos así lo sospechan la exdiputada Sandra Piszk, el exmagistrado José Manuel Arroyo y Álvaro Rodríguez, de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (Anic).
La verdiblanca Piszk recordó que la recomendación que hizo la comisión especial que vio el caso del cementazo en relación con la actuación tanto de la fiscala Smith, como del entonces fiscal general Jorge Chavarría, fue la destitución de ambos y la inhabilitación para cargos públicos por 10 años.
“Yo voté esa recomendación y por supuesto respeto lo que la Corte ha decidido, sin embargo, no deja de ser preocupante en el tanto se ignoraron documentos que el OIJ había enviado y me parece que lo que procedía era respetar esa recomendación”, señaló.
Sobre la Sala III, Piszk recordó que el Poder Judicial es la base de la democracia, pero que en el análisis que hicieron con el actuar de los magistrados es que hubo un claro incumplimiento de sus funciones.
“También los magistrados de la Sala III, incumplieron el rigor de sus funciones al haber ignorado documentación que el OIJ había proporcionado y eso se señaló en el informe y sigo apegada a esa recomendación”, agregó.
En ese informe hubo dos votos salvados de los diputados Ottón Solís y Patricia Mora, que abogaron por la destitución de los magistrados.
PREMONICIÓN
Para el presidente de Anic, organización sindical que interpuso una demanda penal contra estos magistrados por el supuesto delito de prevaricato (dictar una resolución arbitraria sabiendo que es contraria a la ley), sería lamentable que la sanción a Smith sea una premonición de lo que podría pasar hoy.
“No quisiera pensar que ellos digan ‘porque usted me embarcó’ yo me tengo que salvar, espero que las 13 votaciones que se tuvieron ayer fue porque no sabían cómo salirse del asunto, y no como exculparse de la responsabilidad, porque creo que fue claro que hubo algo que se dejó de hacer en este caso”, apuntó.
El exmagistrado Arroyo cree que aplicar una sanción similar a la aplicada a Smith sería un error
“Creo que la falta de la fiscalía está adecuadamente sancionada. Pero no lo sería para los jueces que no sólo ignoraron el informe del OIJ, sino que en un primer momento alegaron que no se le había adjuntado al expediente”, comentó.
DESPIDO
En su momento los legisladores Solís y Mora públicamente solicitaron el despido de los magistrados.
“La actuación de la Sala III es corrupta, teniendo prueba al frente afirmar que no existe, que sí hubo contactos telefónicos entre Juan Carlos Bolaños y dos diputados, insisten que no. Es el acto de más suprema corrupción que uno se pueda imaginar, cuando la justicia aplicable a personas depende del poder que tengan y de no ser por don Walter Espinoza que revela esa información, nos parece muy grave y lo que procede es el despido y yo espero que los magistrados decentes del Poder Judicial procesan a despedirlos”, comentó a Solís a DIARIO EXTRA en diciembre del año pasado.
La sesión de la Corte Plena será privada, es decir no se permite el ingreso de la prensa, pero, además, la oficina de prensa tampoco da detalles de lo que ahí ocurre, según lo establece así la Ley Orgánica del Poder Judicial.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Miércoles 11 Julio, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA