Los representantes de la empresa constructora Sánchez-Carvajal abogaron este jueves en la comisión especial legislativa de créditos bancarios por una intermediación de Casa Presidencial entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Nacional (BN), para evitar una nueva demanda por el caso del proyecto hidroeléctrico Capulín-San Pablo que se le entregó a la empresa Hidrotárcoles.
Así lo manifestaron ante los diputados tanto Jonathan Picado, representante legal de la empresa constructora como Fernando Sánchez Sirias, también personero de la compañía.
En 2006, el ICE sacó una licitación pública porque requería generar 150 megawatts de energía y solicitó tres bloques, de 50 MW cada uno.
En 2008, se le entregó al Consorcio Hidrotárcoles y en 2012 se firma el contrato de compra de energía y lo refrenda la Contraloría. La planta debía estar lista para agosto de 2014.
Sánchez-Carvajal se encarga de construir la planta, por la que el BN ya prestó $103 millones y la empresa invirtió cerca de $30 millones.
Picado mencionó que él ha “suplicado” a Casa Presidencial que intervenga en el conflicto, luego de que la junta directiva del ICE dijo que no continuará con la iniciativa y se niega a pagar el préstamo al banco.
“Es frustrante que, existiendo múltiples formas de negociación, estemos entrabados en pleitos cuando esa no debería ser la forma. Creo que se está tratando de evitar ese involucramiento de Casa Presidencial, esa es nuestra súplica para que haya una resolución entre el ICE y el Banco”, aseveró Picado. La diputada liberacionista Sandra Piszk lamentó que, en una nota del asesor jurídico de Presidencia, Marvin Carvajal, se menciona que ellos le dan la razón al ICE, pero no explican el motivo.
“Si no es Casa Presidencial quien interviene, la pregunta es quién, ante un conflicto que les puede costar millones a los costarricenses”, subrayó.
Ante esto, Picado reiteró que el negocio de Hidrotárcoles no consiste en pelear, sino en terminar la planta hidroeléctrica.
AVANCE
Según Sánchez, actualmente la obra cuenta con un 50% de avance y genera más de 700 empleos directos.
Pero también expuso que entre los argumentos del ICE para no querer la obra nunca puede estar el costo de la tarifa ni tampoco el plazo de la culminación de los trabajos.
“De los tres proyectos que el ICE tiene hoy en su expansión, Hidrotárcoles es el más barato de todos”, aseguró Sánchez.
Según Picado, este es uno de los proyectos más avanzados y no existen razones para que el ICE no quiera continuar con el contrato.
Asimismo, negaron que para terminar la represa se requieran $250 millones, como argumenta el ICE, sino que más bien ese sería el valor final del proyecto.
ASESORÍA
El diputado socialcristiano Rafael Ortiz consultó por qué la empresa constructora al parecer dejó de ser accionista del proyecto, pero aun así continuó con los trabajos.
Los representantes explicaron que familiares de Sánchez tienen acciones minoritarias.
Pero igualmente salió a relucir el nombre del asesor político Iván Barrantes, otrora asesor de campaña del hoy presidente Solís, quien, según reconocieron los representantes, hizo un trabajo para la empresa por un costo de $60 mil.
La relación no continúo porque el enfoque de Barrantes a Sánchez-Carvajal se orientó al sector privado y no al ámbito de las empresas públicas, entre las cuales se mueve la compañía.
DEMANDA
Sobre la demanda que Hidrotárcoles pondría al ICE por $300 millones, tal y como lo informó DIARIO EXTRA este jueves, Picado señaló que estima mesurada la cifra, y por eso volvió a abogar para que en este conflicto intervenga Casa Presidencial entre las dos entidades estatales.
Agregó que a su criterio el ICE podría tener razones ideológicas para no querer que la empresa privada se involucre en proyectos de generación eléctrica y que existan “presiones políticas” de algunas personas que quieran quedarse con el proyecto.
Sin embargo, Picado no mencionó nombres específicos.Cabe recordar que el Ministerio Público tiene abierta una investigación de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (expediente No.17-000086-1218-PE) por el supuesto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, que pretende saber por qué el ente bancario financió el proyecto.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 09 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
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